Buenos ciudadanos y buenos gobiernos


Liébano Sáenz

El jueves pasado, al inaugurar la Semana Nacional de Evaluación Educativa, el Presiente Calderón señaló que si algo necesita el país son buenos ciudadanos, que participen, que opinen, que no se dejen engañar, que sepan exigir, que demanden cuentas claras, que exijan responsabilidad y compromiso. También dijo que se requiere de buenos gobiernos pero que “no hay buenos gobiernos si no hay buenos ciudadanos”.

Lo dicho por el Presidente ante estudiantes de primaria, el titular de la SEP y la dirigencia del SENTE, tiene la mayor relevancia. La afirmación es categóricamente cierta, acaso insuficiente. Efectivamente, buenos gobiernos suponen buenos ciudadanos, entendidos estos no en su definición legal, sino como una construcción social que va más allá de los derechos y obligaciones; la ciudadanía constituye el espacio del ejercicio de las libertades, la participación, el ejercicio de la crítica y de demanda y exigencia a los gobernantes. Sin embargo, se requiere algo más que buenos ciudadanos para lograr buenos gobiernos.

Se podría decir que la ciudadanía es el boleto de entrada para la democracia; pero, no hay democracia efectiva sin un sistema eficaz de representación. Los partidos políticos y el poder legislativo son fundamentales; también los medios de comunicación. Las libertades individuales adquieren otra dimensión cuando se vuelven proyecto común a través de las organizaciones políticas; cuando se transforman en normas generales mediante el acto legislativo; o, cuando cobran vida a través de un medio de comunicación.

En América Latina existe un déficit respecto a la condición de buenos gobiernos; acaso éstos o quienes los conducen tengan buenos niveles de aceptación o acuerdo de desempeño, pero eso por sí solo, no los hace buenos gobiernos. La evaluación a un gobierno al momento de su ejercicio dice mucho, pero no todo; se requiere perspectiva temporal y espacial para una evaluación justa. Recurrir a la estadística comparativa puede dar un criterio más objetivo, como lo hace el PNUD a través de su reporte anual sobre el Desarrollo Humano, o los organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, o Transparencia Internacional.

El déficit aludido está en los datos duros, no en el discurso del gobernante ni en el del opositor. Nuestra situación no es para presumir y esta generación de políticos –en la que me incluyo-, como he señalado en ocasión anterior, no ha respondido con suficiencia en los doce años de nuestra normalidad democrática. No hay partido o régimen al cual culpar. A partir de 1997, cuando el PRD llegó al gobierno de la Ciudad de México y el PRI perdió mayoría en la Cámara, se aceleraron los procesos de desconcentración y distribución del poder público y político en términos regionales donde todos los partidos están representados en ejercicio de poder. Se puede decir que desde ese entonces, el estado de cosas resulta de una responsabilidad o irresponsabilidad compartida.

En una democracia representativa, si no existen partidos políticos que potencien y den cauce y expresión al ciudadano, difícilmente habrá buenos gobiernos, aunque haya buenos ciudadanos. La reforma electoral reciente –avalada por los principales partidos políticos– significó un serio retroceso en varios sentidos: respecto a las libertades individuales de expresión y de asociación, la calidad del debate político para dar lugar a un voto informado y, muy especialmente, en la vida democrática interna de los partidos y el derecho a ser votado.

Los políticos de hoy día decidieron cerrar la política a los ciudadanos, a la representatividad y a la promoción de la legalidad y democracia en los partidos. El IFE ha sido severamente disminuido en su prestigio y fortaleza y así, se le obstaculizó para promover el desarrollo democrático hacia dentro de los partidos y para organizar las elecciones. El problema no sólo tiene que ver con las candidaturas independientes, tema un tanto marginal en la democracia representativa en cualquier parte del mundo, sino con el deterioro de los derechos de los miembros de los partidos para ser postulados como candidatos. La estadística del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es inequívoca: hay un crecimiento geométrico de las demandas de los militantes de los partidos, resultado del autoritarismo generalizado de sus dirigencias.

La estadística sobre la confianza en las instituciones, como lo revela la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, dada a conocer recientemente por la Secretaría de Gobernación, reitera que los partidos políticos y los legisladores están en el piso de la confianza ciudadana. En otras palabras, las estructuras de mediación entre los ciudadanos y el poder público están descalificadas. No es un problema de imagen ni tampoco responsabilidad de los medios de comunicación, es la realidad que termina retratada en la opinión pública.

La distancia que hoy media entre el ciudadano, los partidos y sus representantes legislativos no tiene proporción y, esto, no sólo genera un problema de legitimidad o de representatividad, sino que hasta promueve impunidad en el desempeño. Lo señalado por el Presidente: rendición de cuentas, demanda de compromiso, reclamo de cumplimiento, crítica y rechazo al abuso, no es un tema que se resuelve en el ámbito individual o estrictamente ciudadano, sino que se expresa en lo colectivo; se procesa políticamente por el régimen de representación y por el sistema de pesos y contrapesos, que desafortunadamente funciona de manera ineficaz en la situación actual.

Dadas las circunstancias, es para llamar la atención, que los ciudadanos, aunque no concedan confianza a los partidos y a los representantes populares, tengan alto aprecio por la democracia. Esto plantea la necesidad de una gran reforma nacional cuyo eje no sean las disputas y los intereses personales de los actores de la política, sino el ciudadano. Un cambio que dé cauce a su potencial, abra oportunidades para todos y promueva el ejercicio efectivo de libertades y el cumplimiento de responsabilidades. Buenos ciudadanos y buenos gobiernos.

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