El Ejército en nuestra lucha


Conjuntamente con la Universidad, el Ejército es la institución pública que guarda mayor aprecio en la sociedad. La Revolución dio sentido y contenido social a las fuerzas armadas; al amparo del gobierno presidido por generales se crearon muchas de las instituciones de hoy día; las fuerzas armadas no sólo transformaron al país, propiciaron que la política prevaleciera sobre las armas cuando los totalitarismos eran comunes en el mundo; además, abrieron la puerta grande al gobierno de civiles. No es poco lo que muchas generaciones de mexicanos debemos a los soldados mexicanos.

Las fuerzas armadas han sido leales al Presidente, pero también a las instituciones y a ese sentido de civilidad propio de las sociedades avanzadas. En una de las crisis más recientes –el inicio de la acción penal contra el Jefe de Gobierno del DF- sin mella de su sentido de lealtad, el general Secretario aportó la sensibilidad que careció en buena parte del gabinete y de los consejeros del Presidente Fox sobre el conflicto. En realidad hay que reconocer a los soldados mexicanos mucho más que lo que el ritual acredita.

La incapacidad de los gobiernos civiles para enfrentar al crimen organizado ha llevado a los militares a la indeseable función de policías. Ocurre de dos formas: primero, con el despliegue de tropas en apoyo a acciones preventivas y a operativos contra el crimen organizado; segundo, con la sustitución de mandos policiacos en el orden federal, local y municipal. Esto expone al ejército por la capacidad de fuego del enemigo y por la penetración que éste ha alcanzado en los mandos policiacos. También deben enfrentar la intimidación y el soborno del crimen organizado; nadie está a salvo, pero hoy por hoy, es justo reconocerlo, la institución militar es la que ha mostrado, por mucho, mayor eficacia e integridad en esta tarea fundamental para la seguridad nacional.

La lucha que emprende el Ejército es nuestra y de los mandos civiles; así ha ocurrido porque el comandante supremo de las fuerzas armadas, desde hace tiempo, lo ha decidido por consideraciones de Estado, como también ha ocurrido en ocasión de graves siniestros naturales. El hecho es que la presencia de las fuerzas armadas debe entenderse de manera complementaria y circunstancial. La labor de policías corresponde a las autoridades civiles.

El Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión han trabajado para establecer nuevas bases para la coordinación de las policías, toral en la acción para contener y disminuir al crimen organizado. La idea de una policía nacional riñe con la organización federalista y con la corresponsabilidad de los gobiernos subnacionales y municipales. Sin embargo, el problema no sólo es de coordinación, sino de homologación de condiciones laborales, capacitación y armamento.

Bien se sabe que en la cadena de mando, las policías municipales son las más vulnerables. Se dice que el empeño del crimen organizado para penetrar las estructuras de poder se centra en éstos órganos de seguridad, imprescindibles en la operación del narcomenudeo y en el blindaje primario a los grupos criminales, no sólo a través de la protección física de los delincuentes, sino de información. Esto ha significado que se profundice la desconfianza, malquerencia y hasta enfrentamientos entre las distintas policías, particularmente, las federales respecto a las estatales y municipales.

Los políticos y los mandos civiles –no los militares– son quienes deben resolver el problema de la inseguridad. La colaboración de los militares es cardinal, sobre todo en la salvaguarda de fronteras y en la vigilancia del espacio aéreo, de costas y litorales. Sin embargo, el tema del crimen organizado también requiere de una perspectiva más allá de la seguridad. El tema de salud pública es primordial. En nada nos debe complacer que, por una parte, en EU se haya incrementado el precio de la droga, presumiblemente por la eficacia de las acciones binacionales contra el narcotráfico, al tiempo que el mismo Secretario de Seguridad Pública informa que en el país ha aumentado de manera alarmante el consumo de drogas ilegales.

Otro aspecto a considerar se refiere a la penetración del narcotráfico en el tejido social. No se requieren encuestas o estudios técnicos de campo para concluir que el narcotráfico sólo es posible en tal magnitud por una forma de complicidad social. La crisis de instituciones fundamentales como es la familia, la escuela y la iglesia, han contribuido en ello. La verdad es que esta lucha se debe librar en muchos frentes y no sólo atañe a policías, soldados y autoridades. Cada cual, desde su propio espacio, debe participar.

Preocupa esta nueva forma de demagogia que hace suponer que el IFE o las dirigencias de los partidos tienen la capacidad para blindar campañas y candidatos respecto del crimen organizado. Desde luego que deben instrumentarse todas las acciones que impidan y sancionen el financiamiento ilegal, venga de donde venga; pero es iluso suponer que los organismos electorales o los partidos puedan cumplir con una tarea de tal seriedad. No son instituciones para tareas de esa gravedad, tampoco tienen atribuciones ni instrumentos para esos propósitos.

La inseguridad pública tiene muchas aristas: económicas, políticas, legales y sociales. El crimen de alto impacto o el llamado crimen organizado tienen como referencia a cualquier otra forma de criminalidad, una precaria cultura de legalidad. En muchos casos la ley no sólo es vista con desprecio, sino como opresión y sometimiento. Existe una realidad insoslayable que se refiere a la impunidad en sus más variadas expresiones y prácticamente en los más importantes ámbitos. El cinismo y el escepticismo se entreveran para crear una suerte de fatalismo que pesa enormemente contra la ley y la justicia.

En esta grave crisis nacional adquiere la mayor importancia el prestigio y ascendencia de las fuerzas armadas. Hoy más que nunca las autoridades políticas nacionales deben ocuparse en salvaguardar la autoridad y aprecio de que gozan las fuerzas armadas en la sociedad.

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