¿Habrá reforma?


Liébano Sáenz

Desde el Congreso, los partidos y el gobierno reiteran su voluntad para alcanzar una reforma en el futuro inmediato. Se habla de reforma de Estado, combate a la pobreza, política, hacendaria, laboral y muchos otros temas más. Los escépticos ponen en duda más que la voluntad, la posibilidad misma de los cambios a partir del avance del gobierno del Presidente Calderón, el calendario electoral y, específicamente, la disputa sucesoria de 2012. Sin embargo, el problema no es el calendario, sino si existe un espacio común para llegar a acuerdos.

Algunos creemos que las dificultades de las reformas se derivan de que el gobierno dividido (cuando el Ejecutivo no cuenta con una mayoría afín en el Congreso) no ha podido generar los incentivos para que los actores más relevantes del proceso (partidos y legisladores) se asuman corresponsables del cambio legal. Las iniciativas del Ejecutivo no han sido mejoradas por el Legislativo, con frecuencia se han frenado o se han degradado en el proceso de aprobación. El balance reformador de 12 años de gobierno dividido es claramente desfavorable, respecto al periodo 1985-97. Tal parece, desdichadamente, que la reforma sólo puede cobrar realidad a través de la disciplina implícita en una situación en la que un mismo partido tiene el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria.

La cuestión es que la democracia llegó para quedarse. Además, la desconcentración de poder es irreversible. Uno de los procesos más recientes, que corre en paralelo al gobierno dividido, pero que tiene una dinámica distinta, es el del fortalecimiento de los estados y del DF. El regreso al pasado simplemente es imposible porque hoy, mayores cuotas de poder político radican en las regiones, en el territorio. No deja de ser una paradoja que el partido más fuerte, el PRI, es el partido más débil en el DF. La fuerza del PAN, más que en el centro, está en muchas partes del país. El PRD y el movimiento de AMLO tienen un peso fundamental en el DF, pero en casi todo el resto del país, su expresión es francamente testimonial.

La solución se dirige hacia dos caminos: el cambio de régimen o una reforma estructural de éste. El régimen parlamentario es una buena opción, ya que asimila en una misma figura la mayoría en el Congreso y el control del gobierno, pero implica, una condición en estos momentos imposible, el que los partidos y el parlamento tuvieran ascendencia, representatividad y prestigio, precisamente lo que más carecen como lo han mostrado una y otra vez los estudios de confianza sobre las instituciones políticas y los cargos asociados a éstos. En un país en donde la inseguridad es alarmante, las Cámaras y los legisladores están en niveles semejantes a las de los policías.

Desde hace tiempo se ha planteado la necesidad de disminuir al Ejecutivo para crear al gobierno de gabinete y un jefe electo o ratificado por el Congreso o una de sus Cámaras como instancia intermedia entre el Presidente, el gabinete y el Congreso. En mi opinión es una mala solución a un problema menor que se deriva de la facultad amplia que tiene el Ejecutivo de nombrar a sus colaboradores. Es mala porque fragmenta el poder que tiene a cargo el gobierno y la administración, traslada al Congreso designaciones que no le corresponden y que no lo comprometen más allá del nombramiento (no hay garantía de que el nombrado en sus decisiones tenga el apoyo de la mayoría parlamentaria que lo nombró) y, particularmente, quien ejerciera el gobierno no obtiene el mandato por el voto mayoritario, sino en la negociación política de las fuerzas en el Congreso. Hasta ahora, esa experiencia ha resultado muy perdedora para la ciudadanía, los únicos que han ganado son los que ya tienen poder.

Por otra parte, modificar la estructura del gobierno nacional lleva implícito el de los Estados y el DF, esto quiere decir que disminuir al Ejecutivo con la intervención del Congreso en el nombramiento del gabinete, también habría de ocurrir en los Estados. En esa eventual circunstancia, los futuros gobernadores o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tendrán que declinar su responsabilidad de ejercer el gobierno para trasladársela al jefe de Gabinete que le designe la mayoría legislativa en sus estados. En la percepción de algunos legisladores de oposición, el Presidente Calderón no ha hecho las mejores designaciones, cambiar el régimen presidencial a partir de tal discutible conclusión es un exceso desproporcionado.

Soy de los que apuntan la solución a una reforma estructural del régimen presidencial, no debilitándolo, sino actualizándolo en un cambio que genere incentivos hacia la colaboración, inhiba la irresponsabilidad y haga virtuoso el equilibrio de poderes. Se trata de modernizar la Presidencia con mayores atribuciones en el ejercicio del poder nacional y menores en temas de políticas públicas que pueden ejecutarse por los gobiernos subnacionales, sobre todo, en materia fiscal, social e infraestructura urbana. Por otra parte, el Presidente debe tener iniciativa preferente, una mayor capacidad de veto de los actos del legislativo y una posición de fortaleza en la negociación del presupuesto, incluyendo aprobación de partidas multianuales y descentralizando los ingresos para que no todos los recursos públicos tengan que ser aprobados en un solo momento cada año.

En el orden de la política debe empoderarse más al ciudadano y menos a las élites que dominan partidos y órganos legislativos. En la actualidad, ser irresponsable es posible porque no hay consecuencia alguna, estamos en una situación de incentivos perversos. La democracia y la legalidad en los partidos deben salvaguardarse, así como privilegiar el derecho a ser votado para y por todos los mexicanos, abriendo procesos democráticos al interior de los partidos. Las elecciones primarias entre los miembros de los partidos deben ser obligatorias y las instituciones e instrumentos electorales deben ser facilitadores de tales procesos. La democracia no debe ser opción, sino obligación.

De la misma suerte, es fundamental e imprescindible que el aliento reformador llegue también a los reformadores, el Congreso debe ser actualizado a la funcionalidad que ahora ostente; inhibir y sancionar el tráfico de influencia, obligar al legislador a una efectiva rendición de cuentas, modernizar la fiscalización del gasto público por la Cámara y abrir al votante con listas cortas desbloqueadas la elección de los diputados plurinominales.

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