2010, llamada para las reforma pendientes


Liébano Sáenz

Expreso mis parabienes en este año nuevo a todos a quienes interesan estos temas y me hacen el favor de leerme.

La reciente iniciativa de reforma política del Presidente Calderón ha merecido comentarios de diversa naturaleza. Al iniciar este emblemático año, es políticamente sano y conveniente que el debate no se reduzca a los espacios o los actores formales de la política. La sociedad en su conjunto debe participar, así como todos los sectores que se asuman involucrados por lo que la propuesta presidencial contiene o bien por lo que omite. Lo importante es mejorar la calidad de la política y de esta forma la de los gobiernos en su conjunto, así como las instituciones representativas como son los mismos partidos y los órganos legislativos.

La propuesta presidencial atiende diversos aspectos que se habían dejado de lado; su desenlace es incierto, pero abre el debate y el Presidente gana iniciativa política en temas fundamentales. Sería conveniente que los partidos y los legisladores, además de definir posición respecto a la iniciativa del Ejecutivo, también plantearan propuestas responsables respecto a la reforma del Congreso y de la vida interna de los partidos para así lograr un mejor avenimiento con la vida democrática del país. La reforma debe alcanzar, también, a los gobiernos locales y municipales, pero no en un sentido regresivo del federalismo, sino para recuperar su potencial, mejorar su calidad y aportación para un mejor gobierno, la verdadera reforma del poder en sentido de su desconcentración.

En las próximas semanas seguramente el Presidente habrá de presentar una propuesta análoga de cambio estructural en materia económica. La situación del país es apremiante. El avance en reforma económica que se ha alcanzado en estos tres años ha quedado muy corto respecto a las necesidades del país. Aspectos a destacar es revolucionar nuestro actual esquema y trasladar mayores responsabilidades a las entidades en materia fiscal, así como atribuciones que las hagan más corresponsables de decisiones que el régimen actual no ha podido concretar.

Revertir el previsible deterioro de los ingresos petroleros y sus dramáticas consecuencias en las finanzas públicas y en la calidad de los gobiernos no fue atendido en la magnitud que se requería. Una actitud de regateo y mezquindad por parte del Congreso, puede tener el efecto de posponer la reforma que se requiere. Lamentablemente, ha sido el caso y ahora tendrán que pagarse las consecuencias de dicha insuficiencia. El polémico incremento de estos días en los combustibles es una de las secuelas, así como la disminución en la calificación de la deuda pública soberana nacional. Son temas fundamentales porque va de por medio el bienestar del país y su capacidad para embonarse en la dinámica de recuperación mundial. El desempleo o la desigualdad no se resuelve por decreto, sino por una economía con tasas de crecimiento suficientes y duraderas, justamente, lo que no ha ocurrido desde 2001.

Este año de conmemoración de la Independencia y Revolución debe ser un ejercicio colectivo de reconciliación nacional. No sólo aquella a la que alude la política y las heridas abiertas de los comicios de 2006, sino la del reencuentro del país con sus ideales y su potencial para mejorar. Hay logros significativos de los que hemos perdido perspectiva, como es el alcanzar la democracia y las libertades políticas plenas en 1996. A partir de allí, el país debe reemprender un mejor porvenir, anteponiendo la atención a los problemas nacionales como es la ancestral desigualdad y pobreza, la inseguridad o la insuficiente calidad de los gobiernos.

Este reencuentro nacional riñe con un proceso sucesorio anticipado. Poner el acento en una competencia futura obstruye el entendimiento y el acuerdo, al adquirir relieve la diferencia y oposición. Si se anticiparan los tiempos sucesorios, quienes se asumen a la delantera no buscarían arriesgar su posición con el cambio; quienes se sienten en desventaja, radicalizan su postura y su crítica al adversario con el propósito de disminuir distancia y de paso lograr cambios a modo.

La propuesta del Ejecutivo en materia política debe analizarse con apertura. En mi opinión hay varios aspectos negativos y otros muy positivos, entre éstos, precisamente los que la oposición ha rechazado, esto es, fortalecer al Ejecutivo en su relación con el Legislativo. Por la misma consideración, he insistido sobre la inconveniencia de que el Gabinete sea ratificado por el Legislativo o alguna de sus Cámaras, todavía más preocupante sería crear la figura de Jefe de Gabinete, expediente contra el principio republicano de que el voto popular es el sustento de toda autoridad, además de fragmentar el poder Ejecutivo de la Nación.

Un aspecto que debe considerarse con urgencia es enmendar los excesos de la reforma electoral de 2007. No se puede hacer del IFE administrador exhaustivo del acceso a radio y tv. Esta tarea no sólo lo distrae de su responsabilidad fundamental que es organizar elecciones, sino que lo somete a un desgaste y confrontación con los partidos y los medios de comunicación. Adicionalmente, deben modificarse las disposiciones constitucionales restrictivas de la libertad de expresión. La política a todos atañe y es tan importante que no puede dejarse sólo en manos de los políticos, de sus organizaciones y a través de procedimientos que anulan el ejercicio de las libertades, incluso hasta para los mismos partidos y sus miembros, como actualmente ocurre.

Es una agresión contra el federalismo el que el IFE determine en tiempos y modos la manera como los partidos acceden a la publicidad en medios electrónicos en procedimientos locales. Se logró disminuir significativamente el tiempo de campañas; sin embargo, el “espotismo” se impuso, tergiversando el debate que se requiere para promover un voto informado.

Es evidente que las reformas pendientes deberán concretarse en los próximos meses. El tiempo afecta las posibilidades del acuerdo. Los partidos y el Congreso tienen la palabra. En el marco de la bicentenaria conmemoración, es necesario actuar en amplia perspectiva y en términos fundacionales. Se trata de enriquecer la propuesta presidencial y abrir el debate a toda la sociedad. La política deberá acreditar en los hechos y en sus decisiones que está al servicio del país.

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