La salud nacional


Liébano Sáenz

El Secretario de Hacienda ha señalado que México ha pasado ya lo más crítico de las dificultades económicas; afirmación tan discutible como deseable. En lo que sí tiene toda la razón es en la necesidad de las reformas estructurales para recuperar el crecimiento económico. La salud nacional dependerá, en buena parte, de la capacidad de los actores políticos para hacer realidad los cambios que el país requiere. Puede haber crisis financiera internacional, epidemia de influenza y otras cosas fortuitas más, pero lo que no es permisible es que no resolvamos aquello que sí está en nuestras manos; es inexcusable que la política no dé curso a los cambios necesarios.

Preocupa mucho que en las campañas electorales el debate –por diseño o accidente– esté dominado por el pasado. Libros, entrevistas, publicaciones de diversa índole han trasladado la discusión a los personajes de tiempo atrás y a lo acontecido en su turno. Los que sí son vigentes son los problemas y las insuficiencias. Esto es lo que debe ser objeto de atención y propuesta. La calumnia y el insulto envilecen a la política, niegan el diagnóstico y obstruyen que el debate se centre en las alternativas de solución. El problema no es quienes estuvieron en altas responsabilidades de gobierno o de partido, sino una realidad presente, la que hay que encarar sin maniqueísmo, como es el tema de la impunidad.

La elección pasará. El gobierno, los partidos y, muy particularmente, los legisladores deberán cumplir con la responsabilidad que el voto les ha conferido. El debate habrá de continuar, pero el lugar privilegiado lo deben tener las soluciones y los acuerdos. Lo que ahora ocurra condiciona los alcances de los compromisos; un proceso electoral cargado de agresión e insulto inevitablemente afecta las condiciones de entendimiento.

Por salud pronta de la convaleciente economía, el Secretario de Hacienda, más que anuncio, hace un llamado a la política para que las reformas estructurales tengan lugar. No es fácil, ya que en política lo necesario o conveniente no siempre es popular o electoralmente redituable. Los publicistas convencionales de campañas no recomiendan postular responsabilidad frente a oportunidad. Esta renuncia a la política ha significado la trivialización de la política y el imperio de la oferta fácil. Ha llegado la hora en la que los partidos precisen los términos de su compromiso con la reforma.

Importa mucho el 5 de julio, día de los comicios. Importa más, mucho más, lo que suceda a lo largo de los próximos tres años de la legislatura. No es retórica ni exagerado señalar que es México y su sociedad lo que está de por medio. Los signos de descomposición no son de un régimen que quedó en el pasado, sino de una incapacidad de la política para propiciar la responsabilidad y la eficacia de la función pública. El cambio estructural ha perdido ímpetu desde 1997. Han sido casi doce años de reformas pospuestas o regateadas como ha sido la laboral, la energética, la educativa o la hacendaria. También es urgente atender la reforma judicial. La Corte realizó un espléndido trabajo de estudio y consulta ahora expuesto en su Libro Blanco, el que continúa siendo marco válido para un cambio amplio y profundo en el sistema de justicia. Es urgente una reforma en el gobierno y en los organismos descentralizados; el burocratismo ahoga a la economía y abre la puerta grande al cohecho y a la extorsión, lo mismo vale para un trámite administrativo menor, que para contar con fluido eléctrico en la industria o en la vivienda. Los sindicatos del Estado deben aportar su cuota para la modernización de un país que se quedó medio siglo atrás.

La reforma electoral de 2007 resolvió temas relevantes de la agenda política, sin embargo, el  cambio legal también dañó severamente al IFE al hacerlo administrador del acceso de los partidos a radio y Tv, tema complejo en extremo, al igual que dejó expuesto al órgano electoral a un permanente conflicto con partidos y medios. Además, el cambio limitó desproporcionadamente la libertad de expresión y, de paso, frenó las atribuciones de los órganos electorales y del Tribunal para que los partidos salvaguardaran el derecho a ser votado, así como las condiciones que aseguren legalidad en sus procesos internos. La reforma logró que las campañas quedaran dominadas por los spots que poco contribuyen a la calidad del debate o a la de la oferta partidaria. El saldo de los comicios en puerta será el de la urgencia de una reforma que corrija y enmiende muchos de los errores; ir a las elecciones presidenciales con las mismas reglas sería un acto temerario de irresponsabilidad.

Por otra parte, hay reformas que se requieren para que pueda haber buenas reformas. Me refiero a dos fundamentales: la ley de partidos y la reforma del Congreso. La baja estima de los ciudadanos por el Congreso y los partidos no es un invento de encuestadores o resultado del intencionado desprestigio de los medios de comunicación. No hay conspiración de tal tamaño como para tales efectos. El problema es auténtico y en la medida en que los legisladores o los partidos no adviertan la magnitud del problema, mayor será el desprestigio y el deterioro de su imagen.

Los partidos deben ser escuela de democracia y de ética política de acuerdo a la ideología y programa que cada organización postule. La querencia oligárquica de los partidos es realidad de origen en todos, como lo destacan los teóricos, pero esto no debe ser pretexto ni impedimento para su modernización y democratización. Mucho es lo que se ha hecho para salvaguardar el derecho a votar; todavía está pendiente la reforma para asegurar el derecho a ser votado. Las candidaturas independientes son solución parcial y marginal. Lo importante es democratizar a los partidos, de la misma forma que el Congreso debe hacer realidad muchas de las propuestas existentes para que sus trabajos se agilicen y, especialmente, para aproximar al legislador al sentimiento de sus representados.

Todos estos temas son urgentes para la salud nacional.

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