El único partido de los soldados es México


Liébano Sáenz

La inseguridad se ha vuelto uno de los mayores problemas del país. Lo más visible no necesariamente es lo que afecta con mayor acento a las personas y las familias. Es un hecho que la seguridad se ha deteriorado en los últimos años. Hay quien remite al homicidio del cardenal Posadas Ocampo como el punto de inflexión. Otros lo llevan más atrás: el asesinato del periodista Manuel Buendía. No hay administración federal que no registre datos o hechos preocupantes sobre el escalamiento de la violencia vinculada al crimen organizado. Tampoco ha sido ocasional que la sospecha sobre las autoridades vaya más allá de la impotencia o ineficacia, también pesan señalamientos sobre colusión.

Ha correspondido al gobierno del presidente Calderón emprender una lucha más abierta y frontal contra el crimen organizado. Por el deterioro de la situación en diversas partes del país, más que opción, fue un paso obligado e impostergable. El Ejército ha tenido un papel de la mayor importancia. Los efectos saltan a la vista y no guardan precedente; sin embargo, la situación muestra que el narco ha penetrado el tejido social e institucional, especialmente, en las localidades y municipios del país. El incremento en el consumo de drogas es de la mayor preocupación.

El crimen tiene dos planos: el más violento se da en los grupos criminales en la jerarquía intermedia; el menos agresivo, pero igual de pernicioso está en el narcomenudeo, en el contacto del vendedor de droga con el consumidor. Revertir la situación requerirá de persistencia, firmeza y la recuperación del aparato institucional relacionado con la seguridad: policías, procuración y administración de justicia, reclusorios. También se requiere una mayor participación social a través de la denuncia en sus más diversas formas.

La lucha contra el crimen organizado no es de un partido o de un gobierno. Por lo que está de por medio, a todos atañe e involucra. Los mexicanos reconocen al Presidente en la acción contra esta delincuencia; es explicable que el partido gobernante pretenda ganar la elección intermedia invocando uno de los principales activos del gobierno; es explicable digo, pero es un error que requiere de pronta enmienda. Hacer de un tema de Estado, como es la lucha contra el crimen organizado, estrategia electoral es un acto de extrema torpeza e irresponsabilidad, especialmente cuando de manera intencionada se dice que los partidos adversarios están del mismo lado de los criminales. Para cualquier partido es inaceptable tal posición, mucho más para el que tiene a su cargo el gobierno nacional.

Tampoco el Ejército puede ser objeto de apropiación partidista. Todos perdemos con ello. Las fuerzas armadas no tienen otra misión que mantener el orden y hacer valer la ley y la institucionalidad como han acreditado en diversas situaciones críticas del país. El único partido de los soldados es México. No hay argumento o aspiración que justifique el uso electoral del Ejército. Además, hay que destacar que su carácter no es el de realizar las funciones que corresponden a las policías y a su mando civil. Su presencia en tales tareas debe entenderse excepcional, temporal y complementaria; su justificación es la emergencia que ahora se vive por el deterioro en la seguridad pública. También hay que tener presente que exponer al Ejército en esa lucha genera efectos indeseables en su interior. Cuando los gobernantes y el pueblo de México se refieren a las fuerzas armadas, no lo describen como el ejército del PAN, del PRI o del PRD; con orgullo expresan “nuestro ejército”, “nuestras fuerzas armadas”. Nuestro Ejército no es patrimonio de nadie, mucho menos para manosearlo irresponsablemente como instrumento electoral.

La desesperación y la impotencia por el crecimiento de la amenaza que entraña el crimen organizado han llevado a la propuesta de militarizar a las policías locales y municipales. Sin duda el adiestramiento y la disciplina son fundamentales; sin embargo, la militarización implica unidad de mando y, por lo mismo, renuncia del mando civil a las fuerzas del orden. Esto es inaceptable en un Estado moderno, donde las autoridades democráticamente electas son las responsables del orden público y de las funciones de policía. Los políticos de hoy día no pueden plantear como solución eludir una responsabilidad que a ellos corresponde.

La partidización del tema del crimen organizado se revierte a quien lo invoque y quizá eso explique los magros resultados de la estrategia electoral del PAN, de la que hemos sido testigos en los últimos meses. La evidencia es suficientemente contundente para advertir que no existe partido inmune a dicha amenaza; personas con autoridad o militancia pueden tener vínculos o complicidades con el crimen, pero eso no hace a los partidos organizaciones criminales. Es más que evidente que la geopolítica del narcotráfico en México no hace diferencias partidistas; su poder de intimidación, corrupción y violencia afecta a todos por igual.

Peor es asumir que el acuerdo con el crimen es la solución. No hay partido que lo proponga, aunque sí hay evidencia de que algunos piensan, incluso candidatos, que es una opción viable. La entrega de la plaza para que sean los criminales los responsables del orden es la negación más elemental de las responsabilidades que tienen las autoridades sobre el principio de legalidad. Esto simplemente no es camino válido y quien actúe bajo tal premisa debe enfrentar con energía el mayor rechazo público. No sólo es jurídicamente inaceptable, es una traición a los principios fundacionales del Estado.

Hay un enorme trecho por recorrer. Fue un acierto la decisión de enfrentar con todo al crimen organizado. Las autoridades locales y municipales son más frágiles en el frente de batalla; por ello debe actuarse de manera coordinada y con un propósito claro de fortalecimiento institucional; no hay lugar para las recriminaciones, de unos ni de otros, sino de mostrar en los hechos el compromiso compartido para ganar esta batalla que inevitablemente llevará tiempo y causará bajas. Es evidente que es una lucha de todos.

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