Las elecciones y la disputa por el poder


Liébano Sáenz

De siempre y en todo lugar la disputa por el poder es un juego rudo. Las elecciones debieran ser la manera más civilizada, razonable y pacífica para canalizar esta lucha. La lógica de la democracia implica dos premisas: la legalidad y, que la contienda electoral se corresponda a un ciclo con inicio y término. La reconciliación no es una aproximación idílica de la lucha por el poder, sino una necesidad que parte de la siguientes tres consideraciones: que no hay derrotas ni victorias eternas; que las instituciones de la democracia son patrimonio común de los mexicanos y que, las fuerzas políticas están para velar por esas instituciones y no para destruirlas o minarlas.

En México, quizás por inmadurez política o inexperiencia democrática, lo electoral no nos ha llevado a la normalidad que aspirábamos. Mientras el PRI perdía y el PAN y el PRD ganaban, se ampliaba el consenso sobre la vigencia y realidad de la democracia. Sin embargo, la alternancia no nos llevó a la consolidación democrática; el PRI involucionó en prácticas de infantilismo y oportunismo oposicionista, imitando ahora a los opositores de antaño y, a su vez, el PAN y el PRD, ya en el poder, en no pocas ocasiones han quedado por debajo de la expectativa de cambio, actuando igual o peor que aquellos a los que sacaron del poder. Aunque sí hay un antes y un después en la distribución formal del poder a través de la pluralidad, en la calidad de la política o del gobierno, los mexicanos no alcanzan a ver que ganaron con la salida de unos y la llegada de otros.

Sin embargo, el problema no es la democracia, sino los actores y la incapacidad para continuar con el proceso reformador. Las normas electorales han avanzado de manera contradictoria y han involucionado en algunos aspectos como es el de las libertades políticas, generando simulación y afectación a los derechos fundamentales. Los partidos son más poderosos, pero también son más autoritarios y propensos al oportunismo electoral.

En la sociedad tampoco ha habido un avance importante. En el país no sólo prevalece la desigualdad, sino que su sector productivo está más concentrado respecto al pasado. La economía de mercado todavía es una aspiración y la interrupción del cambio estructural le ha restado al país energía y, especialmente, competitividad. El balance de la última década no es favorable; pero es fácil trasladar la responsabilidad a un partido o a dos presidentes, la realidad es que la causa de la actual circunstancia es de una generación de políticos y gobernantes, sin excluir a quienes hoy tienen poder de influencia, opinión o propuesta.

La elección de 2006 significó un serio retroceso en dos vías: primero, que se haya incursionado en exceso en la polarización y en las campañas negativas. Es un recurso común en la disputa por el voto, pero tiene secuelas negativas, en particular –segunda vía-, cuando la Presidencia se vuelve parte de la contienda. Que el desenlace se haya dado con un resultado impresionantemente cerrado en la elección presidencial y con un poder disperso en el Congreso, propició en sectores importantes un sentimiento de ilegitimidad y dificultó una auténtica y efectiva reconciliación.

Ahora, a dos años de las elecciones presidenciales por venir, preocupa que no se haya aprendido de los errores del pasado. Los hechos recientes muestran y exhiben un enorme desdén por la legalidad. Es lamentable que gobernantes y autoridades pierdan sentido de los límites, pero no menos peor es que se recurra a medios ilegales como es el espionaje telefónico para acreditar una supuesta ilegalidad y, sobre todo, que sean los mismos dirigentes partidistas los que difundan y propalen información obtenida a través de expedientes clara e inequívocamente delictivos.

El desdén por la legalidad se ha vuelto práctica común y no sólo de los políticos. Periodistas o analistas profesionales practican la calumnia con facilidad inesperada y se vuelven reproductores voluntarios o involuntarios de los intereses políticos en disputa. Confundir la libertad de expresión con el derecho a injuriar, mentir o calumniar lleva a la degradación de la mayor de las libertades. El juego empieza calumniando al encuestador; después, pasa al desprestigio de las instituciones y órganos electorales, para ir al cuestionamiento de las autoridades existentes y concluir en la calumnia de políticos a particulares y de particulares a particulares. La respuesta judicial es inevitable; toda vez que la autocontención no da resultados, debe ser la determinación del juez la que acote los enormes espacios de impunidad, que lo mismo existen en los medios escritos y electrónicos, como en el uso y abuso de las redes sociales.

Las elecciones en 14 estados pueden presentar sorpresas en cuanto a su desenlace, a contrapelo de lo que muestre el consenso en las encuestas o los analistas más acreditados o agudos. Lo que debe preocupar es que se siembre la desconfianza sobre las instituciones electorales y desde las mismas cúpulas de los partidos se emprenda una campaña de desprestigio al ejercicio democrático simplemente para justificar por adelantado la adversidad que ven venir. Más preocupante es que esto adquiera intensidad desde el partido a cargo del poder nacional.

Las elecciones llegarán próximamente a su fin. Un ganador total o casi absoluto abrirá  viejas heridas, aún cuando su fundamento sea el voto mayoritario. Un poder repartido genera mayor corresponsabilidad. Sin embargo, es inaceptable, moral y políticamente regresivo, que los actores políticos fijen postura dependiendo de si les favorece o no el resultado electoral. Insistir en ello implica proseguir en la política de oportunismo y chantaje que tanto daño ha provocado al país y que en buena parte es causa del descrédito de la política y de la democracia.

La conclusión del periodo electoral debe servir para el reencuentro con lo mejor de la democracia. Las diferencias, en su caso, deberán resolverse a través de los procesos establecidos en la ley. La disputa por el poder de siempre ha sido un juego rudo. Convalidar la legalidad es una de las premisas para que la lucha tenga cauce a través de la civilidad propia de la democracia.

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