LFC un mes después


Liébano Sáenz

El pasado miércoles 11 fue ilustrativo de la actitud y de lo que son cada una de las partes en el conflicto derivado por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. En un escenario, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub recibía el reconocimiento del gremio de ingenieros; en el otro, El líder Martín Esparza y lo que le queda del SME, acompañado por sectores laborales y universitarios, en una marcha por las calles de la ciudad, expresión muy disminuida de un movimiento que languidece y al mismo tiempo se radicaliza.

El SME ha tenido un manejo deplorable en su estrategia de resistir y revertir la decisión gubernamental. Perdió en todos los frentes. La opinión pública de inicio estaba a favor de la decisión del gobierno, aunque dividida en cuanto al método empleado; ahora, la situación ha cambiado y el gobierno cuenta con un amplio consenso respecto de una decisión que por el temor al SME, fue pospuesta por décadas. Entre otros muchos desaciertos, el haber intentado intimidar a líderes de opinión y medios de comunicación, hizo del movimiento y de sus dirigentes mostrar su peor cara y dio razón al método empleado en la acción de finiquito de la empresa.

La dirigencia del Sindicato también perdió frente a su propia base laboral. Este viernes concluyó el término para que los miembros del SME procedieran a tramitar su liquidación. La respuesta fue abrumadora, cerca de 60% decidió firmar su finiquito. La derrota parece concluyente en el frente más importante, el laboral, aunque persiste una minoría, que seguramente será parte de los movimientos opositores que subsistirán por largo tiempo.

En el balance de los hechos, la acción gubernamental tomó por sorpresa a la dirigencia del SME; por descuido o negligencia, subestimaron la determinación del gobierno para liquidar a LFC. Por su parte, éste ha mantenido una estrategia clara, bien planeada y ejecutada a lo largo del conflicto, experiencia que contrasta con aquella cadena de errores y titubeos que observábamos hace algún tiempo en Atenco por el gobierno federal. El frente legal ha sido cubierto, aunque su desahogo es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación.

El problema de LFC tenía varias vertientes: el costoso impacto financiero de su operación deficitaria; las prácticas laborales insostenibles, por desproporcionadas e inequitativas respecto a los trabajadores en general; la deficiencia del servicio, responsabilidad del sindicato y también de la empresa. Todo esto se agravó por la actual crisis en los ingresos públicos; sin embargo, el problema más serio era la mala calidad del servicio, que la tercera parte de la electricidad distribuida por LFC no se cobraba hacía insostenible la situación. La cifra es abrumadora y contundente. Desde siempre, fueron muchos los intentos desde el gobierno para modernizar a LFC. La resistencia del SME fue uno de los más serios y persistentes obstáculos, lo que hace contraste con el SUTERM, el sindicato de la CFE, que ha podido adaptarse y revisar sus prácticas laborales y que es sustento para hacer modelo de la empresa pública. La intransigencia del SME fue su propia condena.

A la CFE le llevará tiempo para que los estándares de calidad y de servicio propios lleguen al centro del país. Asimismo, a la CFE se le impone una carga significativa al hacerse responsable de una infraestructura que demanda inversión monumental. Por otra parte, la CFE desde hace tiempo está en un proceso de mejora continua y modernización que puede verse afectado por las tareas adicionales, aunque también podría verse estimulado con el nuevo reto. La CFE requerirá más que nunca el apoyo del Presidente Calderón, del Congreso de la Unión y de los gobiernos locales. Por los logros alcanzados, pero, sobre todo, por el desafío que enfrenta la CFE en el futuro próximo, fue muy significativo, como mensaje, el reconocimiento a Alfredo Elías Ayub, un gesto justo para él, para los ingenieros y técnicos de CFE y para todos los directivos y trabajadores que han hecho de la empresa eléctrica una entidad ejemplar en el sector paraestatal.

A las autoridades y a la CFE debe resultarles alentador que a un mes de haber concluido la existencia de LFC, la percepción de los habitantes del centro del país es la de una mejora en el servicio. Es positivo porque en un escenario conservador, la perspectiva razonable era que bastaría que en un mes no hubiera un sentimiento de deterioro del servicio que existía; pero también es comprometedor, porque una decisión de tal magnitud sólo se justifica con un cambio a fondo en la calidad del suministro eléctrico y en una óptima atención al usuario, tema que supone tiempo y que demanda recursos y formas de organización pertinentes a una de las zonas más pobladas del mundo. Si se destierran los maltratos, extorsiones y abusos de la extinta LFC, el consumidor habrá ganado mucho, pero para el gobierno eso no debe ser suficiente, se requiere alcanzar estándares de nivel mundial para poner esta acción como ejemplo y continuar con otros frentes pendientes.

El tema del conflicto –legal, gremial y político– debe separarse claramente del de la solución a cargo de CFE. La recontratación debe ser selectiva y sin comprometer el esquema de eficiencia de la empresa y las prácticas laborales que caracterizan al SUTERM. La administración del conflicto ha tenido logros importantes, pero no debe afectar la calidad y profundidad de la solución. El problema no es qué hacer con los trabajadores liquidados, sino cómo hacerse de una fuerza laboral a la altura de las necesidades y magnitud del reto que se enfrenta.

La CFE es la empresa pública más reconocida y acreditada por su buena administración y operación. Es, de entre éstas, la que mayor claridad tiene sobre su evolución en esquemas de vanguardia. Por su impacto en la economía y también en la vida cotidiana de las personas, es necesario dar garantía de continuidad a estos procesos. A un mes son buenas las cuentas para los usuarios del centro del país; importarán mucho más las que se presenten en un año y en lo sucesivo. Es deseable que los líderes del SME adviertan el daño causado desde hace tiempo, que el caso sea ejemplo para el sector laboral del país. El sindicalismo debe ser aliado no obstáculo de la modernización.

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