Menos diputados y senadores


Uno de los temas más importantes y más sensibles de la reforma política es la integración de las Cámaras federales. El régimen de representación ha vivido un largo recorrido; los cambios aperturistas del régimen iniciaron en la Cámara de Diputados, al establecer hace más de medio siglo, los diputados de partido y, después, con la reforma de 1977, la integración de la Cámara bajo un sistema mixto, con trescientos diputados de mayoría y cien de representación proporcional, en aquel entonces asignables exclusivamente a los partidos distintos del mayoritario.

El régimen de integración de la Cámara de Diputados ha tenido importantes cambios; los diputados electos bajo el principio de representación proporcional aumentaron a doscientos y todos los partidos acceden a éstos, incluso el mayoritario, aunque con un límite de 8% de sobrerrepresentación, esto es, la desproporción entre el porcentaje de votos obtenido y el porcentaje total de asientos legislativos.

El tiempo convalida al sistema mixto; en mi opinión, ha probado sus virtudes; sus defectos son imputables a las reglas deficientes en materia de partidos y, hasta antes de 2007, en caso de coalición, era el acuerdo entre los partidos coligados y no la voluntad de los electores, lo que determinaba la representación que debieran tener las organizaciones políticas. Ahora aparecen en la boleta los emblemas de los partidos coligados, para que el voto defina el peso parlamentario de cada fuerza política en una determinada alianza.

La transformación del Senado ha sido más lenta. El inicio consistió en la renovación por mitades que introdujo la reforma de 1986, cambio revertido cuatro años después. Esta Cámara también se ha abierto a la pluralidad y para ello ha duplicado su integración original. Se preserva la elección de dos senadores por mayoría en cada entidad y se elige uno más que se le concede a la primera minoría. En 1996 tuvo lugar una reforma que dio mayor pluralidad al Senado con la inclusión de 32 legisladores electos en una sola lista nacional por el principio de representación proporcional. Sin embargo, alteró el origen y esencia del Senado al contravenir el principio de la representación igualitaria de los estados que conforman la Federación.

Existe consenso sobre la necesidad de cambios en la integración de las Cámaras, aunque hay diferencia sobre la forma de lograrlo. Llama la atención la propuesta del diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. En medio de las negociaciones sobre la propuesta de los senadores del PRI, del PRD y del Presidente de la República, el diputado ha planteado la eliminación de la representación proporcional, propuesta discutible no sólo por su inoportunidad, sino por su contenido. Se hace eco de un discreto pero real malestar de muchos legisladores de mayoría, quienes asumen erróneamente que ellos sí tienen mandato, mientras que los de representación proporcional son imposición de las cúpulas de los partidos.

Otra propuesta importante es la que ha adelantado el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, sobre la necesidad de preservar el sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados y eliminar el límite de sobrerrepresentación vigente. Esta alternativa concilia pluralidad y gobernabilidad al propiciar una mayoría electa democrática y transparentemente.

Sin embargo, persiste el problema de los partidos y del déficit de representatividad y base democrática de los legisladores electos por representación proporcional. El problema no se resuelve disminuyendo las Cámaras o con la reelección consecutiva; tampoco desapareciendo a los “plurinominales”. Lo más conveniente es desbloquear las listas que los partidos proponen, disminuyendo los nombres en el listado para que sean los electores los que voten a los candidatos, de esta forma se concilia la propuesta de los partidos con la voluntad mayoritaria de los electores.

Respecto al Senado de la República la propuesta del presidente Felipe Calderón cumple con el deseo generalizado de recuperar el principio de la representación igualitaria de las entidades de la República y el de pluralidad.

En esta materia, la reforma fundamental es romper con la tradición de inicio que condiciona los derechos de los ciudadanos a la formación de partidos —reconocimiento legal, derecho de competir, las prerrogativas y beneficios y acceso a la representación— a un solo evento: el porcentaje de votos. Todavía es peor elevar el porcentaje que fija este injusto requisito; quizás haga sentido para acceder a la Cámara, pero no para la existencia de un partido; el derecho de asociación con motivos políticos debe ser irrestricto y sus condicionantes deben ser mínimas. El porcentaje de votos debe ser una referencia diferenciada para el ejercicio de derechos; hay que abrir el mercado electoral, ampliar las opciones partidarias. Los partidos tienden a corromperse en la medida en que no enfrentan competencia. Cerrar el mercado electoral, como ha estado ocurriendo en las últimas reformas, afecta la calidad de la democracia.

Es alentador advertir en los legisladores actuales una mayor sensibilidad sobre la reforma al sistema de partidos y al Congreso. El reglamento interior en estudio en el Senado va en ese sentido. Sin embargo, el cambio debe alcanzar a la Constitución para que el incumplimiento de las responsabilidades sea sancionado de conformidad a la gravedad de la falta. Un legislador que se corrompe o que incurre en una falta de ética debe perder el cargo, como sucede en los parlamentos que cuentan con la confianza y credibilidad ciudadana en otros países.

Al igual que al Congreso y a los gobiernos locales, la transición democrática ha concedido un enorme poder a las organizaciones políticas y, por lo mismo, debe promoverse una ley de partidos que los reglamente para cumplir sus funciones, especialmente dar cabida a los ciudadanos para ejercer el derecho a ser votado.

La propuesta de disminuir el número de legisladores en las Cámaras federales, aunque atiende un arraigado prejuicio popular sobre el Poder Legislativo y sus integrantes, poco contribuye a resolver el problema de fondo. La solución es encontrar la forma de que el Congreso y los legisladores tengan una obligada proximidad con la sociedad que aspiran a representar y se produzca una verdadera rendición de cuentas.

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