Ecos del presupuesto


Liébano Sáenz

Finalmente la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para el próximo año. La polémica se ha hecho sentir; llama la atención que la votación legislativa aprobatoria fue abrumadoramente favorable, números que van a contrapelo de la magnitud de la crítica dentro y fuera del Congreso. Los senadores del PRD y PAN cuestionan el voto de sus propios correligionarios diputados. Su actitud da la razón al Senador Beltrones, “antes de criticar debieran leer lo que cuestionan”. La idea de que el presupuesto tuvo un tratamiento partidista no es ni exacta ni justa; si el PRI gobierna más estados y éstos son los más poblados o los que tienen mayor pobreza, es palmariamente explicable una mayor transferencia de recursos. La Cámara hizo su trabajo y pudo acreditar una postura federalista y municipalista. Aún así, los problemas hacendarios están lejos de resolverse. Se requieren cambios de mayor calado y esto sólo puede concretarse con un acuerdo que haga posible una reforma constitucional.

Los tres órdenes de gobierno deben profundizar en las acciones de auditoría y rendición de cuentas. No se requiere de un informe suscrito por una prestigiada institución como Transparencia Internacional, para llegar a la conclusión de que no se ha avanzado en la probidad. Es un problema de percepción, pero también es una realidad. Sin embargo, lo que resulta muy injusto y desproporcionado es utilizar el argumento de la falta de transparencia para castigar a los ciudadanos a través de las menguadas haciendas estatales y municipales. Ya se ha dicho, la calidad de vida de las personas tiene que ver con la capacidad de respuesta de los órganos de gobierno municipal y estatal. Las soluciones deben tener diseño nacional, su aplicación no debe ser centralista.

Al Congreso de la Unión no le corresponde la tarea de policía del presupuesto de estados y municipios. Es un poder federal y su atribución debe mantenerse en tal ámbito. Hoy día, el centralismo no da buenos resultados, como constata la legislación electoral que hizo del IFE una institución única para la publicidad de radio y tv. Las elecciones locales se han visto severamente afectadas; los organismos electorales, los partidos y los candidatos padecen las consecuencias de un esquema burocrático rígido, muy lento para las necesidades de campañas cortas y, finalmente, contraproducente para la calidad del debate, tema central para hacer del voto una expresión de voluntad razonada.

Los Estados deben ser más activos en crear instituciones confiables y eficaces en el control y transparencia del presupuesto. El Constituyente permanente ha avanzado en materia de transparencia y ha establecido bases comunes para que los Estados legislen; sin embargo, la realidad y la norma van por caminos propios, en ocasiones, contradictorios. Lo cierto es que la regulación y el control deben darse, fundamentalmente, en el mismo ámbito local. Lamentablemente, los procesos de desconcentración de poder y sus expresiones institucionales no han cobrado el mismo ímpetu en los Estados que en el centro del país. Incluso, formas de auditoría social que realizan los medios de comunicación escritos y electrónicos en muchos lugares del país han perdido fuerza o simplemente son marginales en el escrutinio social al poder público.

El ejercicio del presupuesto requiere de mayores controles, supervisión y transparencia, a través de prácticas políticas y sociales e instituciones que operen como instrumentos de control del gobierno y de todas las entidades que reciban recursos públicos.

El hecho es que el presupuesto es un instrumento fundamental para el buen gobierno y para la economía. Empero, no puede haber satisfacción en ninguno de los dos objetivos. La calidad del gobierno –en los tres órdenes de autoridad– no está a la altura de las necesidades del país y de la exigencia ciudadana. El contacto con la autoridad casi siempre resulta lento, burocrático y hasta en ocasiones traumático, aún para las gestiones menores, ya no se diga en temas de justicia o económicos.

Como bien señaló  Ciro Gómez Leyva aquí en MILENIO, el día de ayer en la historia en breve, la economía no es de argumentos ni explicaciones, es de resultados. Las cuentas nacionales no son para presumir y no podemos descalificar con ligereza las observaciones críticas al desempeño económico del país. También es cierto que no todo es responsabilidad del gobierno federal, en más de algún modo el balance sobre el estado de cosas se debe trasladar al conjunto político decisorio nacional. En mucho tiene que ver lo que el gobierno hace o deja de hacer, pero también en la pérdida del ímpetu reformador que caracterizó los tres últimos lustros del poder presidencial a cargo del PRI. Por nueve años el Congreso ha preferido trabajar –utilizando una expresión actual muy a modo– en una zona de confort que poco le ha beneficiado y que mucho daño ha hecho a la nación.

Por ello es importante lo que ha ocurrido en el Congreso con la Ley de Ingresos y en el Presupuesto para 2010. Es la primera vez que la mayoría aprueba normas a partir de la necesidad, no de la comodidad de vivir en lo políticamente correcto. No es un gran cambio, de hecho es muy menor a lo que se requiere, pero así ocurre precisamente porque en el pasado inmediato no se hizo lo debido en ocasión de la reforma hacendaria y energética. Otro aspecto revelador es que el poder político decisorio se haya trasladado del Senado a la Cámara de Diputados y con ello, hay una pérdida de poder de las instancias centrales y una ganancia de los poderes políticos locales y municipales.

La realidad apremia y los cambios no pueden seguir posponiéndose. Los tiempos y ritmos de la sucesión no debiera obstruir las determinaciones que el Congreso necesita alcanzar, pero tampoco puede eludirse esta circunstancia política. Seguramente el tiempo para acuerdos y reformas de trascendencia no alcance más allá del periodo de sesiones de septiembre del próximo año. Una llamada última a esta generación de políticos.

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