Las facultades de investigación de la Corte


Liébano Sáenz

Uno de los debates más trascendentes sobre la naturaleza y funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha presentado con motivo del dictamen del ministro Arturo Zaldívar sobre la investigación del incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora, trágico incidente que conmovió al país, en el que murieron 49 niños y sobrevivieron 70 con lesiones que marcaron sus vidas para siempre. Las palabras del ministro fueron de significada claridad y dureza: “nuestro país debe dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada… responsabilizar es enviar un mensaje que obligará a tomar previsiones, a construir agendas de riesgos, a actuar con mayor acuciosidad en el ejercicio de la función pública”.

El dictamen dio lugar a una interesante polémica en el seno del Pleno de la Corte. Todos los ministros suscribirían la postura del ministro Saldivar en el sentido de que la impunidad es fuente de irresponsabilidad. Éste es un tema que corre a lo largo del tejido social e institucional. Sin embargo, la diferencia se dio en el debate respecto de si la Corte y las facultades de investigación que le concede el artículo 97, segundo párrafo, implican las de responsabilizar a los funcionarios señalados como posibles infractores.

A tal efecto la Constitución dice que la Corte tiene la facultad de “nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.

En el asunto existen dos temas superpuestos: por una parte, lo referente a la impunidad, esto es, la ineficacia de los instrumentos, recursos y procedimientos existentes para hacer justicia y para responsabilizar a particulares o, en su caso, a los funcionarios que incumplen sus tareas; por la otra, las atribuciones específicas o particulares de la Corte. Al parecer, el ministro Zaldívar interpretó las atribuciones concedidas a la Corte en materia de investigación, como un órgano judicial facultado para volverse una suerte de tribunal moral. La mayoría del pleno no coincidió con tal criterio.

Anteriormente, en el llamado Libro Blanco, documento en el que se planteó la reforma al sistema de Justicia, publicado hace cuatro años por el Poder Judicial Federal, se recomendó que el Constituyente Permanente procediera a eliminar las facultades de investigación establecidas en el artículo 97, por considerar que tales atribuciones no corresponden al diseño de un tribunal constitucional. La iniciativa de reforma institucional de los Senadores del PRI, del 23 de febrero de este año, se hacía eco de esta recomendación y proponía eliminar dichas facultades para remitirlas a la CNDH

Es de la mayor importancia que el órgano supremo de control constitucional se desempeñe con rigor jurídico hacia sí mismo. La Corte no debe atribuirse facultades a partir de normas generales. Por tal consideración es discutible la postura del ministro Zaldívar, aunque la razón de su preocupación, no tengo duda, sea genuina y toque lo fundamental del sistema de justicia nacional, acabar con la impunidad, venga de donde venga, especialmente, la de los altos funcionarios públicos.

De cualquier manera allí está la disposición constitucional sobre las facultades de investigación de la Corte, también la reglamentación que el mismo órgano jurisdiccional ha desarrollado para que tal tarea se realice con las formalidades de proceso justo y de que pueda garantizar a terceros el ejercicio de sus derechos en ocasión de las indagatorias que se ordenen. Sin embargo, la determinación constitucional significa que la Corte no puede llegar más allá de la investigación; en este caso, la Corte no es Ministerio Público, tampoco puede erigirse en juez para condenar o sentenciar. Es una disposición tan ambigua como imperfecta, cuyas limitaciones se acentúan con el tiempo, especialmente, con la nueva normatividad en materia de derechos humanos y por el papel que adquiere la CNDH. Por lo mismo, es necesaria una reforma en el sentido que han sugerido los legisladores del PRI en el Senado de la República.

Sin embargo, con Corte o con CNDH, persiste el problema de la deficiencia del sistema de justicia. Ese es el problema de fondo y que motivó que el ministro Zaldívar determinara la presunta responsabilidad de los funcionarios federales, estatales y municipales señalados. El asunto no es menor y no puede dejarse de lado. No es admisible para el caso concreto de las víctimas del incendio en la guardería ABC, como tampoco para ningún otro, que las autoridades competentes no lleguen hasta las últimas consecuencias.

La cuestión obliga a abordar con mayor determinación y claridad las propuestas de reforma al sistema de justicia presentadas por la Corte en el Libro Blanco. Es necesario revisar con un sentido crítico y, sobre todo, propositivo, la situación actual en materia de justicia. La insuficienca del régimen de legalidad afecta en sus fundamentos a la conviviencia social y a la economía. La incertidumbre jurídica no debe ganar espacio, tampoco la incapacidad para resolver diferencias y conflictos.

De la misma forma, hay que precisar el carácter que tienen la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial Federal en la arquitectura institucional del México de la democracia y de la rendición de cuentas. La reforma de finales de 1994 ha significado la mayor transformación del Poder Judicial Federal y, particularmente, de la Corte. Sin embargo, este impulso reformador (del que el actual Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue un actor relevante en la definición del contenido), requiere de continuidad para que la Corte pueda instituirse a plenitud como un órgano eficaz de control constitucional. El Pleno se ha acreditado como una de las instituciones más confiables hoy día. La mejor manera de cuidarle es resolviendo con claridad los alcances de sus atribuciones y de sus responsabilidades, tarea a cargo del Constituyente Permanente.

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