El reencuentro del Presidente y los gobernadores


Dentro y fuera del PRI hay quien busca el distanciamiento entre el presidente Calderón y los gobernadores del país. La elección del pasado julio dejó heridas y en el tricolor queda la impresión, con o sin razón, de que las derrotas y los resultados cerrados ocurrieron por la actuación del Presidente, particularmente en los últimos días de la contienda. Por el precedente de hace seis años y de julio de 2009, muchos anticiparon que el PRI sería el ganador casi exclusivo de las elecciones de 2010. No ocurrió así, pero el desenlace requiere de un diagnóstico más allá de lugares comunes, como decir que el PRI perdió donde tuvo malos candidatos o que el protagonismo televisivo del Presidente fue la causa.

En perspectiva, los mayores éxitos del PRI se dieron en las plazas gobernadas por el PAN y PRD. El triunfo de Mérida anticipa el de Aguascalientes, Tlaxcala y, especialmente, Baja California. Los comicios presentan un deterioro del PAN, del PRI y del PRD, como partidos gobernantes. Baja California es un estado estratégico. Allí inició la alternancia y el PRI no conocía el éxito electoral completo desde hacía 24 años. Algo semejante puede decirse de Mérida.

Una mejor lectura del 4 de julio pasado refiere a la crisis de los partidos gobernantes y la determinación ciudadana de hacer de su voto un instrumento útil para premiar o castigar gobiernos. Un gobernador mal evaluado con un candidato impuesto representaron la peor combinación, pero basta el primer criterio como factor para la movilización del voto opositor. Por esta consideración estimo necesario examinar el 4 de julio a partir de las razones ciudadanas de la alternancia, más que de la eficacia o ineficacia de alianzas, campañas o perfil de candidatos.

En el imaginario colectivo el PRI presenta una doble y contradictoria identidad: por una parte, es la organización que mejor sintetiza innovación con experiencia; por la otra, es la expresión de una visión convencional del oficio político asociado a la corrupción rampante. Esta contradicción está presente hoy día y subyace en muchas de las disputas internas en el PRI y de quienes quieren llevar a la confrontación a gobernadores y al Presidente de la República.

Los problemas del país obligan al reencuentro de los gobiernos locales con el nacional. El tema de la inseguridad es el más urgente y preocupante de todos. No hay lugar a la recriminación de unos u otro. La solución no es inmediata, pero la batalla se debe dar en todos los frentes y en un marco de coordinación, entendimiento y corresponsabilidad. Gobernadores y Presidente deben fincar ya distancia a la discordia que se origina en la disputa electoral. No se trata de que se desentiendan del futuro político propio, del grupo o del partido, sino que exista un sentido de los límites y que acepten que hay un amplio e irrenunciable espacio compartido, como es el preservar la institucionalidad democrática del país o el régimen de legalidad.

La magnitud de la amenaza que representa el crimen organizado debe llevar a la unidad y al entendimiento. Un frente común es la premisa para ganarle terreno. Por esta razón es muy lamentable que la demagogia electoral pretenda hacer capital de la suspicacia y la sospecha de la relación del crimen organizado y el poder político. Los candidatos, ex candidatos, dirigentes políticos o legisladores no deben dar vuelo a la maledicencia; si es el caso de sospecha fundada, lo obligado es plantear abierta y directamente el caso ante las autoridades competentes.

Ya se ha señalado que uno de los aspectos sobre los que debe haber acuerdo entre gobernadores y Presidente, es la evaluación y verificación de la integridad de los mandos policiacos e instancias críticas de justicia penal. Las autoridades nacionales no deben subestimar la capacidad de intimidación y de violencia del crimen organizado sobre autoridades municipales y estatales, sobre todo, cuando se ha perdido terreno y, además, la presencia del crimen ha penetrado espacios cruciales de lo social, de la política o del gobierno.

Rescatar al Estado es una responsabilidad de todos y es una de las mayores prioridades no sólo en el frente de la seguridad, también en el de la economía. El PRI es el partido, por razones de origen, que tiene un mayor sentido de responsabilidad de Estado. El PAN lo ha ido asimilando en el ejercicio del poder y en el PRD, por su base nacionalista, hay un sentido profundo sobre la necesidad de convalidar al Estado frente a cualquier expresión fáctica de poder. Esto no es abrir la puerta al pernicioso estatismo, sino dar lugar a la expresión política de la soberanía popular, la supremacía del interés general sobre el particular. El Congreso y los partidos políticos tienen la mayor responsabilidad en este empeño.

El saldo del 4 de julio debe superarse no sólo en el sentido de las heridas propias de campaña. En los estados que experimentaron la alternancia, los gobernadores electos registran un elevado nivel de aceptación y confianza, no así en donde ganó el partido gobernante, con la excepción de Chihuahua y Tamaulipas (www.gabinetece.com.mx [1], “Encuesta Postelectoral en los 12 Estados con elección de Gobernador”, p2). Este es un tema que debe verse más allá de lo anecdótico y resolverse a manera de evitar el deterioro de los gobiernos locales de cara a los desafíos que se deben enfrentar.

Más de una tercera parte de los estados cambiará de mandatario en los próximos meses, siete más lo harán el próximo año. Esta realidad conlleva la necesidad de que el proceso sucesorio en su dimensión electoral y de relevo de gobiernos se acompañe del fortalecimiento de los Ejecutivos locales. Es una tarea, más que de nadie, de los mismos gobernadores, pero, también, de los partidos, del Congreso y del Ejecutivo federal.

El reencuentro entre el Presidente y los gobernadores va mucho más allá de un momento y lugar, debe ser el principio de un entendimiento básico para la gobernabilidad del país y del compromiso conjunto para ejercer el poder de manera responsable.

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