En lo que quedó el Informe presidencial


Liébano Sáenz

El hartazgo y la impaciencia juntos, resultaron malos consejeros para el cambio de las instituciones políticas. La legislatura que concluye resolvió modificar de manera sustantiva el Informe Presidencial. La reforma era necesaria, pero fue mal procesada y se volvió contra todos: el Congreso, el Ejecutivo y el régimen de rendición de cuentas. En el justiciado afán de acabar con el “día del Presidente” y del sometimiento de la representación política del país, se dio curso al “día de nadie”;  de la rendición de cuentas se pasó a un extensivo acto publicitario de la autoridad y se hizo del Congreso expresión de fragmentación y encono.

A los cambios institucionales debiera juzgársele por sus resultados, no por las intenciones de quienes los promueven, tampoco por el consenso en su aprobación. El informe presidencial tradicional debía modificarse simplemente por el error constitucional de hacer de la apertura de sesiones del Congreso, un acto de gobierno en lugar de acto de Estado. No hubo perspectiva ni sentido de esta institución entre quienes la transformaron: no devino en el “día del Congreso” en su sentido republicano, oportunidad para confirmar el propósito común de la diversidad política y del encuentro entre poderes públicos. Hubiese sido una manera de hacer sentir y valer que por encima de las diferencias está el bien del país. Lo que ahora quedó del informe, está muy lejos de tal propósito.

El Poder Legislativo en su pluralidad debe encontrar su definición de responsabilidad, pues la democracia le ha concedido un lugar central en las decisiones políticas fundamentales. Van 12 años de gobierno dividido y el balance no da para presumir. Se ha perdido impulso o capacidad reformadora. Las dificultades que el país padece en materia económica, sólo por mencionar un ejemplo, en buena parte se explican por la insensibilidad o incapacidad del Congreso para comprender los objetivos que debieran tener las reformas legales. El Estado mexicano y las entidades fundamentales en la vida económica como es Pemex, acusan severos rezagos, merced a esa insensibilidad. En esta docena mucho ha sucedido en el mundo; en México se paró el tiempo. Los casos de China, India, Chile o Brasil debieran servir de referencia para atender con urgencia el cambio legal para darle competitividad al país.

El país y los mexicanos son más pobres ahora que en el pasado no muy lejano. No ha sido un problema de la democracia como tal, sino de la dificultad de la clase política en su conjunto para asumirse en el timón del país, en una arquitectura de poder que demanda mayor corresponsabilidad, por la horizontalidad que le caracteriza. Al Presidente se le han restado responsabilidades como ha ocurrido con el informe presidencial, pero el Congreso no las ha asumido. Lo peor de todo es la ausencia de autocrítica, la incapacidad de los legisladores y partidos para asumirse parte del problema y, por lo mismo, de la solución. En el Congreso persiste la idea de que es el Ejecutivo la causa originaria de las dificultades que se enfrentan. No se busca mejorar y apoyar al gobierno, sino disminuirlo y, en ocasiones, anularlo. Los efectos colaterales están a la vista, como puede apreciarse en lo que quedó del informe.

La nueva legislatura tiene frente a sí misma un desafío mucho mayor del que se alcanza a apreciar. La distancia entre los representantes y representados es monumental. Tiene solución, pero requiere compromiso individual de los legisladores y, más que eso, de los grupos parlamentarios y del Congreso en su conjunto. Las decisiones que el país demanda no son fáciles ni cómodas, pero, insisto, el costo social de posponerlas es mucho mayor que el que preocupa a muchos legisladores cuando anteponen un objetivo electoral y todo lo resuelven en función de éste.

Es cuestión de responsabilidad, sí, pero también de interés y congruencia. Los beneficios del cambio legal deben valorarse en amplio horizonte, no en la respuesta coyuntural de las encuestas. La crisis fiscal del Estado mexicano disminuye la capacidad del gobierno federal, local y municipal para atender sus responsabilidades. La combinación de un efectivo programa de optimización del gasto, una mayor eficiencia en la recaudación e ingresos fiscales adicionales, significaría contar con los recursos para el bienestar de los representados. De continuar igual, a lo que lleva la situación económica del país es a la administración de la crisis presupuestal y a una absurda disputa entre órdenes de gobierno por los muy escasos recursos públicos. Nuevamente, una pérdida para todos.

La nueva legislatura debe replantear el curso de la administración y del conjunto de la política. Debe ser la ejecución de un esfuerzo compartido para el reencuentro del propósito común que se perdió en el camino. La polarización y la desconfianza no pueden ser el signo regular de la política, tampoco se pueden anticipar tiempos políticos o dar por concluida una gestión de gobierno que todavía no llega a su mitad. Ejecutivo federal, gobiernos locales, Congreso y partidos políticos deben participar de este propósito compartido para mejorar la calidad de la política, de la representación y del gobierno. Las diferencias son inevitables y propias de una democracia, pero también lo son las coincidencias, el encuentro de ese espacio que a todos debe interesar, porque permite la coexistencia de pluralidad y que las instituciones públicas funcionen, que realmente sirvan a la gente.

En lo que quedó  la institución del informe sirve muy poco a este propósito. Pero sigue siendo la voluntad de quienes tienen autoridad o representación política, lo que puede hacer posible el entendimiento sobre los temas fundamentales de la nación y las reformas constitucionales de fondo que el país requiere. Se ha agotado un modelo político en el que cada quien va por su lado, con mayorías precarias y superficialmente interesadas, con acuerdos y reformas rabonas, marginales a los intereses del país. La magnitud de las dificultades que se presentan demanda el reencuentro entre poderes, órdenes de gobierno, partidos y, todavía más, el de la sociedad con sus gobernantes y representantes.

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