El Presidente Calderón y los gobernadores contra la inseguridad


Liébano Sáenz

La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado jueves 3 de junio, ha sido uno de los encuentros más productivos y constructivos. El acuerdo para iniciar un proceso que concluya en la unificación de policías bajo mando estatal, será el eje del nuevo modelo policial, después de la acumulada evidencia sobre la fragilidad de las policías municipales. De igual forma es el concertar un instrumento confiable de evaluación y seguimiento.

Es muy positivo que este entendimiento se alcance cuando las campañas políticas de elecciones en catorce estados están en su mayor intensidad. El acuerdo confirma que entre las autoridades existe la convicción de que hay luchas más importantes y críticas que la de los votos. La inseguridad ha dañado seriamente al Estado mexicano en su conjunto y ha minado la confianza pública y la energía social en muchas partes del país. Una cuota de percepción, otra tanto de realidad, pero uno de los problemas mayores es el de la inseguridad.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, promotor de la iniciativa entre gobernadores, hace bien en prevenir que la unificación de policías es una de las muchas acciones que deben emprenderse para enfrentar el agobio y amenaza que plantea la violencia relacionada con el crimen organizado. También es un acierto del Presidente Calderón, darse tiempo para consultar a las autoridades municipales para llegar a un nuevo esquema que aproveche lo positivo de lo que existe y que prevea riesgos.

La unificación de los cuerpos de seguridad bajo un mando estatal en cada una de las entidades del país implica complicadas decisiones, pero hay que hacerlo. Las policías municipales están desarticuladas, no existe un modelo ni situación homogénea como lo precisó el diagnóstico presentado por el Secretario Genaro García Luna, además, por lo regular están mal equipadas, mal adiestradas y peor remuneradas. Según la estadística de la SSP, 85.6% de todos los policías en el país son municipales, 61% de éstos tienen un sueldo inferior a 4 mil pesos. La policía de calidad, la de carácter federal, es apenas 10% del total.

Tener mejores policías implica un esfuerzo institucional mayúsculo, de otra forma se continuaría con la misma situación de deterioro y, en algunos casos, de connivencia entre criminales y vigilantes. Las tesorerías estatales no tienen los recursos para financiar un esfuerzo de tal naturaleza, ya que significaría absorber un gasto desproporcionado. Sería muy positivo que la reforma se acompañara de la aplicación de ingresos adicionales en el esquema de recaudación federal. La sociedad en su conjunto debe participar del esfuerzo, para ello es necesario, por impopular que sea, incrementar los ingresos públicos.

Otro de los problemas implícitos en la propuesta es la separación de funciones propias del esquema policial. No sólo existe el fuero común o local y el federal, también es el caso de las policías especializadas en investigación relacionada a la procuración de justicia y lo que en buena parte hacían, al menos en teoría, las policías municipales: la prevención y vigilancia y la policía relacionada con el tránsito vehicular. La separación de funciones debe preservarse, aunque los mandos sean estatales. Asimismo, las autoridades municipales deben corresponsabilizarse; para muchas lo más cómodo es trasladar a los mandos estatales y al gobierno local la responsabilidad de la seguridad.

En realidad el modelo policial no debe hacer de la pésima situación de muchas de las policías municipales coartada para eludir la evaluación propia. Hay evidencia suficiente para concluir que el deterioro también está presente en los cuerpos de seguridad federal y estatal. Al sistema de seguridad pública nacional le hace falta un régimen institucional de evaluación de desempeño. Recurrir a estadísticas externas y poco rigurosas despierta la inconformidad en los evaluados y, por lo mismo, sirve de poco para identificar insuficiencias y para el diseño de estrategias eficaces. Además, la evaluación debe ser permanente.

Debe crearse un instituto nacional responsable de evaluar y examinar a todos los cuerpos policíacos y, particularmente, a sus mandos superiores. Los esquemas y estándares de integridad deben ser homogéneos y certificados por una autoridad nacional.

Otro aspecto a atender en el marco de la seguridad pública estatal es lo referente a los incentivos que las autoridades deben establecer a quien cumpla. No sólo es un tema de sueldos; la labor policiaca requiere de un mayor reconocimiento social. Asimismo, las familias de los policías deben estar debidamente protegidas y deben contar con un régimen de seguridad social que les ofrezca tranquilidad por el riesgo implícito en la labor policial. La sociedad no puede esperar buenos policías si no está dispuesta a pagar el costo de un sistema moderno, confiable y, particularmente, eficaz.

Un nuevo modelo policial es una de las necesidades más apremiantes del Estado mexicano. Las fuerzas armadas han tenido que asistir a las autoridades civiles precisamente por la deficiencia de los cuerpos policíacos y la magnitud del problema. La presencia del Ejército y de la Armada debe verse como complementaria, temporal y selectiva. El Ejército tiene otras y más elevadas e insustituibles responsabilidades. Por ello es urgente modernizar y transformar a las policías de México.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública acredita una responsabilidad compartida por una mejor y mayor seguridad. Deben ser los hechos y los resultados, la mejor medida para convencer a una sociedad incrédula del buen desempeño del gobierno en materia de la seguridad. Debe quedar atrás, para bien del país, la tentación de culpar al otro sobre la gravedad de la situación. Ahora, a todas las autoridades queda claro que es una lucha que a todos involucra.

La sociedad debe participar más en la solución. Poco se obtiene con el reclamo airado, aunque justificado por el estado de cosas. La asignación de mayores recursos no es un tema de prioridades de gasto, sino de incremento sustantivo de los ingresos públicos. De la misma forma debe actuar el Congreso y los partidos. Todos, sociedad y autoridades, unidos como una sola voluntad para hacer realidad el anhelo por la seguridad.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s