La reforma fiscal posible


Liébano Sáenz

El economista Enrique Quintana, en su espacio Coordenadas de la Sección de Negocios de Reforma, ha presentado cifras que obligan a una seria reflexión sobre lo que deberá hacer la nueva legislatura del Congreso frente a la crisis fiscal del Estado mexicano. ¿De qué proporción es?, ¿a quién afecta más? y ¿qué hacer frente a ésta? Las cosas no pueden continuar igual. La disminución de los ingresos es histórica y esto se explica no sólo por lo que ocurre en la economía internacional, sino por lo que dejó de hacerse en materia de ingresos y por una dispendiosa política de gasto.

Un dato que es abrumador y que cita Quintana, a partir de las cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad, es que la diferencia entre lo que gastó el gobierno del Presidente Zedillo en su último año y lo que se gastará en 2009, considerando los recortes anunciados, es de 800 mil millones de pesos actuales. Los recursos adicionales acumulados en los nueve años son 2 billones 788 mil pesos. En opinión del especialista, tal cantidad sería suficiente para construir otro país, mucho mejor del que existe. El derroche se impuso; la riqueza adicional no se advierte en su justa proporción.

Es mucho lo que debe hacerse para optimizar el gasto gubernamental. Atañe a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno. Pero esto no es suficiente para tapar el hoyo fiscal del próximo año, estimado en 480 mil millones de pesos por el Secretario Carstens. Los recortes en el gasto no dan para resolver el déficit, salvo que se afectara lo fundamental, hecho que ya acontece en muchos municipios y gobiernos estatales, no así en el gobierno federal. Recurrir a la deuda tiene un límite, más allá de lo moralmente reprochable que es trasladar a las generaciones futuras un costo que debió asumirse en el presente.

La crisis fiscal no ha afectado de manera igual al gobierno federal, que a los locales y municipales. Ahora me explico, en el periodo 2006 a 2009, la recaudación federal participable –recursos destinados a los estados y municipios- cayó 17.8%, resultado de la baja de los ingresos petroleros y de la disminución en la recaudación fiscal. Pero los ingresos presupuestarios del gobierno federal, esos sí crecieron, 3.3% en términos reales.

Llama la atención que sean legisladores federales del PRI, incluso quienes ya van de salida, los que se pronuncien en contra de una reforma hacendaria que incremente los recursos públicos. No falta quien considere como solución destinar el ahorro del gasto federal a los estados, lo que, en el mejor de los casos, apenas si alcanzaría para compensar parte de la disminución de los ingresos locales de este año.

Toda vez que el gasto no da para resolver el problema, de alguna manera debe incluirse en la solución el incremento de los ingresos públicos. Algo puede hacerse con una recaudación federal y local más eficiente, vía sobre la que hay mucho que trabajar y explorar, sobre todo por el tamaño desproporcionado de la economía informal y por la indolencia que hay en el cobro de impuestos y servicios de carácter municipal como es el predial y los derechos del agua.

La reforma fiscal es un paso obligado para lograr finanzas públicas sanas. No es una decisión amable, sobre todo en tiempos de crisis, pero el costo económico y social de no abordarla es considerablemente mayor al costo político que tanto preocupa a los partidos y sus legisladores.

No es un llamamiento al deber lo que conduce a la reforma fiscal; es el reconocimiento de los intereses de por medio. Un Estado en bancarrota va en detrimento de todos por la insuficiencia o la mala calidad de los servicios, el pobre desempeño de gobiernos o por el rezago en la inversión en infraestructura. El problema es que en la percepción de los ciudadanos, el Estado, en su conjunto, ha gastado mal sus ingresos y ha perdido autoridad para solicitar un incremento en la recaudación.

Cuestionados al respecto más de 19 mil personas en el reporte de la Encuesta Nacional 2009 del Gabinete de Comunicación Estratégica, a presentarse este próximo miércoles, el rechazo a impuestos adicionales se asocia a la insatisfacción por la manera como el gobierno gasta. La resistencia a una reforma fiscal disminuye en la medida en que se da más participación a los Estados en la recaudación y a los ciudadanos en la definición específica del gasto. La gente se niega a pagar más porque considera que el dinero obtenido lo malversan, se lo llevan a otra parte o lo gastan mal. Más transparencia y definición específica sobre el destino de los recursos adicionales, específicamente para educación y salud, infraestructura urbana y programas de pobreza se vuelven indispensables; no está por demás señalar que el IVA a medicinas y alimentos es posible bajo tasas más bajas o bien de aplicación diferenciada en el tiempo.

Lo anterior significa un planteamiento radicalmente distinto para la reforma fiscal. La negociación de los ingresos adicionales debe vincularse con gasto, tema al que se han resistido históricamente las autoridades hacendarias. Más transparencia, más rendición de cuentas y, sobre todo, una mayor participación social a nivel local y comunitario para definir el egreso son imprescindibles. La eventual promesa en tal sentido sólo se vuelve creíble con la ejecución, desde ahora, de una política de ahorro y de optimización del gasto, del que deben poner ejemplo la alta burocracia nacional y local de los tres poderes públicos y de los organismos autónomos. En este sentido racionalizar el gasto no es una manera de resolver los números, sino el momento inicial de un pacto social en el que políticos y gobernantes deben poner su parte.

La reforma fiscal posible parte del reconocimiento de los intereses e incentivos de cada quien, autoridades y ciudadanos. Pero por ahora, los estados y los municipios, la mayoría gobernados por el PRI, son los grandes perdedores del déficit fiscal. Vale decir que también son los ciudadanos quienes padecen las consecuencias de la bancarrota de las autoridades locales.

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