La reivindicación de Baltasar Garzón


Liébano Sáenz

El 5 de diciembre de 2005, en el Centro Rey Juan Carlos I de España, con sede en la Universidad de Nueva York (NYU), tuvo lugar un encuentro convocado por el Juez Baltasar Garzón, sobre el tema de las transiciones democráticas, en el que estuvimos como participantes el escritor y periodista español Antonio Muñoz Molina, el ahora embajador de Argentina en EU, Héctor Timerman, el escritor Paul Berman, el ex embajador de Venezuela Enrique Tejera y quien esto escribe. La discusión se centró en el tema de la acción de justicia sobre los crímenes del pasado de los países que habían transitado a la democracia y las decisiones de punto final que algunos países habían suscrito. La polémica fue interesante, además de emotiva. La pregunta fundamental ¿debe una sociedad que ha resuelto su transición a la democracia hacer rendir cuentas a quienes abusaron de los derechos humanos en el pasado?

El anfitrión y organizador, el Juez Garzón, es un ícono mundial en el empeño de hacer valer la justicia; nadie como él personifica la lucha judicial contra los dictadores y los terroristas. La acción legal contra Augusto Pinochet artífice del golpe contra Salvador Allende y jefe de la dictadura militar por más de 20 años en Chile, le llevó al reconocimiento mundial y, más que ello, reivindicó al derecho y a la justicia como instrumento para hacer valer la universalidad y vigencia de los derechos humanos. Ignoro las consecuencias que tal proceso tuvo en Chile y anticipo que la opinión en ese país por ese caso debió estar profundamente dividida. De lo que sí tengo certeza es que este juicio se ha vuelto el referente más importante contra la impunidad respecto a muchos de los delitos de lesa humanidad, como es el exterminio del adversario por razones políticas o ideológicas.

De aquél encuentro queda la memoria de la enérgica posición de Héctor Timerman, respecto a la exigencia histórica de llevar a la cárcel a quienes ordenaron, cometieron y encubrieron actos criminales como fueron las desapariciones o las ejecuciones. También quedan presentes las expresiones sensatas y prudentes de Antonio Muñoz Molina, sobre el derecho de una sociedad de perdonarse a sí misma, de superar sus capítulos difíciles para incursionar en estadios superiores de convivencia y civilidad. Puede haber perdón, pero no olvido. Difícil dilema.

España, por cierto, en paralelo a la reforma política y a la aprobación de las Leyes Fundamentales del Reino, que dieron cabida y expresión legal a la transición democrática, fueron aprobadas la reforma al Código Penal para desaparecer los delitos políticos y Ley de Amnistía que beneficiaba a todos aquellos sentenciados o en proceso que hubieren cometido delitos con intencionalidad política.

México no vivió  extremos de violencia de Estado como fue la dictadura militar chilena o la argentina o el franquismo. En el régimen del ogro filantrópico y de un mundo rehén de la guerra fría, la represión fue aislada y selectiva. Sin embargo, la pregunta es y continúa del todo pertinente ¿qué hacer con el pasado? Mi postura sigue inequívoca: debemos revisarlo y en los casos que así lo exijan, verdad y justicia, con la precisión de que no hay otra justicia ni otro perdón que el que establezca la ley o las instituciones. Perdonar no es atributo discrecional de quien ostenta el poder, sino determinación colectiva que debe manifestarse como acto de la soberanía popular, esto es, la amnistía por el Congreso, aunque también debe asumirse que la acciones de punto final no tienen validez frente a los delitos contra la humanidad, tema central para el sistema de justicia internacional y que es fundamento para investigar los crímenes de las dictaduras.

Baltazar Garzón no ha concluido su empeño por causas trascendentes y ejemplares de justicia. Es explicable que la controversia le acompañe. Había incluso señalado su intención, para algunos temeraria, de someter a proceso a Henry Kissinger, por su responsabilidad en el golpe de Estado en Chile y su sangrienta secuela. También ha actuado contra el fundamentalismo musulmán y sus actos terroristas. Sus acciones contra el terrorismo vasco son reconocimiento de valor, voluntad y determinación. Su filiación Socialista no le impidió actuar en el caso de los GAL, que se dice costó al gobierno de Felipe la derrota electoral en 1996. Recientemente, actuó contra actos de corrupción como fue el caso Gürtel que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol, lo que le acarreó una acción legal en su contra.

El asunto pendiente de uno de los grandes personajes de nuestro tiempo eran los crímenes del franquismo; en meses recientes, Baltasar Garzón instruyó la causa sobre la guerra civil. Seguro estoy que abrió la herida más sensible de la España de hoy día. Frente a los problemas del terrorismo vasco, de una crisis económica sin precedente y un gobierno crecientemente cuestionado no falta quien advirtiera la impertinencia del caso, como si la justicia estuviera sujeta a calendario o a cálculo de conveniencia; finalmente Garzón había vuelto los ojos hacia los  pecados en su propia tierra. El protervo contraataque de sus poderosos enemigos no se dejó esperar, se ha dado en el mismo terreno de la justicia y hoy día Baltasar Garzón enfrenta el infame cargo de prevaricación, esto es, cuando un juez dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

El magistrado Ximo Bosch ha destacado una cruel e inquietante paradoja: “a diferencia de lo que ocurrió en otros países con regímenes totalitarios, en España los autores de gravísimos delitos nunca se han enfrentado a un juicio ni han asumido sus responsabilidades penales. Sin embargo, es probable que quien se siente en el banquillo sea el único magistrado que ha investigado esos crímenes”.

Del recuerdo de aquel intercambio en Nueva York (NYU) hace cinco años, tengo la impresión de que Baltasar Garzón se reivindica a sí mismo al actuar sobre temas de tal seriedad como es la guerra civil en su patria, ocurrida antes de la Segunda Guerra Mundial. En su empeño enfrenta el riesgo de ser expulsado de la judicatura. En tal caso, no sería una condena para él, sino para todo el sistema judicial hispano; tampoco representaría un triunfo de la justicia, justamente lo contrario.

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