La inseguridad llama a la unidad


La violencia y la inseguridad obligan a cerrar filas para enfrentar al crimen organizado. El enemigo común no puede ser visto con complacencia; los efectos perniciosos de la violencia en la sociedad exigen redoblar esfuerzos para hacer valer el estado de derecho. El gobierno federal ha hecho lo suyo y ha alcanzado logros que no deben regatearse, pero todavía hay mucho por hacer. Ante la embestida del Estado, los grupos delictivos han evolucionado, hay que encarar el problema en todos los frentes; la sociedad debe asumir un papel más activo y decidido. Para una solución a un problema de tal magnitud, no todo puede venir de los gobiernos.

Los actores en las contiendas electorales deben actuar con responsabilidad social y entender que las querellas propias de la política, cuando se encausan por caminos equivocados, obstruyen el entendimiento entre las fuerzas políticas, los poderes públicos y los órdenes de gobierno. Doce o quince elecciones no lo justifican; además, son procesos que se resuelven en la dinámica de lo local, como ha sido evidente en Mérida, elección que resultó más competida de lo que anticipábamos. Predicar con el ejemplo es la mejor respuesta: los partidos deben resolver diferencias en el marco de las normas y procedimientos construidos para tales efectos.

No se justifica el regreso al viejo expediente del regateo de los resultados. Un voto hace la diferencia. Si es el caso de insatisfacción con el resultado electoral, es obligado documentar la queja, fundarla en las reglas del proceso judicial y sobre la valoración de pruebas las autoridades jurisdiccionales habrán de resolver con estricto apego a derecho. El largo tránsito a la normalidad democrática no debe interrumpirse; además, el encono mezclado con asuntos electorales, deja heridas difíciles de superar entre las fuerzas políticas, incluso hacia su interior.

El tema central es el estado de derecho; la cultura de la legalidad a todos compete. Hay un largo tramo por recorrer para su plena vigencia. Corresponde a las autoridades, primero que a cualquiera, su práctica y ejercicio ejemplar, autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes públicos. La discrecionalidad o la ambigüedad en la aplicación de la ley propicia desdén o desprecio por la legalidad en la sociedad, y abre espacio a la convicción de que las leyes están al servicio de unos cuantos y no del interés general, como lo han mostrado de manera reiterada los estudios demoscópicos sobre cultura política.

El crimen organizado representa una de las mayores amenazas al Estado mexicano. Los medios de comunicación deben jugar un papel importante en esta lucha. No se trata de declinar en el ejercicio de la libertad de expresión y el cumplimiento de la función de informar con veracidad y oportunidad. Voces sensatas han hecho sentir su preocupación para que los medios de comunicación asuman una actitud de mayor responsabilidad y cuidado en el tratamiento de los temas de inseguridad relacionados con el crimen organizado.

No hay respuestas sencillas. Los medios no pueden dejar de cumplir con su tarea y función, pero tampoco hacer del crimen espectáculo o subestimar la gravedad de su embestida y el peligro que a todos representa. Sería grave que se minimizara en los medios el enorme esfuerzo que realizan las instituciones, policías y soldados en el empeño de contar con un país más seguro y con una vigencia plena del régimen legal. Es necesario que cada medio, en el marco de su responsabilidad y política editorial, defina con claridad los términos del ejercicio de la libertad de expresión en el tratamiento del crimen organizado.

La intervención del presidente Calderón en el Capitolio es un llamado de atención para que el gobierno del país vecino asuma una conducta menos expectante y pasiva respecto al problema de inseguridad al sur de la frontera. Fue un acierto reconocer la importancia que tiene para México y muchos otros países que el gobierno norteamericano sea exitoso en su renovado empeño para disminuir el consumo de drogas; todavía más, reiterar la preocupación de que Estados Unidos haga algo para controlar el mercado de armas de alto poder que vienen a parar a manos de grupos delictivos. Las palabras son certeras, pero generan resistencias en el órgano legislativo norteamericano; por interés propio es fundamental el respaldo de todos a la postura
presidencial.

Las leyes y las instituciones son el mejor sustento a la vida social en civilidad. La unidad nacional no es un concepto retórico, sino la suma de compromisos de los componentes del país en torno a un objetivo común. El imperio de la legalidad debe ser la premisa, por ello es imprescindible que las autoridades y los políticos sean referentes claros e inequívocos de este compromiso.

Hasta hace algunas décadas se veía muy distante e incierto alcanzar la normalidad democrática. Ha sido un acierto de todos y de las tres principales fuerzas políticas el hecho de que ahora el país viva una democracia efectiva. Sin embargo, la democracia que existe es perfectible, tiene deficiencias que es preciso superar; debemos desconcentrar más el poder y establecer un nuevo marco que propicie una mejor y más constructiva relación entre poderes y un autentico y eficaz régimen de pesos y contrapesos.

Es un hecho que las libertades sufren una merma importante cuando se presentan la desigualdad extrema o la inseguridad. El temor y la pobreza obstruyen el desarrollo de una ciudadanía participativa y plena. Democracia, legalidad y equidad social son aristas fundamentales del edificio democrático. En el México de hoy día, el mayor desafío es la inseguridad. Sin embargo, hay que combatirle en sus causas, en sus orígenes, en todo aquello que propicia y alienta las conductas antisociales. Se requiere de respuestas del conjunto institucional, pero también existen otras que deben venir de la sociedad; la escuela, la familia, los medios y las iglesias son instituciones de la mayor importancia en la construcción de una cultura cívica con apego a los valores propios de la democracia, singularmente, la convicción sobre el valor y necesidad de la legalidad. La realidad demanda unidad en torno a este propósito común.

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