La persistente inseguridad


Liébano Sáenz

A la realidad no se le regatea. La situación de la inseguridad en el país es grave. Las acciones de los gobiernos han sido insuficientes. El empeño de las autoridades para ganarle terreno al crimen es un hecho, pero los resultados no convalidan buenas cuentas. El diálogo por la seguridad no ha tenido un buen desenlace; la inasistencia del PRI y del PRD a la convocatoria presidencial revelan, más que diferencias, un ambiente de desconfianza. La explicación de los legisladores se refugia en un argumento parcialmente válido: el Congreso es el lugar donde debe tener curso el diálogo entre poderes, dicen.

La cuestión es que los legisladores que dicen eso cambiaron la ley precisamente para que el Presidente dejara de tener la obligación de concurrir a la sesión de apertura. En su oportunidad, aquí señalamos que era un error una modificación de tal naturaleza, que eracontraproducente para el Congreso. En lugar de buscar una fórmula para pasar del día del Presidente al día de la República, los legisladores decidieron cercenar una de las instituciones fundamentales para el diálogo entre poderes. El Presidente reclama un encuentro respetuoso; el PRI, en voz de su coordinador del Senado, demanda agenda y un marco institucional, el del 1º de septiembre, cuando presente su informe escrito en ocasión de la apertura de sesiones.

Es muy lamentable el homicidio del alcalde de Santiago,Nuevo León, Edelmiro Cavazos. Es un error de imperdonable oportunismo político que se pretenda capitalizar partidariamente la tragedia. En Nuevo León los tres órdenes de autoridad, conjuntamente con los partidos políticos y los sectores social y privado, deben cerrar filas y apartarse de la tentación de asignar culpas. Como lo señaló el Presidente, el crimen organizado ha evolucionado y su amenaza no es para un gobierno o una autoridad, sino para el Estado en su conjunto y para la sociedad misma. No hay otra cosa por hacer más juiciosaque la unidad de todos ante la amenaza que se cierne en la entidad.

La situación no es particular para Nuevo León. De hecho casi toda la zona fronteriza está padeciendo un escalamiento de la violencia. Los mandatarios estatales deben concertar con el gobierno federal una estrategia particular para los estados colindantes con EU. El escalamiento de la violencia llega a los políticos, a los medios de comunicación y, especialmente, a la población civil. La presencia del Ejército es necesaria y urgente, pero no es una medida que resuelva el problema de fondo. Además, insisto, las fuerzas armadas tienen otras responsabilidades.

Fortalecer al tejido institucional es una tarea urgente. Por eso no hay lugar para que las diferencias de carácter político o electoral minen a las autoridades establecidas. Los hechos en Nuevo León confirman la vulnerabilidad de los gobiernos municipales y ratifican la necesidad de que la seguridad corra a cuenta de las autoridades estatales; la municipalización de la seguridad pública corresponde a una realidad ya superada. El desafío ahora es cómo construir, a partir de la crisis institucional, un nuevo modelo policíaco a cargo de las autoridades civiles. El Ejército no es ni debe ser policía. Es urgente dar respuesta estructural a este problema. Posponer decisiones incrementa los costos y agrava los problemas.

Una nueva policía requiere de una decisión política mayúscula. No son los ahorros en el gasto público los que generarán los recursos para el financiamiento de los 362,000 policías a cargo de autoridades locales y municipales. Se requiere de un ingreso fiscal etiquetado para la seguridad. Los impuestos son impopulares en extremo, pero todavía peor es la incapacidad de las autoridades para proveer seguridad. La respuesta que debe darse no acepta regateos ni decisiones a medias; cierto es que hay mucho por ahorrar, agravia el dispendio que ocurre en los tres poderes federales y, en algunos casos, de los gobiernos locales y municipales, pero las cifras duras dicen que México es uno de los países con menor recaudación. Los deficientes servicios y la mala calidad del gobierno se asocian a la fragilidad financiera. Por esta razón el presupuesto para la inseguridad debe tener tratamiento diferenciado con recursos etiquetados e instrumentos de control para verificar la adecuada aplicación. La reasignación de recursos no da para la solución, aunque el ahorro sería una medida ejemplar.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad signado hace dos años no ha dado los resultados comprometidos. El secuestro ha aumentado, igual que los crímenes violentos. Ya no hay lugar para decir que las ejecuciones se estaban dando entre criminales, tampoco que era la evidencia del éxito de la estrategia gubernamental. Los llamados daños colaterales no se cotejan con el agravamiento de la violencia, los crímenes sobre inocentes y la preocupante evolución del crimen organizado que hace de la extorsión, robo y secuestro, práctica generalizada.

El ciclo sexenal registrará un momento de inflexión con el cuarto informe de gobierno del Presidente Calderón. Es indispensable contener la inercia sobre la sucesión presidencial, especialmente, la que afecta la colaboración entre partidos, el Ejecutivo, el Congreso y con los gobiernos estatales. El desencuentro de los coordinadores parlamentarios y el Presidente tiene como referencia este tema. Es un juego múltiple, por una parte, el que se da al interior de los partidos en la disputa por las candidaturas, por la otra, la contienda entre las organizaciones políticas en la lógica de quien gobierna y la oposición. Es preciso que las autoridades y los legisladores se sustraigan de dicha inercia.

El periodo de sesiones ordinarias del Congreso parece ser la última llamada para concretar los cambios que el país demanda. Lo urgente es la inseguridad y la agenda es diversa, no tanto el agravamiento de penas, sino el fortalecimiento de los instrumentos del Estado para abatir la impunidad, para resolver temas fundamentales como es la Ley de Seguridad Nacional o la unificación de policías en las entidades.

La situación política del país da señales de desencuentro político. Signo preocupante para el acuerdo y el entendimiento, indispensables para una responsabilidad compartida en la construcción de soluciones.

Un pensamiento en “La persistente inseguridad

  1. Muy atinado el analisis de la situacion de inseguridad que se vive en el Pais. Pero eso en mi opinion es producto de la falta de oficio politico y de sentido comun de los gobernantes en turno. Saludos.

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