Blindar campañas


Liébano Sáenz

El tema del financiamiento ilegal de las campañas electorales, una vez más, regresa al centro de la atención. Son dignas de reflexión las palabras del Presidente Calderón sobre la presencia del narcotráfico en elecciones municipales; estas expresiones adquieren aún mayor importancia porque en meses recientes la PGR inició proceso judicial contra varios ediles en Michoacán. El tema no es exclusivo de un estado o de un partido, la amenaza se cierne sobre todas las entidades por igual, donde las operaciones del narcotráfico requieren de protección de policías municipales. El incremento en el consumo de drogas, acreditado de manera fidedigna, requiere de amplias redes de distribución bajo protección o connivencia policiaca.

Las palabras presidenciales obligan a pensar más allá del lugar común de que el IFE debe tener una efectiva fiscalización sobre los partidos y candidatos o de que hay que extender el control a todos los gastos de campaña. Se escucha bien, pero en la práctica no es sencillo porque no es posible someter a las reglas de la formalidad contable electoral todos los gastos que tienen lugar en una campaña, en especial, el trabajo voluntario o el que realiza la estructura territorial de los candidatos o de los mismos partidos. También es un exceso señalar que las irregularidades obedecen al origen criminal de los recursos; no hay lugar a la hipocresía: la competencia por el poder hace del financiamiento un tema central para ganar la contienda.

Es cierto que los grupos delictivos pueden verse tentados a establecer vínculos con candidatos o dirigentes políticos para ganar inmunidad o protección a sus actividades criminales. Sin embargo, esto también puede suceder con posterioridad a la incertidumbre propia del desenlace electoral, sobre todo, porque es evidente que la intimidación ha sido el instrumento más eficaz para debilitar el músculo institucional contra el crimen. De igual manera, los términos de negociación no necesariamente requieren del aval o aceptación de la autoridad política, basta con que el entendimiento ocurra con quien tiene el mando directo y efectivo de la fuerza pública.

La propuesta del PAN de disminuir el gasto público para financiar partidos va a contrapelo de la tesis de que los recursos públicos son para evitar o inhibir la presencia del dinero ilegal en las campañas, cualquiera que sea su origen. También hay que reconocer, en abono a la tesis del PAN, que el esfuerzo institucional del IFE, ha dado resultados muy menores a ese respecto, no obstante que México es el país que más gasta en burocracia electoral y en prerrogativas para partidos y candidatos. La reforma electoral de 2007 no disminuyó sino incrementó  el gasto para campañas, especialmente porque ahora los partidos ya no pagan la publicidad en radio y tv, lo que representaba hasta 80% del gasto electoral y se redujo el número de días para hacer campaña. Sin embargo, persiste el problema de la equidad y el de la presencia de gasto electoral no fiscalizable. Quizás se debiera determinar en la ley que quienes reciban el dinero para campañas sean los candidatos y no las estructuras partidistas, las que regularmente hacen una distribución discrecional. Casi siempre tenemos el caso de elecciones con candidatos pobres y dirigencias partidistas enriquecidas.

En 1996 se modificó  la ley y se estableció un régimen de financiamiento público, en teoría, suficiente para las erogaciones de una campaña promedio o del gasto regular de los partidos. Posteriormente, en 2007, para evitar la inequidad y una eventual interferencia de poderes fácticos, se estatizó  y burocratizó el acceso a los medios concesionados. Los partidos, los candidatos y los ciudadanos perdieron la libertad para acceder a la publicidad con propósitos políticos.

El financiamiento de campañas constituye uno de los grandes retos de todas las democracias liberales. Como muchos de los asuntos de difícil solución, los resultados más razonables apuntan hacia el control del problema y no una solución concluyente. La transparencia y la fiscalización han probado ser medios sumamente útiles, sin embargo, para que sus bondades sean realidad hay que modernizar los instrumentos y procedimientos existentes. La fiscalización debe realizarse en paralelo al desarrollo de la elección, los informes de los partidos y candidatos deben ser públicos y las acciones correctivas y sanciones deben ocurrir antes de que tenga lugar la elección.

La equidad es buena en la teoría y todavía mejor en el discurso, en la práctica suele ser trampa mortal al sentido común o mera farsa como ocurre en nuestro sistema electoral, en el que el partido con mayor número de diputados es el que, constitucionalmente, tiene mayor acceso a las prerrogativas. Las determinaciones no realistas como es el de topes irrisorios en el gasto de campañas conducen a la simulación. Es mucho más práctico privilegiar la transparencia y la fiscalización pública que establecer reglas que nadie cumple, aunque todos simulan obedecer.

Blindar campañas requiere de comicios con elevada participación ciudadana y mayor transparencia, pero, sobre todo, estar en condiciones de ventaja en la batalla que libra el Estado mexicano contra el crimen organizado. Evitar la presencia del dinero proveniente del crimen organizado no está, propiamente, en el ámbito electoral, en lo que haga el IFE o las autoridades internas de los partidos, sino en la capacidad de la sociedad y gobierno para luchar contra el crimen organizado. En particular, se requiere avanzar con mayor determinación hacia su base financiera. El esfuerzo que las autoridades federales y el Ejército mexicano realizan en el campo de batalla no se equipara con la virtual pasividad que existe en el combate a las operaciones financieras de los delincuentes. Mientras el crimen deje grandes utilidades, el Estado difícilmente podrá revertir una de sus mayores y más recientes derrotas, no importa el número de bajas de los criminales. También se requiere revalorar la propuesta del Secretario de Seguridad Pública de desaparecer a las policías municipales e incorporarlas a un régimen a cargo de los gobiernos estatales, para así evitar que la presión se ejerza sobre el eslabón más débil de la cadena institucional, el municipio. En suma, blindar campañas requiere ganar la batalla originaria, la del Estado mexicano contra el crimen organizado.

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