Marín y Berrueto a un paso de la cárcel


Liébano Sáenz

Los directores de un diario nacional y de una empresa de encuestas están a un paso de la cárcel. En días pasados la Procuraduría Judicial del DF le notificó al segundo comparecer como responsable. El aludido no defraudó al fisco; tampoco invadió una propiedad ni cometió perjurio ni atropelló a persona alguna o incurrió en falta grave. Berrueto, como suelen llamarle, en opinión de las autoridades del DF cometió el terrible delito de publicar encuestas electorales, según ellos, en un periodo prohibido.

Aduce la autoridad electoral que es constitutivo de delito el hecho de que el diario Milenio haya referido en un reportaje del sábado 27 de junio, página 23, la encuesta que GCE presentó el 26 en Milenio Televisión. La publicación fue una decisión editorial del diario en ejercicio de la libertad de prensa; sin embargo, es importante subrayar que el diario no publicó la encuesta como tal, sino que la refirió dentro del género, tan es así que no tiene firma de la empresa encuestadora, tampoco vitrina metodológica. Los medios y los periodistas tienen libertad editorial. En otras palabras, la cuestión es si las malas leyes electorales e inconstitucionales deben prevalecer sobre la libertad de expresión.

Carlos Marín es uno de los periodistas más importantes y leídos de las últimas tres décadas, forjador de los mejores proyectos en la prensa nacional y respetado por sus pares. Berrueto, que obtuvo un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Essex en el Reino Unido, es abogado y sabe lo que significan los líos con la justicia; sin embargo, no lo advierto preocupado. Lo conozco de muchos años y sé que para él, hay causas en las que se debe dar la batalla, sobre todo, en las que está de por medio un principio fundamental de las libertades. Ha sido y es maestro en universidades de prestigio y conferencista en distintas ciudades del país y del extranjero. Lo he acompañado a la cátedra donde enseña a sus alumnos que el costo de la complacencia o la sumisión a un acto autoritario es peor que el riesgo de una pena corporal. Ese es Federico Berrueto.

El periodo de veda que la Ley establece para la difusión de encuestas, es ocho días previos a las elecciones y hasta el cierre de casillas (seis de la tarde). Pues bien, los resultados de las elecciones en las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez, motivo de la causa penal que se le sigue, fueron difundidos por GCE en Milenio TV, después de las seis de la tarde; los primeros 8 minutos del programa, se dedicaron a las elecciones en Nuevo León. No hay delito que perseguir, la información, materia del supuesto ilícito, no se difundió dentro del periodo de veda y, por tanto, no se da el tipo penal que invocan contra Berrueto en la ampliación de la denuncia; la elección en esas delegaciones había concluido 8 minutos antes. No está por demás señalar que todos los pronósticos difundidos ese día por GCE y Milenio fueron coincidentes con el resultado de la elección.

La pretensión de los legisladores de regular las encuestas y su difusión es un despropósito. Parten de la hipótesis de que la divulgación puede confundir al electorado, como si éste fuera un menor de edad al que hay que proteger. No entienden que la sanción más severa para un diario como Milenio o una empresa de encuestas deviene de la sociedad; una encuestadora sin credibilidad no tiene futuro. En México hay buenas casas encuestadoras y que bajo protesta han respetado las reglas restrictivas; no son infalibles pero las inspira un compromiso con la verdad.

Valdría la pena reflexionar qué tiene el DNA de los habitantes del DF en donde es delito divulgar encuestas con nueve días de anticipación. La ley electoral federal establece tres días y la violación representa una falta administrativa.

Es pertinente señalar que las encuestas de salida que motivaron este procedimiento penal sólo tuvieron el propósito de mantener oportunamente informado al auditorio sobre asuntos de interés público, actividad que se realiza en todas las democracias del mundo en tiempos electorales.

En el fondo el tema no son Marín ni Berrueto, tampoco las encuestas, sino la libertad de expresión. Muchos políticos ven a los medios como intrusos en las elecciones, algo que creen les es exclusivo. La reforma de 2007, ha sido severamente restrictiva. Los particulares no pueden acceder a radio y Tv para asuntos políticos y lo que es peor, tampoco los partidos si no es mediante un proceso lento y desastrosamente burocrático. La espotización ha desplazado al debate y los votantes no aumentan en las urnas. Con la reforma de 2007, ganaron los enemigos de la libertad de expresión; la auténtica política, la de confrontación de ideas y proyectos, ha sido lanzada de los medios y secuestrada por las cúpulas de los partidos. Sus únicos alcances están en la decisión editorial de los medios, los que afortunadamente son más plurales y accesibles a todas las opiniones que los espacios formales de la política.

La reforma electoral se hizo a espalda de la sociedad. Todas las advertencias fueron vistas en el Senado con desdén y prejuicio. Se impuso un cambio claramente centralista, antiliberal y regresivo; sólo queda la lejana esperanza de que el amparo interpuesto por un grupo de acreditados ciudadanos pueda, al menos, ganar la batalla de la inconstitucionalidad de la reforma de 2007.

Quienes perdieron la elección presidencial en 2006, se la cobraron al IFE y a los medios de comunicación. Quienes triunfaron, en el afán de ganar espacio y tiempo, en el absurdo, concedieron a su adversario el argumento que ponía en entredicho la legitimidad del resultado. Las partidocracias han ganado la batalla: sometieron al IFE y al Tribunal; la democracia y la legalidad en la vida interna de los partidos es casi inexistente. Ahora van por la libertad de expresión.

Lo ocurrido a Carlos Marín y a Federico Berrueto no es accidental. Es la secuela de la acción de los enemigos de las libertades. El caso servirá para hacer evidente a lo que han llegado los legisladores en su afán de restringir la libertad de expresión. En un país de impunidad, de justicia colapsada, donde policías en no pocas ocasiones están del lado de los delincuentes, el caso de Marín y Berrueto puede servir de llamada de alerta: un periodista y un encuestador enfrentan un proceso penal por hacer su trabajo. Admiro el valor civil de ambos y denuncio públicamente el hecho porque constituye un asalto a la razón.

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