Rescatar al IFE


Liébano Sáenz

Uno de los logros más importantes del desarrollo político del país fue la creación de una autoridad electoral autónoma de los partidos y del gobierno. La reforma de 1996 le concedió una autonomía amplia del gobierno y relativa de los partidos; relativa ya que la designación de los integrantes de su órgano de gobierno superior, el Consejo General, se resolvió hacerla a través de las propuestas de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, con el voto calificado de los miembros presentes.

La independencia del IFE ha sido una de las premisas desde su creación; en un principio se optó por la figura de consejeros o magistrados “ciudadanos”, como un ostensible atributo de una autoridad en manos de los ciudadanos, entendidos como oposición a los políticos o gobernantes. La verdad es que toda persona que ostente autoridad, deja de ser ciudadano en el sentido que se le atribuye, también se puede decir que la calidad de político o funcionario no hace perder la condición de ciudadano en el sentido legal del término. En realidad de lo que se trataba era de una integración que acreditara libertad y autonomía del gobierno y de los partidos.

La reforma de 1996 clarificó el tema al consignar en la Constitución la calidad de servidor público por parte de los consejeros y, por lo mismo, estableció como criterio que los consejeros no tuvieran actividades remuneradas distintas del cargo, como contraprestación se determinó que los salarios fueran equivalentes a los de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunos consideran que la decisión fue un exceso, pero hay que entender el contexto en el que se dio el cambio institucional para juzgar las razones de quienes promovieron esta iniciativa; en este caso, lo que se buscaba era contar con un perfil profesional muy elevado de consejeros, asimismo, una inamovilidad durante el término de desempeño. En otras palabras, los legisladores de hace doce años pretendieron incorporar al valor de la autonomía o independencia, el de la competencia o calidad del Consejo General.

Es opinable si quienes han sido consejeros realmente corresponden a las expectativas planteadas en la reforma de 1996. Por una parte, muchos de sus integrantes han pasado al gobierno, a los partidos políticos o han sido postulados como candidatos; por la otra, no se advierte que quien haya dejado de ser Consejero, tenga ingresos equiparables cuando se dedica a actividades fuera del gobierno. Soy de la opinión que el Consejo General del IFE ha cumplido con sus responsabilidades; no es un aval a todo y a todos, pero en amplia perspectiva, sobre todo en los momentos más críticos, los Consejeros Electorales han cumplido con un sentido de calidad y lealtad institucional.

Por tal razón debe preocupar lo que ahora ocurre con el actual Consejo. La reforma electoral de 2007 correspondió a un propósito oculto de debilitar al IFE respecto a los partidos representados en el Congreso. Las reglas cambiaron; ahora el IFE y el Tribunal no deben intervenir en “los asuntos internos” de los partidos, mientras que los legisladores pudieron remover anticipadamente al anterior Consejo, crearon la figura del Contralor y resolvieron que el Presidente del Consejo pudiera ser reelecto a través del voto mayoritario de los diputados lo que propicia una forma de sometimiento. Además, la integración del nuevo Consejo General excluyó opciones que aseguraban independencia y calidad, lo que convalida la idea de que los legisladores sí optaron por un IFE débil.

Los efectos perniciosos de la reforma electoral de 2007 están a la vista de todos. La democracia interna en los partidos ha sufrido un retroceso; ha habido una merma significativa y desproporcionada en la libertad de expresión, incluso, ahora ya lo saben, para los mismos partidos, los que no pueden acceder a la radio y tv si no es mediante un procedimiento rígido, alejado de todo sentido de oportunidad; el debate político se ha degradado a través del espotismo; el IFE ocupa buena parte de su tiempo y energía en administrar y supervisar la publicidad de radio y tv; se ha generado una inercia centralista en los partidos y en la organización de los comicios; se ha constitucionalizado la inequidad al determinar que lo que acontece en las elecciones intermedias –las menos concurridas- se vuelva determinante para el acceso a la la radio y tv en la elección presidencial.

Los problemas no concluyen. Los señores consejeros acusan de ambigüedad y vacilación en sus decisiones y esto ha ratificado la impresión, aunque no sea el caso, de una autoridad frágil y sometida ante la embestida de los partidos. Así sea para sancionar a los medios de comunicación o para determinar las remuneraciones, se advierte desapego a la ley, imprudencia y criterios de decisión influenciados por el ambiente de opinión.

En el último caso, la ira mediática, alentada por los mismos legisladores, no dio espacio para clarificar que la Constitución establece tal criterio. Los mismos legisladores que aprobaron la reforma electoral de 2007 pudieron haber hecho un ajuste a este aspecto, pues ahora opinan que no se justificaban emolumentos de los consejeros electorales en tales proporciones. Por la omisión en la que en su momento incurrieron, diputados y senadores, por elemental congruencia, hoy, al abordar este tema deberían hacerlo con mesura, sobre todo, por el daño que se le hace a la institución, más que a las personas.

El tema del desproporcionado gasto electoral debe estar en el centro del debate sobre una deseable reforma electoral futura; también deben permanecer como valores indeclinables de la autoridad electoral el de la autonomía y confiabilidad, a través de un Consejo con elevado perfil profesional. Preocupa el desentendimiento compartido que al respecto manifiestan autoridades, legisladores y partidos, como si fuera su propósito un IFE desgastado y desprestigiado. Tal como sucede en muchos menesteres, llama la atención que los responsables primarios del estado de cosas, sean los más vehementes en los señalamientos y las excedidas acusaciones a los integrantes del Consejo General del IFE.

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