Tiempos de unidad


Liébano Sáenz

La magnitud de los problemas en el frente de la inseguridad reclama un llamado enérgico por la unidad. No se trata de que los actores sociales o políticos se desentiendan de sus particulares intereses, sino que la promoción de éstos no comprometa la unidad en lo fundamental. El país debe estar preparado para un escenario en el que persista la violencia vinculada al crimen organizado, incluso pudiera haber un escalamiento del problema. No nos engañemos, la violencia que estamos padeciendo, significa un severo deterioro del Estado de derecho y de las instituciones; no caigamos en la cínica tentación de verla como parte del paisaje. Esta circunstancia es de la mayor preocupación por lo que debiera servir de terreno común de partidos, legisladores, gobernantes y líderes sociales. Ninguno de éstos puede mantenerse ajeno a la gravedad en la que el tema ha caído.

Las elecciones de 2010 no deben distraer a las autoridades y a los legisladores federales de sus responsabilidades. La disputa por el poder local debe dejarse en el ámbito de los quince estados con comicios locales. Es cierto que lo que allí suceda repercutirá en las perspectivas futuras de los partidos y de los candidatos; pero, una vez decidido el tema de las coaliciones y candidaturas, las elecciones habrán de resolverse en el espacio de lo local. La intervención que se haga desde el centro poco puede contribuir a modificar las tendencias del voto, aunque sí para enrarecer los comicios y a polarizar la política nacional.

La prioridad de hoy día es concretar los acuerdos que el país requiere para mejorar la calidad del gobierno y del sistema de representación; lograr la reforma estructural para reemprender un crecimiento sostenido y, desde luego, construir el paquete de herramientas que fortalezcan la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.

Es determinante, por lo que significa, crear condiciones de armonía que garanticen al país que no existe fisura alguna en el tema de la lucha contra el crimen organizado. Que se agrave la violencia no necesariamente significa que la estrategia del gobierno queda total y absolutamente descalificada. Asumirlo así es una invitación para que la delincuencia organizada incremente sus acciones violentas, precisamente para generar una mayor presión social y política sobre el gobierno federal.

Los acontecimientos en Ciudad Juárez, requieren un diagnóstico más profundo. Desde luego que persisten variables sociodemográficas y su condición de puerto fronterizo donde convergen pobladores de origen con migrantes de muchas partes del país y de América Central y expulsados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Hay un problema de descomposición social que tiene que ver con la economía fronteriza y la pérdida de valores y de elementos tradicionales de identidad. Hay expresiones delictivas que significan un desafío a los conceptos convencionales, especialmente en jóvenes que padecen una severa crisis de expectativas, entreveradas con aspiraciones de ascenso social y material.

Todas las muertes son lamentables. En Ciudad Juárez, los gobiernos federal, estatal y municipal, dicen haber hecho todo a su alcance para aliviar la situación; sin embargo, la sociedad desespera porque anhela un cambio inmediato. Allí y en otros lugares donde se han dado casos reiterados de violencia, la población se ve a sí misma, muy expuesta al crimen y asume, en algunos casos, impotencia, en otros, indolencia por parte de las autoridades. Al ambiente se ha agregado el efecto del homicidio de tres personas vinculadas al consulado de EU, lo que ha motivado que el gobierno de ese país extreme su preocupación por la inseguridad de la frontera y exija de las autoridades mexicanas que los responsables sean llevados a la justicia.

El Presidente de la República es el representante del Estado mexicano; es de interés elemental la unidad en su entorno a manera no sólo de salvaguardar la soberanía nacional, sino de establecer términos más eficaces de colaboración entre ambos gobiernos. Mejor y mayor información, pero sobre todo, una perspectiva compartida para luchar contra una expresión criminal del mundo global. No son las recriminaciones las que aportan soluciones.

La unidad en torno al Presidente, se facilitaría en la medida en que el gobierno federal acredite imparcialidad y un compromiso efectivo por el interés superior del país. Anticipar prioridades electorales, especialmente por la autoridad, dificulta el diálogo y abre espacios a la polarización y a la desconfianza. El debate de la semana pasada en la Cámara de Diputados debe verse como un episodio que muy poco aporta a los propósitos de un acuerdo nacional.

Por origen, circunstancia e historia, es mucho lo que el PAN invierte en la apuesta de las alianzas con el PRD. Todavía más costoso ha sido el postular candidatos totalmente ajenos a su doctrina y postulados ideológicos. En tales circunstancias, el pragmatismo electoral es una negación al proyecto de partido conocido hasta hoy. Todavía más grave es que la coalición entre opuestos esté motivada por debilidad y temor al adversario del centro.

El PRI y el PAN son dos fuerzas políticas fundamentales para la gobernabilidad del país. Es difícil entender que la dirigencia del PAN haya optado por la confrontación con la fuerza política necesaria para alcanzar las reformas que el país requiere. Tal pareciera que los objetivos electorales se han privilegiado sobre los de reforma. En este orden de ideas, es inevitable concluir que el PAN y el gobierno han dado por cancelado el entendimiento parlamentario para hacer realidad las reformas en estudio. Un partido gobernante puede perder la elección, incluso su pureza ideológica, pero no su sentido de responsabilidad y el compromiso derivado del mandato democrático que lo llevó al poder.

Más allá de la disputa electoral –la presente y la futura-, las dirigencias deben dar curso al entendimiento. En materia de seguridad es necesario un frente común entre los tres órdenes de gobierno, así como un compromiso más explícito por parte de la mayoría en las Cámaras federales para hacer realidad los cambios legales propuestos. Lo mismo debe plantearse en materia de reforma política o económica. Sin renunciar a su identidad y perspectivas, hoy es necesario convalidar la unidad en lo esencial.

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