Nueva generación, desafíos de siempre


Comparto con Ciro Gómez Leyva el interés y, en mi caso, el optimismo por una nueva generación a cargo del gobierno y de la política. Varios de los futuros gobernadores pertenecen a esta nueva ola de jóvenes políticos: Javier Duarte en Veracruz, Rafel Moreno Valle en Puebla, Gabino Cué en Oaxaca, Miguel Alonso en Zacatecas, César Duarte en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, Mario López en Sinaloa, Francisco Olvera en Hidalgo y Jorge Herrera en Durango, los que se suman a otros mandatarios estatales como Rodrigo Medina en Nuevo León, Humberto Moreira en Coahuila, Ivonne Ortega en Yucatán, José Calzada en Querétaro y Enrique Peña Nieto en el Estado de México. No deja de sorprender la temprana edad de mandatarios que dejarán el cargo: Félix González Canto de Quintana Roo, Ismael Hernández de Durango, Eugenio Hernández de Tamaulipas, José Reyes Baeza de Chihuahua o de Osorio Chong en Hidalgo. El PRI los debiera aprovechar. El PAN es el partido que ha tenido desde hace tiempo una política de inclusión y formación de jóvenes, particularmente en el Congreso. El PRI lo ha replicado por diseño o por accidente en los gobiernos estatales. La izquierda se ha quedado corta.

Una ventaja de esta nueva generación de gobernantes es que no se formaron en los usos y costumbres de la vieja política —la del poder y la de la oposición. Son más pragmáticos y saben que la eficacia en el ejercicio del poder es fundamental. También son más auténticos. En su código, las formas no reemplazan a la sustancia; los resultados son el objetivo.

México ha tenido muchos Presidentes jóvenes, pero también importa mucho el conjunto de la clase política y, sobre todo, la manera como se ejerce el poder. Un aspecto para anotar es que la nueva generación de políticos se ha formado en la política y en el gobierno. Pocos de los nuevos políticos registran formación académica extensa.

Debe quedar claro que para ellos la solución al tema social es distinta respecto a los políticos del pasado: ellos hoy saben bien que no hay recursos públicos suficientes para abatir el tamaño de la pobreza en nuestro país; no hay mucho lugar para el optimismo estatista del pasado, pues la causa de la marginación social, ellos lo saben, está en la mala economía. Los nuevos políticos no tienen la familiaridad con los efectos devastadores de las crisis financieras pasadas, pero es inevitable que adviertan que un magro crecimiento económico hace imposible revertir la marginación y la pobreza extrema. Esa generación tampoco comparte el optimismo de sus antecesores sobre los efectos mágicos del mercado electoral. La alternancia en el poder nacional, para unos y otros, y por razones seguramente distintas, es fuente de desencanto. Lo cierto es que los que llegaron al poder nacional en el 2000 no pudieron, no los dejaron o no quisieron cambiar las cosas.

La nueva realidad política del país es claramente distinta a la de hace tres décadas. No sólo es la alternancia, también las libertades y el nuevo papel de los medios de comunicación. El escrutinio periodístico, imperfecto y a veces desproporcionadamente injusto, es lo de hoy día. Los temas electorales se procesan en el marco de una regulación extrema e instituciones costosas que han dejado de ofrecer confianza a los competidores. El hecho es que los mexicanos continúan enfrentando un estado centralista e ineficiente, con algunas expresiones de despotismo burocrático. Hay hartazgo social, a veces complacencia y en ocasiones determinación ciudadana para sancionar al mal gobierno, como ocurrió el pasado 4 de julio.

Es positivo que los cambios vengan de la periferia al centro. Al menos así existe la posibilidad de que las transformaciones cobren fuerza y permanencia. Así ocurrió con la competencia electoral y la alternancia. Lamentablemente el centralismo no sólo está soportado por un aparato gubernamental y político, también tiene inercia estructural que se presenta en todos los ámbitos de la vida social: economía, finanzas, cultura, educación, etcétera. El centro del país cada vez es más diferente del resto de la nación, pero no sólo ello, crece el desencuentro entre las dos inercias: donde unos ven certeza, otros advierten incertidumbre. No deja de ser una paradoja que en los lugares donde persiste la violencia por el crimen organizado, se aprecie envidiable la vida social de la Ciudad de México.

El Estado debe cambiar, pero no en los términos que se ha propuesto recientemente, parlamentarizando a la Presidencia. Esto, además de regresión sería acentuar los problemas propios del Estado, al dispersar la responsabilidad. Los partidos y el Congreso no tienen confianza pública para tal función, tampoco se han ganado con resultados tal derecho. Al Estado hay que darle eficacia como lo propuso con claridad el gobernador Peña Nieto; no es un tema de distribuir el poder entre los mismos de siempre, sino edificar una nueva relación del gobierno con la sociedad, a partir de los resultados.

En este sentido, ganar las elecciones no es un fin en sí mismo, sino un medio para cambiar y transformar el ejercicio del poder. Las resistencias al cambio vienen desde dentro de los mismos partidos. Ninguno puede apropiarse el monopolio del cambio; de hecho, PAN, PRI y PRD encaran en su interior diferencias profundas y procesos de cerrazón, intolerancia y autoritarismo. La democracia liberal no ha sido impulsada por los partidos o líderes políticos, pero tampoco por las élites, de allí sus limitaciones y contradicciones.

Debe recuperarse al Estado en muchas dimensiones. La más evidente es la que plantea el tema de la inseguridad. Los gobiernos estatales y municipales han sido los más severamente golpeados por tal situación. No se puede enfrentar al enemigo en medio de la sospecha. Por ello es fundamental el acuerdo y entendimiento entre el gobierno federal y los de los estados. El esquema de colaboración en materia de seguridad debe ser amplio, sujeto a permanente verificación y debe involucrar a las más altas autoridades locales. La nueva generación de políticos debe creer en el Estado, por lo mismo, también en las premisas propias de una sociedad libre y abierta.

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