Reforma y elecciones


Liébano Sáenz

Después de casi una década de haberse dado la alternancia en la Presidencia de la República y más de 12 años de mayoría opositora en el Congreso, los partidos y los legisladores deliberan sobre el cambio institucional. El balance sobre los resultados de la actividad política en este tramo, no es favorable; lo más simple es invocar la falta de destreza o eficacia de los hombres de poder, la cuestión es que las reglas del juego existentes no son funcionales a los problemas que enfrenta el país.

Si la eficacia del Congreso se midiera por la calidad y seriedad de las reformas aprobadas en dicho periodo, la calificación es claramente negativa, en especial si se compara con el pasado inmediato; la década que le antecedió fue prolífica en cambios económicos y políticos de profundidad. No hay lugar a la referencia nostálgica del pasado, sí en cambio, para recuperar en el México de la democracia, la capacidad de reforma que caracterizó al México de ayer. El desafío mayor del arreglo democrático es hacer realidad la capacidad de reforma. La política, los partidos y el Congreso pierden el reconocimiento y la confianza ciudadana, en la medida en que no hay capacidad para dar lugar a cambios que hagan realidad un mejor gobierno.

Ahora, por el acumulado de los cambios pospuestos y de las malas reformas resultantes, hacen que coincidan lo urgente y lo importante. Sin embargo, el entorno existente complica considerablemente que se puedan concretar las reformas; la polarización de hace seis años no ha desaparecido, sino se ha ido reeditando, incluso al interior de los partidos políticos. En las tres grandes organizaciones se viven procesos de desencuentro que dificultan no sólo su unidad interna, sino la capacidad para lograr acuerdos. Las querellas que se dan hacia dentro de los partidos se corresponden a una disputa que tiene como origen el pasado, en buena parte, el desenlace de las elecciones de 2006. El México de la democracia deja un registro de malos ganadores y peores perdedores, por ello los comicios son procesos recurrentes de agravio; la reconciliación y el entendimiento han desaparecido del diccionario político mexicano.

Pero también la disputa anticipada por el 2012, dificulta la reforma. Más allá de la opinión que merezca la alianza entre el PAN y el PRD y su discutible eficacia electoral, su efecto fue alejar el acuerdo del horizonte; también contribuyó negativamente que el PAN decidiera postular candidatos a gobernador pertenecientes al PRI. Para un partido gobernante hay peores cosas que perder una elección, por ejemplo, renunciar a su mandato, a su proyecto partidario y a sus propios militantes.

Para darle gobernabilidad y eficacia al régimen presidencial, lo importante es la reforma institucional. Las propuestas conocidas contribuyen en mayor o menor grado a ese propósito, pero todavía está por conocerse una opción reformadora que incluya simultáneamente a la Presidencia, al Congreso y al sistema de partidos. Es encomiable que algunos aspectos de la iniciativa del Ejecutivo, de los Senadores y Diputados del PRI remitan a la modernización de la Presidencia; sin embargo, se requiere mucho más de lo propuesto, entre otras cosas, la manera de dotar al presidente de instrumentos en un entorno de equilibrio de poderes y de una mayoría no afín en el Congreso. Los partidos deben abrirse a la democracia interna, así como a la legalidad de sus procedimientos.

Sin embargo, lo urgente nos remite a la necesidad de concretar una reforma que mejore las deficiencias de la contrarreforma electoral de 2007. Consejeros electorales del IFE han manifestado su preocupación de ir a los comicios presidenciales con las reglas que se definieron al amparo del agravio, la indolencia y el oportunismo. Tienen razón los consejeros que aluden a la inconveniencia que implica la saturación que provocará la propaganda electoral por el espotismo; la solución no es cambiar promocionales de 20 a 30 segundos, sino recuperar un sentido de responsabilidad en el uso de los medios de comunicación, en especial, dar oportunidad a que los partidos y los candidatos puedan debatir y plantear propuestas que motiven la participación electoral y que contribuyan a que el voto sea una decisión razonada. También es importante que los órganos electorales de los estados puedan cumplir sus funciones y eliminar el centralismo que les impuso la desconfianza que inspiró la reforma de 2007.

Es urgente que los partidos y las instituciones electorales asuman el compromiso de prestigiar a la política. Los partidos deben alejarse del pragmatismo y apostar más a ellos mismos, a sus programas, ideología y propios cuadros. La democracia y la legalidad interna están en una severa crisis. Hoy más que nunca partidos y legisladores están distantes de la sociedad que dicen representar.

Son deseables los cambios constitucionales de gran calado, pero las dificultades en su realización no deben distraer al Congreso de atender lo urgente. Los comicios de 2012 están en puerta y es necesario hacer realidad cambios correctivos al marco electoral, a partir del interés ciudadano y del propósito de lograr comicios justos y transparentes. Las elecciones de 2010 muestran la inconveniencia del centralismo electoral, especialmente, en lo referente al acceso a la radio y tv. El esquema restrictivo de libertades debe ser examinado críticamente por el Congreso y asegurar que el positivo afán por la equidad no implique la restricción de los derechos políticos.

El país a lo largo de su historia registra como constante crisis al momento de la sucesión presidencial. Los comicios de 2000 son la excepción; hay por entender algunas lecciones positivas de dicho proceso, entre otras, la libertad con la que los contendientes pudieron concitar la voluntad ciudadana, la equidad de los medios de comunicación y la imparcialidad del aparato gubernamental. Ahora corresponde a los legisladores dar curso a un cambio legal que propicie elecciones justas y con resultados convincentes, que den lugar a la reconciliación y a un gobierno eficaz.

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