El Presidente con los intelectuales


Liébano Sáenz

Es aconsejable por su obvia utilidad, que el Presidente tenga encuentros con ciudadanos representativos. Ahora se confirma que la iniciativa de reforma política del Presidente, recogió algunas de las ideas de un prestigiado y diverso grupo de académicos. Se entiende el porqué y es conveniente que estas propuestas alcancen espacios más amplios como el político y el periodístico. Aún así, hay que extender el espectro del debate; incorporar más voces y remitirlo a todo el país, especialmente si la iniciativa tiene un significado fundamental para modificar las instituciones políticas vigentes.

La propuesta sobre la reelección consecutiva de legisladores merece una reflexión más sustantiva. No somos pocos los que vemos problemas serios en ella; creemos que es una reforma que en sus efectos apoya al status quo, que frena el relevo generacional en curso y que las bondades que se le acreditan están más en la teoría que en la realidad. Además sería irreversible, porque sus beneficiarios son los responsables de cambiarla. La reelección ha sido desde siempre una propuesta del PAN y de algunos círculos de la vieja izquierda mexicana, aunque para ésta, se enmarcaba en la evolución a un régimen parlamentario.

Además, es cierto, la reelección consecutiva puede disminuir las tendencias a la partidocracia, pero abre la puerta grande a la compra de votos por parte de la oligarquía, una de las principales preocupaciones de muchos intelectuales y líderes de opinión. La realidad es que los votos pasan no sólo por las cúpulas partidistas, sino por los intereses que inciden en la elección, sean los cacicazgos, mecenazgos, el financiamiento ilegal en cualquiera de sus expresiones. En el mundo real de la política, legisladores preocupados en su reelección no necesariamente los hace más responsables o representativos.

Es útil que los promotores de estos cambios escuchen, sin ideas preconcebidas, los argumentos de quienes se resisten a una modificación de tal naturaleza. Hay reformas para retroceder, como ocurrió con la electoral de 2007, que, por cierto, debiera estar en el centro de las preocupaciones de quienes hacen de la libertad vocación y condición. Los aspectos restrictivos de la libertad de expresión deben revertirse. Igual, el centralismo que impone a los comicios locales condiciones totalmente disfuncionales al desarrollo normal de las campañas como es el acceso burocrático a la radio y televisión. También el IFE debe regresar a su función de organizador de los procesos electorales y no de administrador y policía de la publicidad electoral.

De comentarios periodísticos se infiere que el Presidente está inconforme con los efectos de inequidad por la reforma constitucional de 2007. Es un hecho y aquí lo consignamos desde la elección de Guerrero, que la reforma instituía la inequidad. Que el remitir al resultado de la elección de diputados precedente, el acceso único a las prerrogativas y a la radio y tv, constitucionalizaba la inequidad, precisamente, el argumento que movió a los senadores para dar entrada a una propuesta draconiana que cerraba las libertades a candidatos, partidos y a los mismos ciudadanos. Un diagnóstico parcial sobre lo que ocurrió en los comicios de 2006, les llevó a una determinación contraproducente. La cuestión es que los tres partidos, incluyendo el del Presidente, aprobaron virtualmente por unanimidad tales disposiciones. Hubo oportunas voces de alerta que se ignoraron. El hecho es que es necesario hacer un cambio correctivo de manera urgente. Las nuevas propuestas no abordan tal circunstancia.

Aquí hemos dicho que las reformas no deben valorarse por las intenciones de quienes las promueven, tampoco por la proporción de la mayoría parlamentaria que las aprueba o el aval social consignado. Los cambios institucionales sólo pueden justipreciarse por sus efectos y es una pena, que muchos de los cambios positivos de la reforma de 2007, necesarios y urgentes como fue reducir el tiempo de campañas o regular precampañas, se hayan pervertido en el proceso legislativo. Por ahora, a menos de dos años de que inicien los trabajos para los comicios de 2012, son muy pocas las voces que atienden a la necesidad de corregir los excesos y errores de esa reforma. Todavía más, y aquí abordo un tema no tanto doctrinario sino de viabilidad política, en las condiciones objetivas actuales, esos cambios se advierten de difícil aprobación y su debate, sólo distraería de temas urgentes, como es el económico y el social. Voy al ejemplo: se está proponiendo la reducción de la Cámara de Diputados. De aprobarse tal iniciativa, obligadamente se tendría que redistritar el territorio y si así sucede, todos los partidos se verían obligados a ajustar su estructura territorial para llegar a la elección con el ajuste que esto implica. Lo que haría prácticamente inviable su aceptación por parte de la mayoría de los partidos.

Los partidos debieran tener la iniciativa para el cambio institucional. No se ha concretado la prometida reforma al Poder Legislativo. Tampoco se ha hecho realidad la urgente reforma judicial; van seis años de la publicación del Libro Blanco por la Corte y sólo se han recogido temas marginales. Igualmente, hace poco menos de seis años, en un hecho inédito, los gobernadores y el Presidente, con representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, coincidieron en una serie de propuestas para una reforma hacendaria, antes del previsible desplome de los ingresos petroleros y sus graves consecuencias sobre las finanzas públicas.

Una clase política que no escucha, ni siquiera lo que ellos mismos hicieron y acordaron en el pasado inmediato, explica muchos de los problemas del país y las dificultades para alcanzar reformas de fondo. Es un juicio aplicable no sólo a un partido o a un gobierno, sino a una generación de políticos; la que se hizo del poder a partir de la elección de 1997, cuando el Presidente perdió mayoría en el Congreso e hizo necesaria e indispensable la colaboración y la corresponsabilidad del conjunto de la diversidad política. Más de una década de obstrucción y en ocasiones hasta de chantaje por la oposición. Un país rehén de las malas prácticas y las ambiciones estrechas de los integrantes de su clase política; negados a cambiar no obstante las lamentables consecuencias para el país. La llamada generación del fracaso.

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