La Corte y la guardería de Hermosillo


Liébano Sáenz

La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo Sonora es uno de los episodios más ingratos que el país haya conocido. Seguramente el Presidente Calderón y el Gobernador Bours lo recordarán siempre como el momento más triste de su sexenio. La indignación es generalizada. La negligencia en la prevención fue más importante que la incapacidad de respuesta al momento del siniestro que llevó a la muerte a casi medio centenar de pequeños. La concurrencia de culpas dificulta el esclarecimiento. El incidente llevó a una discusión que trasciende los hechos; los temas son muchos, entre otros, la legalidad, la transparencia, la pertinencia o conveniencia del régimen de subrogación de servicios de guardería por parte del IMSS. Los padres claman justicia, con ellos muchos otros más. Queda la impresión, aunque el daño es irremediable, que una sanción ejemplar serviría para evitar muchos otros casos.

El IMSS es una de las instituciones más importantes del país, su origen es el de hacer realidad el cumplimiento patronal respecto a las obligaciones laborales en materia de seguridad social, pensiones y jubilaciones. En rigor formal el IMSS no es una institución gubernamental, ya que tiene una integración tripartita e igualitaria de gobierno, trabajadores y empresarios. Desde su creación en enero de 1943 ha sido fundamental para el país.

El pasado jueves la Corte resolvió, con base en el artículo 97 Constitucional investigar el caso. La determinación del máximo tribunal abre nuevamente la discusión sobre la  pertinencia de este tipo de investigaciones. La opinión pública tiene su impacto y la exigencia fundamental es que se haga justicia. La PGR y la procuraduría estatal han actuado. El Gobierno del Estado, el municipal y el IMSS han reiterado su voluntad para facilitar todas las investigaciones que lleven al esclarecimiento de los hechos y al deslinde de responsabilidades. Se han dictado órdenes de aprehensión, se han promovidos juicios de amparo, ha habido detenciones, remociones y renuncias, pero la indignación reclama más, mucho más. La consideración  “no grave” del delito conduce a la situación de que los inculpados puedan ser procesados en libertad, hecho que lastima aún más a la opinión pública. Los agraviados y muchos más estiman que las culpas deberían llegar arriba, mucho más arriba.

En materia de responsabilidades de los servidores públicos el régimen legal establece tres géneros de infracción: la administrativa, que se sanciona con la multa, suspensión, remoción o inhabilitación del funcionario y es realizada por los mismos órganos de control interno de las entidades y dependencias; la política, aplicable a ciertos funcionarios y que hacen valer las Cámaras del Congreso; y la penal, que tiene lugar en un juicio penal convencional y que las sanciones son, generalmente, de privación de la libertad. Estas responsabilidades no son excluyentes; pero hay que diferenciarlas; por ejemplo, para el caso penal casi siempre la responsabilidad debe ser directa, un vínculo entre la acción/omisión y el resultante; en el caso político o administrativo, la responsabilidad puede ser más amplia y abstracta, por ejemplo, la insuficiente supervisión o la designación de funcionarios sin el perfil idóneo para tales tareas puede dar lugar a responsabilidad administrativa, pero difícilmente a una de carácter penal, salvo que exista una previsión específica en la ley penal. Se puede hablar de un cuarto y quinto género de responsabilidades de las autoridades, las que tienen que ver con la justicia penal internacional, tema de una singular trascendencia; y, las derivadas de carácter civil, por el daño moral o patrimonial que pudieran provocar a particulares o entidades, hipótesis excepcionales en nuestro régimen legal.

Desafortunadamente, la actuación de la Corte no tiene ninguno de estos efectos directos. Ese camino no lleva a la sanción administrativa ni a la política ni a la penal. La determinación del artículo 97 Constitucional no es para sancionar; es una facultad extraordinaria de la Corte para salvaguardar las garantías individuales, pero los efectos de sus resoluciones no llevan de manera directa a la sanción.

El ejercicio de esta atribución de investigación ha ido en aumento y han sido casos de significada importancia y trascendencia los que se han abordado. Para darle mayor fuerza y claridad a sus indagatorias, el Pleno ha aprobado un reglamento en la materia. La Corte ha cumplido, pero sus decisiones, aún en caso de señalamientos de responsabilidad no han llevado a un proceso ulterior.

Hay quien estima, y en el Senado se han propuesto eliminar tales atribuciones a la Corte, que al no estar legislativamente reglamentada y acotada esa atribución del Supremo Tribunal, puede afectar la autonomía de los gobiernos locales al dar al órgano judicial facultades extraordinarias que afectan el equilibrio, la división de poderes y al pacto federal. Otros pretenderían que las resoluciones tuvieran efectos vinculantes y que llevaran a la responsabilidad de los inculpados. El hecho es que la Corte no puede ni debe realizar las tareas que corresponden al ministerio público, tampoco es conveniente que la Corte se torne en tribunal de única instancia sobre aspectos políticos fundamentales.

Es inevitable que el desenlace de las indagatorias de la Corte derive en desencanto, independientemente de su contenido o la confiabilidad de sus conclusiones, precisamente porque la demanda es de justicia y de deslinde de responsabilidades, no de una resolución que tiene más el carácter de opinión o de recomendación, que de determinación judicial.

Es paradójico, pero el ámbito de la justicia para este trágico caso, no está en la Corte, sino en las instancias que la opinión pública y, para el caso concreto, los afectados ya han descalificado o visto con desdén. Para el caso penal, es a la PGR y los Tribunales competentes a quienes corresponde determinar las responsabilidades concretas. Las de carácter administrativo las deben hacer valer los órganos internos de control. El juicio político, lamentablemente, no ha sido un medio de justicia.

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