Un debate a medias


Liébano Sáenz

La crítica y el debate son propios de toda realidad democrática. Esto no sólo es útil, también, inevitable. Ha sido un avance de la sociedad contemporánea que la lucha por el poder cobre cauce a través del voto universal. Para que un modelo electoral funcione se requiere de consenso sobre las reglas y que exista una contienda justa, es decir, que se den condiciones de equidad, libertad y seguridad jurídica en todo el proceso comicial. Parte fundamental es la confrontación de ideas y que los contendientes –partidos y candidatos- cuenten con la libertad para exponer sus razones y cuestionar la de sus adversarios. Esto ocurre a través de muchos medios; la publicidad y la propaganda son comunes, también lo deben ser los encuentros entre candidatos o partidos para encarar argumentos y diferencias.

Las campañas de diferenciación basadas en la exposición de virtudes propias y errores de competidores son, en toda democracia, parte del juego; sin embargo, aquí en México, la tendencia de legisladores y partidos es tratar de impedirlo. En el intento, las campañas pierden el interés ciudadano y, así, la simulación o el golpe bajo, hacen evidente que la disputa electoral continúe siendo ruda y agresiva, pero bajo la mesa. La cuestión no es la falta de respeto entre los competidores, sino la de éstos y sus partidos respecto a los electores.

El espotismo electoral que promovió la reforma de 2007, es uno de los retrocesos más graves, especialmente, porque los partidos tienden a privilegiar la eficacia electoral sobre los objetivos políticos de cada organización. En la contienda que se está llevando a cabo, ha habido un grave proceso de desideologización, en el sentido de que los candidatos y los partidos se desentienden del proyecto político que les da identidad, en aras de obtener la aceptación circunstancial del electorado. Temas propios como el lugar de la justicia social, las libertades, la equidad o la intervención gubernamental simplemente no están presentes en el debate o en la oferta que se hace a los electores.

Esto entraña un problema serio, pues se diluye el sentido del mandato democrático; los ciudadanos no requieren conocer la biografía del candidato, ni siquiera su nombre, lo importante es saber qué proyecto político habrán de implementar en el supuesto de que ganaran el cargo; ésta es la justificación más elemental de los partidos políticos. Pero cuando los candidatos se acomodan con oportunismo al sentimiento popular coyuntural, o promueven propuestas poco realistas o diferenciadas de lo que realmente realizarán ya en el puesto, es, en esencia, una renuncia a su responsabilidad, un engaño al elector.

Es útil que los partidos no sólo se refieran a lo que harían en caso de ganar, sino también qué es lo que han hecho en el poder. El  partido gobernante tiene todo el derecho, como lo ha convalidado el IFE, de hacer campaña por los actos del gobierno que ha constituido, de la misma forma que la oposición tiene derecho a hacerlo en un sentido negativo aunque el partido gobernante tramposamente lo considere “guerra sucia”. Las campañas bien debieran ser una suerte de didáctica para empoderar al ciudadano con su voto durante la elección y, después de los comicios, con su participación activa.

Uno de los problemas de la realidad pública mexicana es que el sector político a cargo de las decisiones tiene la creencia de que la política es exclusiva para los actores formales del proceso. En la reforma de 2007 se cometió el error de cerrar la puerta a la sociedad para que ésta se expresara y participara tanto en el momento legislativo, como en el electoral. Esta restricción a las libertades ha propiciado la simulación a la que me refiero y también que el Estado pierda capacidad en la regulación en los procesos de actuación e intervención de los factores de poder.

Muchos de los errores de la reforma de 2007, se hubieran evitado si las deliberaciones no hubieran sido asunto exclusivo de los legisladores. Por ello, ahora llama la atención la insistencia en el mismo modelo decisorio. Todavía no hay un balance serio, incluyente y con resultados finales de la elección y ya, los autores de la reforma que ha probado su fracaso, están anticipando los términos del cambio en la ley. Los mismos legisladores que debieran ser sujetos de escrutinio –los hacedores de la reforma de 2007- son los que van a juzgar su propia obra y todo indica que los errores del proyecto reformador original habrán de repetirse. Esto ocurre, precisamente, porque no hay vínculo entre el elector y el sentido del desempeño del representante popular; porque el ciudadano se advierte impotente frente al despotismo y soberbia de quienes deciden en el proceso legislativo.

La nueva legislatura será crucial para el futuro del país. No es una frase de cajón, sino que la situación económica demanda cambios importantes al marco legal. El régimen hacendario existente ya no da para más, y esto incorpora, como efecto de la crisis económica, un desplome en los ingresos públicos y, por lo mismo, una dificultad estructural de las haciendas municipales, estatales y federal para que los gobiernos puedan cumplir con sus tareas. Situación semejante ocurre con el sistema de justicia.

Es lamentable que el debate electoral actual no atienda los temas a los que habrá de avocarse la legislatura. Es ocioso decir que las personas no quieren pagar impuestos y que, por lo mismo, no hay candidato o partido en su sano juicio que proponga una reforma tal, como parte de su oferta política. Sin embargo, existen aspectos sobre los que sí se puede abundar, por ejemplo, una mayor austeridad y transparencia en el gasto corriente, incluyendo, por cierto, el del Poder Legislativo y Judicial. Otro elemento a considerar en el propósito de un cambio fiscal aceptado y aceptable (polémico desde la perspectiva hacendaria), es el de ingresos adicionales orientados a un rubro específico de gasto.

Candidatos y partidos dominados por el oportunismo electoral propician ciudadanos complacientes y, más que ello, alejados y confrontados con las instituciones de la democracia. La construcción de buenos gobiernos no es casual ni providencial, resulta de un régimen de incentivos y sanciones que hagan que prevalezca la responsabilidad. Mucho hay que hacer para que el nuestro así funcione.

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