Votar o no votar


Liébano Sáenz

Las elecciones intermedias son definitorias sobre la segunda mitad de la gestión presidencial; el equilibrio en la Cámara condiciona el margen de maniobra del gobierno. En una situación de gobierno dividido –cuando el Presidente no tiene mayoría afín en el Congreso– también importan los términos en los que se realice la contienda. Debe preocupar que los partidos y candidatos, en el afán de ganar votos se comprometan con medidas poco realistas. Prometer gastar sin incrementar la recaudación, simplemente no es posible en las actuales condiciones de la economía.

Es paradójico que, no obstante la promesa de los partidos de no subir impuestos o de ofrecer soluciones a la situación económica sin que impliquen esfuerzo o sacrificio, persista el escenario de baja participación electoral. Los partidos, como nunca, cuentan con promocionales para acceder a la radio y Tv; aún así, los escenarios de participación son iguales a los de las dos últimas elecciones intermedias. Es un problema que debe entenderse y asumirse; todo apunta a una crisis del sistema de representación. Los ciudadanos sí creen en su voto cuando eligen gobernador y Presidente de la República, pero no así cuando se trata de elegir diputados. El bajo interés es una implícita descalificación a los partidos y al Poder Legislativo.

En este proceso adquiere novedad el llamado de algunas personas para asistir a votar, pero anular el voto como forma de protesta o inconformidad por las opciones que en su conjunto presentan los partidos. Los argumentos son diversos; debe destacarse que sus más visibles e influyentes promotores no son propiamente expresión de la sociedad civil, sino de políticos o personalidades vinculadas con la política formal, incluso ex dirigentes partidistas y ex candidatos. ¿Están las cosas peores que cuando muchos de ellos tenían un desempeño protagónico? No, no lo creo, pero la exclusión intencionada o implícita de alguna manera cobra factura.

No es útil el voto en blanco, al menos no para los propósitos que invocan sus promotores; sí para que sea la fuerza orgánica de los partidos la que determine el resultado de la elección. Asumir que una proporción significativa, 8% o 10% del padrón anulará su voto, no es realista; para la mayoría, la protesta más práctica es simplemente no ir a votar. Aún así, 3% o 4% de votos nulos por intención, más los 2% o 3% que siempre resultan del error, tienen implicaciones importantes. Vayamos al ejemplo: un partido con 39% de los votos, escenario posible para el PRI, puede alcanzar la mayoría absoluta como efecto de este involuntario apoyo. Si al cómputo de votación efectiva se le restan los votos por los candidatos no registrados, menos los votos de los partidos que no alcanzaron 2% y el 6 o 7% de los votos nulos por error o intención, ese partido alcanzaría un porcentaje suficiente para lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con todas las implicaciones que ello contiene.

Cualquiera que sea la opinión sobre la utilidad del voto nulo, lo que el país realmente requiere, es una evaluación de su sistema de representación. Que la cuestión esté en la mesa es indicativo de que la reforma electoral de 2007 fue contraproducente, para poco sirvió al ciudadano. En mi perspectiva, el hecho de que no se hayan establecido en la ley los procedimientos y las reglas propias para la selección democrática de los candidatos fue un severo retroceso y es en el fondo la causa de la propuesta de anular el voto. Si los partidos tienen el monopolio para las candidaturas, entonces es obligado que los partidos deban abrirse a la sociedad; las cúpulas no deben resolver discrecionalmente las candidaturas.

De igual manera, si el Congreso ha adquirido una mayor importancia en las decisiones fundamentales del país, es necesario que éste se modernice para legislar con mayor agilidad y que adopte todas las normas que aseguren su integridad, como son la regulación de las actividades privadas remuneradas de los legisladores, el cabildeo, la transparencia en el manejo de los recursos y, especialmente, una mayor información y divulgación sobre el desempeño individual, partidario y colectivo de los diputados y senadores, más allá de la fastidiosa propaganda a la que se ha recurrido para atenuar, por cierto, infructuosamente, el desprestigio que pesa sobre el Poder Legislativo y sus integrantes.

La democracia mexicana está enferma, seriamente enferma, pero la reacción de los principales responsables en aliviarla ha sido negar el padecimiento. A los legisladores y a los partidos se les dificulta aceptar el déficit de desconfianza que sobrellevan; suelen decir que es un mero problema de imagen que inmerecidamente los medios les han creado o que es un fenómeno común a todas las democracias occidentales; no aceptan la gravedad de la situación, al tiempo que proyectan con su desempeño una severa dificultad para representar y actuar en función del interés general, especialmente en los temas de la economía. Además, hay una resistencia a abrirse a la sociedad, bajo el pretexto de la eventual influencia de los factores reales de poder, como si eso no ocurriera en la actualidad.

La reforma electoral de 2007 degradó al IFE, le asignó funciones que lo distraen de sus tareas fundamentales y lo someten a un enorme desgaste. Hoy día, después de casi dos décadas de su creación, el IFE pasó, de ser instrumento garante de certeza y confianza, a constituirse en factor de incertidumbre. No fue un accidente, sino un diseño de quienes desde siempre desconfiaron de la autonomía de la autoridad electoral, propiciado por el agravio de unos y el temor de otros.

No hay democracia posible sin partidos modernos y representativos. IFE, partidos y Congreso merecen una revisión a fondo. El Congreso es imprescindible para la funcionalidad de la democracia y el control del gobierno, pero requiere de un cambio mucho más allá de la reelección consecutiva; necesariamente tiene que incluir formas democráticas en los mecanismos de selección de candidatos, de otra forma la reelección significaría dar vueltas en torno a la misma noria.

Es necesario votar, pero en forma alguna, por el peso de la evidencia, debe entenderse como aval al estado de cosas que guarda nuestra situación actual.

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