El centralismo en el Senado


Liébano Sáenz

Difícil de entender e imposible de justificar que sea el Senado de la República la institución política con mayor inclinación centralista. No se justifica porque su esencia ha sido, al menos en la doctrina constitucional, representar al pacto federal. Ya se sabe que la modificación de la integración del Senado, con 32 legisladores electos por votación nacional proporcional, conculcó el principio de la representación paritaria de las entidades. Aún así, el Senado debe entenderse como el espacio institucional de la representación de las partes integrantes de la federación, al menos así lo debieran asumir los otros 96 senadores.

La inercia centralista es el efecto de la disputa anticipada por la candidatura presidencial en los tres partidos. Por ejemplo, al impedir que los gobernadores o el Jefe de Gobierno pudieran hacer publicidad, no los animó cuidar los recursos públicos o la equidad electoral. La decisión tuvo dedicatoria y sus promotores fueron senadores que sentían que en lo personal o como grupo podrían ser afectados por los gobernadores o por el Jefe de Gobierno del DF en una competencia futura. En el Senado se modificó el artículo 134 Constitucional para prohibir la publicidad personalizada y el COFIPE empezó a regular esta materia, lo que no le corresponde, ya que el Congreso no tiene atribuciones constitucionales en ese aspecto.

El COFIPE no está para regular el 134 constitucional que se refiere a los recursos públicos; la promoción personalizada no necesariamente tiene un objetivo electoral; los términos de la redacción de la reforma son claros al respecto, aunque la motivación de los promotores del cambio haya sido de carácter político electoral. Corresponde a las legislaturas de los Estados determinar los casos de promoción personalizada de funcionarios locales, así como las excepciones, pero eso no importó a los Senadores.

Un caso más reciente es la reforma en materia de derechos humanos. Ayer, en MILENIO, el diputado Alfonso Navarrete, con la agudeza y rigor muy suyos, destacaba que lo aprobado por el Senado reñía con el pacto federal, cuando la Cámara alta se arrogaba la atribución de citar a autoridades locales que se desentendieran de las recomendaciones de la CNDH.

Es indiscutible que la reforma en derechos humanos tiene virtudes importantes, como también ocurrió con la reforma electoral de 2007. El proyecto se deteriora cuando se introducen elementos cuya motivación es ajena al propósito reformador, que buscan minar la posición de adversarios en una perspectiva de interés personal y de corto plazo. Debe regularse la intervención de la Corte para investigar la violación de los derechos humanos, pero sería un grave error trasladar al Senado, como última instancia, menesteres tan delicados como es el hacer comparecer a un Gobernador o Presidente Municipal por presunta violación a la Constitución. El Senado no es la República, tampoco es un Tribunal Supremo de la Nación, es un órgano federal muy importante, con responsabilidades acotadas, no es la expresión del Estado como algunos de sus conspicuos integrantes asumen y presumen.

El federalismo y el municipalismo deben reivindicarse. El país ha transitado a la democracia, las libertades políticas, con la excepción del derecho a ser votado, han avanzado. Sin embargo, la inercia centralista se ha ido filtrando como la humedad sobre el cuerpo nacional. Por ejemplo, hoy los órganos electorales locales están sometidos al IFE; la justicia electoral local es una ventanilla de poca relevancia. Los órganos electorales y los candidatos padecen el espotismo, así como un rígido, lento y centralista régimen para acceder a la radio y la Tv.

La situación en materia de gasto e ingreso del país no es menos centralista. Los Estados y municipios dependen de los ingresos que la Federación recauda y que el Congreso aprueba. Una de las razones por las que México es uno de los países con la más baja recaudación se explica porque quien gasta no tiene atribuciones para recaudar. El Ejecutivo federal cada vez más ve reducido su margen presupuestal, los otros poderes federales, los organismos descentralizados, los municipios y los Estados van a la disputa por un pastel que cada vez se empequeñece más. La falta de inversión en infraestructura y en Pemex se debe a esta consideración. La riqueza petrolera sirvió para soportar el déficit fiscal y excesivo gasto corriente, pero no para invertir en la proporción necesaria en la empresa generadora de riqueza.

Hay que pensar en las soluciones de fondo. Modernizar la Presidencia es uno de los aspectos que debieran estar en el centro de la atención para dar así una mayor eficacia al Estado mexicano. El Senado ha estado más interesado en disminuir el poder presidencial; una de las reformas más ominosas sería la de parlamentarizar al Ejecutivo al crear un jefe de gabinete designado por alguna de las Cámaras, una propuesta que obedece más al interés particular de quienes dominan el proceso decisorio en el Senado y quienes bajo el pretexto de una reforma del Estado buscan condicionar desde el Congreso al Presidente que democráticamente resulte electo en 2012. Sorprende que el PRI en el Senado arrope y promueva tal proyecto. Por las perspectivas favorables para los comicios presidenciales, pero sobre todo, por su visión de Estado y sentido del poder presidencial, resulta incomprensible esta postura en el PRI. Nuevamente, es el cálculo personal o de grupo lo que anima tales propuestas, no es el país ni el deseo de mejorar al régimen político.

Al concluir el periodo de sesiones del Congreso campea en la opinión pública un ánimo de insatisfacción por reformas que quedaron inconclusas y por otras que ni siquiera se plantearon. Es importante avanzar, pero más que ello, mejorar lo pendiente en la Cámara revisora. Representantes del Senado dicen que en la reforma a la ley de Seguridad Nacional se escuchó al sector militar, es posible, pero eso no quiere decir que la redacción final sea satisfactoria. La reforma en materia de derechos humanos es un paso muy importante, pero los senadores confundieron irretroactividad de la ley con la retroactividad, justo lo contrario. Sí hay que avanzar en las reformas, pero en un sentido que le sirvan al país, a sus regiones, estados y municipios.

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