De cara a los comicios de mañana


Liébano Sáenz

La peor manera de concluir una campaña aconteció el pasado lunes en Tamaulipas con el homicidio del candidato del PRI Rodolfo Torre. Fue un atentado contra el PRI, contra el proceso democrático en el Estado y contra las instituciones públicas; la indignación y el daño no cortan por igual. Mucho tiene que ver el enrarecimiento del ambiente político, que había ocurrido previamente, como resultado de la actuación de César Nava, dirigente del PAN. En el PRI lo acusan de haber espiado telefónicamente a algunos gobernadores de ese partido; dicen que hizo uso de las instituciones del Estado para lograr interceptar conversaciones privadas. Desde luego que no se puede culpar al PAN sólo porque los gobernantes agraviados así lo denuncien, pero el desencuentro entre el PRI y el gobierno, después del homicidio, se entiende por tal situación.

Para un partido gobernante no todo puede reducirse al explicable objetivo de ganar votos; para bien o para mal, quien gobierna tiene responsabilidades adicionales, entre otras, cuidar el entorno en el que se desenvuelven las relaciones de los partidos y el gobierno. Tuvo que ocurrir un acto de tal gravedad para hacer recapacitar al gobierno del Presidente Calderón, sobre la necesidad del diálogo y del entendimiento con los partidos políticos y que el dirigente del PAN desistiera en su actitud pendenciera. Hoy, las palabras y la convocatoria del Presidente y del Secretario de Gobernación se ven afectadas por esos antecedentes.

Es difícil deslindar la actuación del dirigente del PAN de la voluntad gubernamental, más cuando el espionaje telefónico ilegal no ha dado lugar a la obligada indagatoria ministerial. Son cuatro casos de gobernadores del PRI, en elecciones y donde se perfilaba una contienda competida. Las llamadas, alteradas, truqueadas o auténticas fueron filtradas a los medios y, en un caso, insólito, el mismo dirigente del PAN fue el difusor en una clara intención de debilitar a su adversario o de generar un ambiente que condujera a la eventual anulación de la elección.

Allí no concluyen las cosas. La renuncia de la titular de la FEPADE abona al ambiente de desconfianza que media entre el gobierno y el PRI. Es un hecho que la justicia electoral debe ser garantía para resolver las diferencias, y en el caso de la penal, de sancionar el abuso. El tema central no sólo es la legalidad, de por sí puesta en entredicho por el espionaje telefónico, sino la imparcialidad. Es decir, que si la aplicación de la ley tendrá un sentido de observancia de igualdad o si habrá de ser recurso para dirimir judicialmente, lo que corresponde a los votos resolver. El precedente negativo del frustrado desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF, cobra actualidad y obliga a las autoridades federales a una conducta de extremo cuidado.

Tampoco contribuye mucho a la confianza entre los actores políticos y los medios de comunicación concesionados –fundamentales para el ejercicio de las libertades- la renovación precipitada de la COFETEL. Las biografías son evidencia y en el caso particular, la del nuevo presidente de este organismo no contribuye a un argumento de imparcialidad. Los órganos autónomos son fundamentales en el nuevo edificio institucional democrático; su actuación puede alterarse severamente si quienes la encabezan están sometidos a las autoridades centrales o lo que es peor, cuando actúan a partir de una visión o interés partidista. Este hecho adquiere mayor preocupación por la proximidad de las elecciones generales en el 2012.

Debe haber reencuentro entre el Presidente Calderón y las fuerzas políticas o con los personajes de la política con mayor representatividad en el escenario actual. Las elecciones de mañana deben servir para concluir el ciclo de la contienda e ingresar al del entendimiento, el acuerdo y la concordia. De todas las partes se requerirá mucho más que palabras; la medida de la voluntad serán los hechos y las acciones. La desconfianza ha ido creciendo peligrosamente, la que se puede exacerbar por un balance de resultados adverso al interés de los actores.

En los comicios de mañana, podría haber sorpresas, como ocurrió hace un año en Querétaro y San Luis Potosí. Lo cierto es que las elecciones en curso no deben ser estación de paso respecto a la contienda presidencial y que, por lo mismo, la polarización y la confrontación de los últimos meses, adquiera continuidad hasta el relevo del nuevo gobierno federal. Este escenario es ominoso para la vida de la república, sobre todo, para concretar las reformas que el país requiere; también lo es para dar lugar a los esquemas de coordinación y colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Debiera quedar claro que son los peores proyectos los que se benefician con la confrontación y la polarización política, especialmente, porque su fuerza descansa en la debilidad de las instituciones, en negociaciones a espalda del voto y de la apertura y transparencia que requiere una sociedad libre y abierta.

El PAN puede celebrar las alianzas que le dicten sus objetivos electorales. La ley las permite y, en todo caso, queda en sus miembros y en los ciudadanos reconocerlas o castigarlas, aunque de antemano deben subrayarse los efectos negativos en el sistema de representación política, al privilegiar oportunismo electoral sobre la cohesión política y doctrinaria que debiera caracterizar a toda agrupación política. Plantearla para los comicios del Estado de México es un despropósito a partir de la pluralidad que ha caracterizado a esa entidad, hecho que se demuestra con el amplio rechazo que los ciudadanos mexiquenses tienen a dichos expedientes, como revelan con contundencia estudios de opinión. Que el PAN y el PRD hagan de dichos comicios la madre de todas las batallas es un costoso error estratégico.

El desenlace de los comicios de mañana tiene serias implicaciones al futuro. Actualizará el equilibrio territorial de fuerzas políticas. El PRI anticipa ganar con claridad Zacatecas y Aguascalientes, gobernados por el PRD y el PAN, respectivamente. Queda en los electores la última palabra.

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