El argumento de la ilegitimidad como coartada


Liébano Sáenz

Es foco rojo de los procesos electorales en curso la argumentación sobre la supuesta ilegitimidad de los comicios y sus resultados. Debe preocupar que en fechas recientes el dirigente nacional del PAN haya adoptado el discurso del PRD para justificar los magros resultados que aparentemente han generado sus decisiones en el terreno electoral. Un hecho inédito: el partido gobernante se vuelve descalificador de los comicios e instituciones electorales.

Los dirigentes de los partidos asumen un elevado costo político cuando los resultados electorales les son adversos y, naturalmente, se benefician por los que les favorecen. Las oportunidades de ganar se ampliaron con la decisión de construir alianzas, al menos así lo juzgaron los líderes del PAN y el PRD; infortunadamente para ellos, también aumentaron los riesgos, ya que su único argumento para unirse fue el del triunfo electoral. Por eso se entiende y comprende la enorme presión a la que están sujetos los dirigentes del PAN y del PRD por lo que pudiera ser un desenlace en los comicios del próximo mes de julio. Ganar podría redimir a estos dirigentes del pecado capital de haberse desdibujado ideológicamente con alianzas o con la postulación de candidatos opuestos al proyecto partidista respectivo.

También es comprensible la reacción que los dirigentes y candidatos tuvieron con las primeras encuestas que mostraban que el PRI tenía ventaja en casi todos los Estados. La casa encuestadora que primero salió, recibió una reacción hostil y de insulto. Ahora que existe más información y que se consolidan las tendencias, el escenario inicial se ha modificado, como sucede en toda campaña, pero el panorama respecto a un posible triunfo del PRI, incluso en los estados gobernados por el PRD o por el PAN, no desaparece del horizonte. A tres semanas de la elección de gobernadores Tlaxcala, Oaxaca y Puebla son los territorios en disputa.

Los dirigentes políticos y sus voceros oficiales u oficiosos pueden descalificar, calumniar y desacreditar a un particular, quedará en éste la decisión de recurrir a los medios que la ley le deja a su alcance para resarcir el daño que ello implica, pero ese es un asunto menor, lo más grave es cuando se pretende descalificar la legitimidad de la elección como coartada para que los líderes partidistas eludan su responsabilidad política por las decisiones que ellos tomaron libremente. Los candidatos no tienen derecho para invalidar los comicios ni los resultados, pero al menos ellos están en el centro de la disputa; queda en la calidad personal y política la manera de asumir la adversidad. Los políticos mexicanos en general, han sido muy malos perdedores, aunque también malos ganadores, por ello el encono prevalece sobre la reconciliación.

Los resultados no están definidos, las campañas siguen su curso y en no pocos lugares la pasión se desborda y los enfrentamientos e insultos se acrecientan. Los golpes bajos y la llamada campaña negra cobra relieve. Así es la disputa por el poder. A nadie debe asustar, aunque la pretensión de nuestros legisladores haya sido hacer de las elecciones tersos concursos de competencia rosa y hayan establecido normas poco realistas. La simulación ha sido la consecuencia y está presente en casi todo: en el discurso, el gasto de campañas, la propaganda subrepticia, etcétera. En lugar de conducir la realidad con normas funcionales en la reforma del 2007, los legisladores prefirieron negarla y de allí la simulación de todos los partidos.

El realismo político no justifica en forma alguna la descalificación de las elecciones que dan cauce a la disputa por el poder. En todo caso allí está el Tribunal Electoral para resolver las diferencias. Para eso se federalizó la justicia electoral, fue una exigencia del PAN, el de entonces. Si los órganos electorales o tribunales locales no están cumpliendo su cometido, los partidos y los ciudadanos tienen a su alcance los recursos para resolver las diferencias con estricto apego a la razón y a la ley.

La ligereza no es exclusiva de una organización política. En el PRI también hay quien se haya sumado al argumento de la ilegitimidad, un absurdo si es el caso, como dicen, que ganará todas o casi todas las elecciones. Es poco inteligente, por decir lo menos, que senadores tricolores echen en cara la supuesta parcialidad e intervencionismo del gobierno federal; aunque también hay que decir que ha habido imprudencia por parte de las autoridades federales al designar como delegados federales en los estados a dirigentes partidistas sin calificación profesional para el cargo.

Es deseable un mayor equilibrio político y una mejor expresión de la pluralidad. Si existe diferencia e inconformidad, para eso está la justicia electoral y los medios de impugnación. Es un tema que se resuelve con pruebas y argumentos, no con la invalidación de lo que tanto tiempo ha llevado construir y tanto esfuerzo lograr.

Encuestas y justicia electoral. De siempre los encuestadores y los políticos han tenido una difícil relación. Es una vieja historia, pero en el balance se puede acreditar con hechos lo mucho que han hecho los estudios de opinión para dar credibilidad a los resultados electorales. Ha habido tropiezos, pero son la excepción.

El miércoles 9 de junio el Tribunal Electoral estableció un sano precedente al reivindicar el derecho a la información, determinando la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la ley electoral de Quintana Roo que obstruían el trabajo que  realizan las casas encuestadoras. En el caso particular de aquel estado, a Gabinete de Comunicación Estratégica y a Milenio Televisión se les impidió presentar resultados de preferencias electorales porque todavía no habían iniciado campañas, prohibición absurda y, ahora por determinación del pleno de la Sala Superior, inconstitucional.

Tarde o temprano habrá  de darse el reencuentro de la política con la libertad de expresión y la difusión de estudios de opinión. Es propio de toda democracia que así suceda. La intolerancia y los remanentes autoritarios deben quedar atrás. El reconocimiento a la justicia electoral no sólo debe ser de encuestadores, también de los medios de comunicación y del público en general.

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