Lecciones del 4 de julio


Tiene razón Alejandro Encinas al decir que el PRD puede perder las elecciones de Baja California Sur, Guerrero y Michoacán a realizarse el próximo año. Una lectura rigurosa de lo acontecido el 4 de julio lleva a esa conclusión. Los actores del desenlace de dichos comicios no fueron las alianzas o los candidatos, sino los electores, quienes con el poder de su voto resolvieron sancionar al partido gobernante.

Los datos son válidos para todos los estados en los que hubo alternancia, quizás con menor impacto en Sinaloa, donde la división del PRI se tornó fundamental para que un senador priista, apoyado en su precampaña y campaña por otros senadores priistas, pudiera lograr el triunfo. En los demás estados, la evaluación de los electores a la autoridad en funciones significó la diferencia entre ganar o perder.

No se trata de que las elecciones estén predeterminadas, tampoco de que los candidatos y sus campañas no cuenten, sería un error suponer que las estructuras de movilización de los partidos hayan perdido valor, mucho menos que las campañas negras o el intervencionismo gubernamental en la recta final de los comicios no tenga impacto en el resultado. La cuestión es que en los comicios pasados lo determinante fue la decisión del elector de castigar a quien gobernaba; a la persona y al partido y, quizás por la proximidad entre gobernante y candidato que en todos los casos se dio por la designación no democrática de candidatos, el impacto se trasladó con facilidad a la preferencia.

Son muy escasos los estudios comparativos de desempeño entre gobiernos locales. Existen algunas investigaciones de entidades independientes como el ITESM para una aproximación al tema de competitividad; Transparencia Mexicana también ha elaborado algunos indicadores de corrupción, pero son insuficientes para evaluar el desempeño de gobiernos estatales, particularmente porque casi todos los trámites sujetos a estudio son de carácter municipal. Lo presentado en la antepasada sesión del Consejo de Seguridad motivó un fuerte debate por lo extemporáneo del análisis y lo opinable del método. El INEGI y otras entidades presentan cifras, pero requieren de elaboración e interpretación.

Gabinete de Comunicación Estratégica ha contribuido a tal propósito en un esfuerzo propio. Cada seis meses se elabora la encuesta Gobierno, Sociedad y Política. En el primer capítulo se presenta la evaluación que los gobernados hacen a partir de calificación, acuerdo, percepción de imparcialidad y honestidad, atributos del gobernante, entre otros. El trabajo en cinco ediciones se ha ido perfeccionando. El 24 de agosto se presentarán resultados, conjuntamente con un estudio sobre la mexicanidad. Los resultados de todos los trabajos están disponibles en www.gabinetece.com.mx.

El 4 de julio, en todos los estados con gobiernos bien calificados fue ratificado el partido gobernante; en todos los casos de gobiernos con baja calificación se presentó alternancia. Sinaloa estuvo a la mitad de la tabla. En Tamaulipas, con el gobernador mejor calificado de la docena en contienda, se presentó el porcentaje más elevado para el partido gobernante. En Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Aguascalientes y Tlaxcala, sus gobernadores presentaban los valores más bajos.

El comentario de Alejandro Encinas se convalida con los resultados de la encuesta de diciembre pasado: Baja California Sur estaría en los últimos doce lugares, Guerrero en los nueve más bajos y Michoacán en los últimos cinco. Para el PRI la situación es menos incierta, el Estado de México y Nayarit están en los primeros diez lugares y el gobernador de Coahuila es quien presenta la más elevada calificación. Insisto, no hay fatalidad y es difícil hacer un pronóstico con tal medición, además hay que esperar los resultados del levantamiento que está teniendo lugar en estas fechas y que habrá de ser presentado en un mes.

El asunto no es el pronóstico, sino entender lo que está aconteciendo. Las elecciones del 4 de julio echan por piso muchos mitos. Para el PRI, el de mayor impacto es el del poder de los “operadores electorales”. Oaxaca y Puebla lo ponen en entredicho. Tampoco es suficiente que un gobernador tenga un elevado respaldo y acuerdo en su gobierno como ocurre en Veracruz, Durango e Hidalgo, para confiar que dicha adhesión habrá de presentarse en los comicios. El PRI tiene una lección a procesar. Lo más relevante para ganar la elección es gobernar bien. Un electorado que reprueba a quien gobierna se inclinará con facilidad por la alternancia. Que esto no haya ocurrido en elecciones intermedias se explica por la baja participación, pero en escenarios de elecciones concurridas son los ciudadanos y no las maquinarias electorales las que deciden el resultado.

Otro aspecto a evaluar, no sólo para el PRI, es la manera como se seleccionan a los candidatos. El déficit de legitimidad y las escisiones por la imposición afectan la competitividad del candidato. Los partidos deben entender que la democracia interna no es una opción a resolver discrecionalmente y a partir de las aspiraciones políticas y los intereses particulares del mandatario local; selección democrática de candidatos es un riesgo, alegan algunos, pero también una oportunidad, diría yo; genera incertidumbre, sí, pero también fortaleza, siempre y cuando se trate de una elección justa. Muy buenos candidatos perdieron su elección, tengo la impresión de que no hubiera ocurrido así si se hubiese resuelto la selección de manera democrática.

La resolución del IFE respecto al artículo 134 constitucional es un tema de la mayor importancia. A juicio del órgano electoral, la comparecencia del presidente de la República en tv afecta la equidad en la contienda. No existe sanción, pero la determinación del IFE, acompañada por un criterio análogo del Tribunal Electoral, es razón suficiente para que los Ejecutivos mantengan cuidado sobre su actuación en medio de las elecciones. El Ejecutivo federal está en su derecho de impugnar.

Los comicios han concluido. Existen diferencias que deben desahogarse a través de los procedimientos que la ley establece. No es admisible ni es útil para el país que la proporción de la diferencia sea argumento en sí mismo para determinar la calidad de la elección o la de los resultados. El tribunal debe resolver con estricto apego a derecho, salvaguardando los principios propios de la democracia.

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