El Presidente y la liquidación de LyFC


Liébano Sáenz

La liquidación de LyFC pone a prueba el régimen vigente sobre las atribuciones del Presidente. El tema se desenvuelve en dos planos: el político, que se refiere a la capacidad de generar consenso social sobre una decisión de autoridad; el legal, relacionado con las atribuciones constitucionales del Presidente respecto al Congreso, para el caso específico, la decisión de crear o cerrar entidades de la administración pública paraestatal. Los hechos no sólo permiten evaluar lo existente, sino hacia dónde debe evolucionar el cambio institucional, es decir, si debemos tener un Poder Ejecutivo fortalecido en el marco de la ley o si el Congreso habrá de participar en las decisiones fundamentales del ejercicio del gobierno.

Las determinaciones de autoridad necesarias para el país, como fue la desaparición de LyFC y el operativo para salvaguardar las instalaciones estratégicas y así garantizar la medida y la continuidad operativa del servicio eléctrico, son temas que desataron controversia en la opinión pública. De manera implícita, la cuestión es si el Presidente debe contar con todos los elementos para ejecutar decisiones difíciles, las que pudieran resultar impopulares para ciertos segmentos o generar resistencias de los afectados.

Es preciso señalar que la aceptación circunstancial e inmediata a las medidas de autoridad no puede ser el límite para el ejercicio del gobierno. La adhesión es deseable, pero no siempre es posible. Contemporizar en búsqueda de popularidad dejó al DF sin su nuevo aeropuerto. En ocasiones frecuentes, la responsabilidad corre por cuerda aparte de la popularidad o la aprobación, mucho más cuando en situación de crisis, con sentido de urgencia, se hace lo necesario.

Desde el punto de vista de la opinión pública el aspecto más polémico no tuvo que ver con la determinación de cerrar la empresa LyFC; la información pública sobre la empresa y la experiencia de muchos usuarios es contundente y concluyente sobre la necesidad de un cambio a fondo. A ello se debió que el Presidente haya contado con un respaldo considerable de la sociedad, aunque regateado por los líderes formales de la oposición. El asunto de mayor controversia y preocupación pública es el del empleo de las fuerzas policiacas.

Un sector de opinión no aprueba que en el cierre de LyFC, el Presidente haya empleado la fuerza pública en tal proporción y medida. En contrapunto, es necesario destacar que la liquidación de la empresa no podría tener lugar sin el control de la infraestructura y operación de LyFC. El dispositivo de seguridad era necesario y altamente recomendable, especialmente por el valor estratégico y carácter de seguridad nacional de las instalaciones y del servicio eléctrico. La superioridad numérica y el factor sorpresa son condiciones de eficacia y del éxito del operativo; además, hay que decirlo, son disuasivos a resistencias que pudieran generar violencia.

El Presidente Calderón tomó la decisión adecuada y la instrumentó de manera óptima, tanto para lograr el objetivo de autoridad, como para disminuir los riesgos implícitos en la medida y que explica que gobiernos pospusieran la medida o que cedieran ante exigencias gremiales que alejaban a la empresa de objetivos elementales de productividad, probidad y eficacia. La opinión podrá estar en contra de este aspecto de seguridad, pero el rechazo hubiera sido considerablemente mayor si hubiesen ocurrido enfrentamientos, trabajadores heridos o terceros ajenos al conflicto lastimados. En tal sentido los resultados convalidan el expediente, aunque es evidente y en ciertos sentidos positivo el que exista una opinión pública alerta sobre el uso de la fuerza pública en conflictos laborales.

El Presidente de la República debe contar con todos los elementos para ejercer sus responsabilidades. En este caso, la mayoría del Congreso ha sido discretamente respetuosa del Ejecutivo, pero pudiera no haber sido. Precisamente, por tal consideración, la división funcional de poderes hace recomendable un Ejecutivo fuerte, que el Congreso no se vea en la tentación de frenar las determinaciones críticas para el país, como ha sido, sin duda, el cierre de LyFC. Un Presidente que requiera del consenso parlamentario para una acción como la que se tomó, es un Presidente inmovilizado por el temor de las fracciones parlamentarias de compartir los costos de decisiones difíciles o por las diferencias legítimas o ilegítimas que pudieran tener los legisladores con las decisiones de autoridad del Ejecutivo.

Ha sido muy positivo y encomiable la función de los medios de comunicación en la cobertura, análisis y evaluación de los hechos. Mención especial para Mileno Tv, la que celebra su primer año de vida; ha sido un mérito singular haber seguido minuto a minuto los hechos del sábado por la noche y mantener puntual y precisamente informada a la opinión pública nacional, como el mismo líder del SME, Martín Esparza ha reconocido. También la radio, la prensa y la Tv abierta han sido fuente de información veraz y espacio público de deliberación.

Es positivo que todas las voces tengan cabida. Los dirigentes del gremio afectado han contado con amplios espacios para expresar su punto de vista y defender sus intereses; sólo no han hablado donde no han querido hacerlo. La manifestación del jueves tuvo amplia cobertura y la voz de los inconformes fue reproducida en encabezados de diarios nacionales y noticieros de radio y Tv. Todo esto nos ofrece una nueva realidad: el ejercicio de autoridad y el apoyo de la fuerza pública en el marco de la gobernabilidad democrática.

Legalidad, equilibrio de poderes, escrutinio social a través de la libertad de expresión y de manifestación y, sobre todo, una sociedad deliberativa son los signos positivos de este acontecimiento político. Lo importante es que el Presidente pueda cumplir sus responsabilidades, que la resistencia o la postura del Congreso no lleve a retroceder o a diluir una determinación de gobierno consecuente con el interés general. Para esto no se puede invocar consenso o aprobación parlamentaria, el único límite válido es la ley. Los opositores pueden tener acceso y ejercer todos los derechos que la Constitución les confiere, pero para revertir la decisión de autoridad, el único medio legítimo y posible es la ley y los procedimientos definidos por ésta.

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