Alianzas, cooptación y extravío ideológico


Liébano Sáenz

Hacer alianzas electorales es ya parte del paisaje; también lo es el intento del rival de asignar costos cuando opositores antagónicos, valga la redundancia, deciden ir de la mano. Que las alianzas o las coaliciones sean comunes no las hace aceptables, sobre todo, si lo que las explica es la debilidad de los partidos y el imperio del oportunismo electoral, como parece ser el caso ahora.

La experiencia de las coaliciones electorales entre opositores para elegir gobernador tiene expresiones encontradas. Dos casos electoralmente exitosos -Nayarit en 1999 y Chiapas en 2000-  arrojan resultados contradictorios. Esos gobernadores, en ambos casos, mantuvieron un aceptable nivel de acuerdo. Por la buena relación que tuvieron con el Presidente Fox, los Estados también se vieron beneficiados con obras federales de importancia. Sin embargo, los gobernadores electos aludidos, no fueron consecuentes con los partidos que los postularon y en ambos estados se vivió la alternancia, como partido en Nayarit, y como grupo político en Chiapas. En el balance final los partidos perdieron y hay mucho que aprender de aquella lección.

Desde el punto de vista de ética es muy discutible que un político que ha hecho su carrera en una organización política se pase a otra en búsqueda de la postulación de una candidatura. ¿Quién coopta a quién?, ¿el político al partido o el partido al político? No se puede responder igual para todos los casos, pero en la mayoría quien más pierde es el partido. El político, en especial si gana el cargo, verá materializar una legítima ambición de carácter personal y hasta con una enorme independencia de quienes lo llevaron al poder. El partido estará en condiciones adversas, incluso en caso de triunfo. Si la postulación se hace por organizaciones opuestas mayor será la incertidumbre de los partidos postulantes y mayor la autonomía y libertad del gobernador electo.

La justificación para hacer candidatos a políticos de otros partidos casi siempre tiene que ver con la debilidad electoral y el extravío ideológico de los partidos que los postulan. La inexistencia de una base electoral fuerte y sólida en la entidad del caso y la ausencia de figuras políticas de relevancia, decididas a abanderar la causa, explican la aventura de hacer candidato a quien hasta hace días -si no es que horas- estaba en la acera de enfrente, formando parte de una causa o bandera política, en algunos casos no sólo distinta, sino contradictoria al partido postulante. En tales condiciones, sobre todo cuando hay una coalición entre opositores, debe verse como un partido que ha decidido renunciar a su programa en aras de un discutible triunfo.

Lo cierto es que para los partidos en su expresión local, cuando se sienten derrotados de antemano, existe la tentación de colgarse de un candidato “popular”, aunque no necesariamente representativo, incluso puede presentarse el caso de que no haya deseo de que el candidato postulado gane el cargo. Un candidato de tales características no sólo da votos, importantes para las prerrogativas de ley, también puede ser la plataforma para triunfos en el Congreso local y en algunos ayuntamientos. Por ello la negociación más difícil no sólo está en la postulación misma, sino en el pliego petitorio paralelo con la lista de candidaturas de candidato y partidos. Un candidato con libertad de postular candidatos, puede llevarse una porción del partido que abandonó; un candidato sin margen, estará sometido y posiblemente disminuido por el bajo perfil de los cuadros que le acompañen.

En el debate sobre el pacto entre el PRI y el PAN para no celebrar alianzas en el Estado de México nada hay que sorprenda, sólo si se acompaña la ingenuidad o la hipocresía. Es explicable que los partidos que están negociando una agenda amplia de compromisos –de gobernabilidad o de atención al déficit en las finanzas públicas– asuman el acuerdo compartido de no realizar alianzas con un tercero en el polo de la oposición, tal como sucedió en el documento dado a conocer por el diputado César Nava. Es un compromiso para el PAN, pero también lo es para el PRI. Para el PRD y asociados sería altamente rentable un acuerdo con el partido con mayores posibilidades de triunfo, aunque es difícil que éste, por su propia circunstancia, accediera a concertar una coalición de tal naturaleza.

Ingenuidad o hipocresía, sobre todo cuando esta crítica viene de políticos profesionales que en su trayectoria han participado de este tipo de entendimientos. Es incomprensible que haya en el PRI quien afirme que es un acuerdo deshonesto, porque es indiscutible que el triunfo del tricolor en la elección local más importante, justo un año antes de la presidencial, tendría un efecto muy favorable en la elección general de 2012. Fue un acuerdo fructífero y es posible que el reclamo tenga como origen la exclusión de la que en su momento fueron objeto.

Lo incomprensible se torna en obvio una vez que se entiende que lo que está de por medio es la disputa por la candidatura presidencial. También en el otro extremo, el dirigente nacional del PAN César Nava y el Senador Carlos Navarrete del PRD, buscan afectar al prospecto de candidato con mayor fortaleza; es parte del juego y tampoco nadie puede invocar sorpresa. Cuando el golpe viene de un competidor de casa es indefendible la postura del golpeador, pero no logra pasar inadvertido, la política no es asunto de ingenuos. Aquí, no sólo es la disputa por la candidatura presidencial, sino establecer el terreno de negociación al interior del PRI ante una eventual recuperación del poder presidencial, un ejercicio de chantaje, presión y golpe bajo, juego sucio.

Para el caso de los comicios de 2010 es difícil que las alianzas resulten en triunfos sorpresivos. De ser el caso, sería una tragedia para los partidos que las suscribieron porque, para su desgracia, el único argumento que las convalida es el triunfo electoral. Una derrota de tal tamaño se vuelve sumamente costosa en todas las expresiones del término. Pero, sobre todo, el precio más elevado habrá de presentarse en los casos en los que los partidos decidieron postular a candidatos que militaban activamente en el partido contrario. Sería una triple derrota: la que representa por sí misma la coalición de contrarios, la de hacer candidato a un adversario y el resultado electoral adverso.

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