El Cordero pascual


Liébano Sáenz

El Presidente ha renovado su gabinete a punto de iniciar la Pascua Navideña. El cambio más significativo ha sido la promoción del Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero a la Secretaría de Hacienda. También es trascendente la propuesta de Agustín Carstens para dirigir al Banco de México; releva a Guillermo Ortiz, un economista a quien se le acredita, con justicia, una aportación cardinal a la estabilidad macroeconómica del país. El Subsecretario de Economía, Heriberto Félix Guerra, es nombrado Secretario de Desarrollo Social y actualiza no sólo al gabinete, sino las opciones del PAN a la candidatura presidencial.

Es sano para el país el relevo generacional; es explicable la reserva de no pocos al respecto; el cambio genera incertidumbre y hasta resistencias. La duda que algunos tienen sobre los funcionarios designados no deben volverla certeza. Algunas de esas críticas están fincadas en la buena fe de quienes las formulan; en otros casos, afortunadamente los menos, las opiniones sobre Ernesto Cordero, Agustín Carstens y Heriberto Félix se basan en el prejuicio. Por ejemplo, si es el caso de que al Presidente lo animó designar a Félix Guerra responsable de la política social e impulsar una biografía con propósitos de ampliar las opciones sucesorias en su partido, de alguna forma repetiría lo que ocurrió en 1992, cuando el Presidente Salinas nombró al presidente del PRI, titular de la dependencia a cargo de la política social.

No hay razón válida para cuestionar la designación de Ernesto Cordero en la Secretaría de Hacienda. Es alentador y positivo que el Presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, uno de los economistas más serios del PRI, dé la bienvenida al nuevo funcionario no sólo como actitud propia de la civilidad política, sino a partir de la convicción personal de que ha sido un buen nombramiento y de que habrá de dar buenos resultados para el país. La empatía generacional entre ambos políticos se traduce más que en buenas formas, en el ánimo de colaboración a partir del respeto y del interés compartido para el buen desempeño de la responsabilidad que a cada uno atañe.

Esta postura contrasta con la de los voceros del tricolor en el Senado. De manera interesada descalifican la designación presidencial bajo la tesis de que no tiene otra base que la amistad y la proximidad en el afecto, como si fuera una falta pertenecer al círculo cercano de los colaboradores del Presidente. El ascenso de Ernesto Cordero y su arribo a la cartera más importante del gobierno federal es el reconocimiento del Presidente a un colaborador que ha cumplido con su responsabilidad. Es explicable que la oposición en el Senado tenga sus reservas, pero esto no sólo tiene que ver con el prejuicio y el interés de cambiar las reglas para que el Presidente pierda la libertad de designar colaboradores: lo que está de por medio es una disputa a futuro, para que el mandatario que triunfe en las urnas en 2012, sea o no del PRI, tenga que entenderse con quienes dominen las Cámaras, sin importar la calidad del mandato. Una minoría, por su condición de fiel de la balanza, como ocurrió en 2006, puede ganar un espacio de influencia sin el aval del voto mayoritario de los mexicanos.

No es propio ni positivo para la colaboración entre poderes que el Senado anticipe sentencias de desempeño a los funcionarios del Poder Ejecutivo, no es ese el propósito de la división de poderes o el ejercicio responsable del pluralismo. En todo caso, lo que sería recomendable y hasta necesario, es poner sobre la mesa las verdaderas preocupaciones políticas que el país sí tiene, como es el uso partidista del presupuesto, la urgencia de una reforma hacendaria, el equilibrio en las finanzas públicas, la supervisión eficaz del sistema bancario para que cumpla sus responsabilidades con el desarrollo; en fin, política económica al servicio del Estado, no de un régimen o un partido.

Las credenciales de Agustín Carstens no son incompatibles con la autonomía del Banco Central. No es válido cuestionar la independencia del funcionario por haber servido como titular de la Secretaría de Hacienda. Habrá de recordarse que Guillermo Ortiz fue muy cuestionado al haber sido propuesto por el Presidente Zedillo; sin embargo, su desempeño fue ejemplar y sus buenas cuentas son ahora ampliamente reconocidas dentro y fuera del país. El Senado tiene el deber de verificar si el funcionario cumple con los requisitos de ley y si no tiene una incompatibilidad grave para desempeñar el cargo. La ratificación no debe ser empleada para determinar si el funcionario propuesto es ideológica o políticamente afín a la mayoría en el Senado, tampoco para presionar al Ejecutivo o lograr concesiones ajenas al proceso de ratificación.

La valoración sobre los funcionarios designados debe hacerse a partir de su desempeño. El PAN, en su condición de partido gobernante, respalda las designaciones. La oposición más que expresar sus reservas, debe hacer explícitas sus preocupaciones. Debe eludir el ataque personal al Presidente y a los designados y discutir sobre los temas de fondo y, eventualmente, las condiciones para lograr una reforma económica que sirva al país; el PRI así lo ha externado, también los gobernadores y diputados, falta que el Senado acredite su respeto al Ejecutivo y su voluntad de hacer realidad la reforma que el país requiere, no la de los intereses individuales o de grupo.

Cierto es que las designaciones en el gabinete complican el marco de la negociación para las reformas estructurales. Es preciso aprovechar los próximos meses para hacer realidad cambios importantes en materia económica, como bien pudo lograrlo el Senado en días pasados en materia de Ley de Amparo. Es preciso que la disputa por el poder en 2012 se dé no sólo a través de canales democráticos, sino en un entorno más favorable para el país en materia económica, seguridad y justicia social. No es razonable que los actores de peso político apuesten al desastre, al menos no lo es para un partido que ahora cree tener perspectiva de éxito para la próxima contienda presidencial.

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