Corte de caja de inicio de campañas


Liébano Sáenz

En este espacio hemos insistido sobre la necesidad de una reforma correctiva sobre los aspectos más negativos del cambio electoral que tuvo lugar en 2007. Ahora los partidos, candidatos y órganos electorales confirman la deficiencia del marco legal. Es una afrenta para el federalismo y para las libertades políticas la modalidad para acceder a la radio y Tv que se estableció en la Constitución y en su reglamentación; este espacio de comunicación es la arena privilegiada para el debate y la oferta política. El espotismo y el burocratismo centralista de partidos y del IFE se instituye como el obstáculo mayor para que los candidatos puedan desplegar su proselitismo.

La selección de candidatos en comicios locales fue más que un proceso accidentado, una forma totalmente alejada de los principios de democracia interna que debieran practicar de manera regular los partidos políticos. La migración de candidatos de una organización a otra es un asunto penoso que compromete la solidez del sistema de partidos, pero todavía más, porque esto ocurre por la ausencia de democracia interna. Insistimos, en el régimen electoral mexicano el derecho a votar está satisfactoriamente resuelto, no así el derecho a ser votado. La ventanilla de las candidaturas independientes es demasiado estrecha para resolver el tema, además de los problemas que plantea al régimen legal en función de la centralidad que tienen los partidos.

Los partidos y las elecciones importan, también el entorno en el que se desenvuelven. El tema de la violencia vinculada con el crimen organizado está  en el centro de las preocupaciones de ciudadanos y políticos; afortunadamente ha habido prudencia para no hacer de esto un tema de manoseo electoral. Es un buen precedente que César Nava, dirigente del PAN, haya invitado a todas las fuerzas políticas a luchar contra este mal social, en ocasión del homicidio del candidato del PAN a la presidencia municipal de Valle Hermoso Tamaulipas, José Mario Guajardo. Sin declinar a su condición de oposición, los partidos deben ser muy cuidadosos para evitar capitalizar el malestar o el miedo de la población por este delicada cuestión.

En el corte inicial de la docena de campañas a gobernador se advierte que la factura de la inseguridad la está pagando el partido a cargo del gobierno nacional. Las mayores ventajas del PRI se registran en Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Durango, estados fuertemente golpeados por la violencia. En Zacatecas el candidato del PRI lleva ventaja y en Sinaloa la disputa se resuelve no en un esquema PRI vs PAN, sino de PRI vs PRI, del que todavía hay mucho por conocer en cuanto a los apoyos que tiene el candidato postulado por el PAN y la Alianza Opositora. Hasta el momento, su condición de competitividad se deriva de las fisuras del PRI, no de la fortaleza del PAN.

La Iglesia y la Universidad son las instituciones que gozan de mayor confianza ciudadana; sin embargo, están lejos de la política y es probable que se corresponda a un deseo de la opinión pública y publicada, al menos para la primera. Es muy preocupante que los tres poderes del Estado tengan un déficit serio en materia de confianza, mientras que el Ejército continúa siendo la institución pública con mayor aceptación social. Sin embargo, la situación que muestran las cifras de estudios de opinión es que ha habido un costo que debe reconocerse y, en particular, atenderse. De los doce estados con elecciones de gobernador, la confianza sobre las fuerzas armadas es más baja en Chihuahua, la más elevada se presenta en Tamaulipas.

La alternancia, de alguna o de otra forma, se hará presente en los comicios de julio. Un estudio sobre el deseo de que un partido distinto asuma el gobierno local, indica que la proporción de quienes desean el cambio, más de 30% de los que rechazan que el mismo partido continuara se presenta en Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala. En Quintana Roo, Puebla, Oaxaca y Sinaloa también es importante la aspiración de alternancia, pero es mucho más complicado e incierto el proceso para que los partidos opositores puedan lograrlo. Chihuahua, Durango, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, son más los que quieren la continuidad del partido gobernante que la alternancia.

La crisis en la confianza en los poderes del Estado también se refleja en la de la precaria cultura de la legalidad. La mala opinión sobre legisladores y jueces, se traduce también en una muy mala percepción sobre si las leyes sirven a los intereses de la mayoría o de unos pocos. En los doce estados con elecciones concurrentes de gobernador y de diputados locales, se tiene la convicción de manera mayoritaria que las leyes están al servicio de los menos; los valores más elevados se presentan en Aguascalientes, Puebla y Durango.

En el balance positivo está la idea de los ciudadanos sobre la utilidad del voto. Práctiamente en todos los estados con elecciones de gobernador se asume en una proporción de tres a uno sobre el valor del voto en los próximos comicios. Esta situación debe convalidarse con un sentido de campaña propositiva, alejada de la polarización y la agresión al adversario. Las campañas diferenciadoras son parte del paisaje democrático, pero debe haber un sentido de los límites con la convicción de que hay que acreditar lo que es común: la pluralidad propia del sistema democrático.

La secuela deseable de la disputa por el voto debe ser mejores gobiernos para los estados con elecciones y un mayor entendimiento y corresponsabilidad entre las fuerzas políticas en el nivel nacional. El país require de reformas importantes, entre éstas, la que resuelva los obstáculos que plantea la Constitución y la ley electoral para el ejercicio pleno de los derechos políticos, atributo indispensable para los partidos y los candidatos, pero también, muy destacadamente, para los ciudadanos.

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