El Ejército en Nuevo León


Liébano Sáenz

Los tiempos difíciles que vive Nuevo León han puesto a prueba a una población que se caracteriza por el aprecio al trabajo y el orgullo por su propia identidad.  Allí, como señalamos en la colaboración pasada, la inseguridad se ha ensañado con severidad. En esta semana, el estado vivió un muy lamentable capítulo a causa de un incidente, aún no aclarado del todo, en el que soldados que realizaban labores de vigilancia, dispararon a una familia en la carretera Monterrey – Nuevo Laredo, provocando la muerte de dos personas inocentes.

Como suele ocurrir en ese tipo de eventos, los juicios y las condenas anticipadas se apresuran a llegar; a ello contribuye la falta de información precisa y oportuna. La expresión de “daños colaterales” no es aceptable y ha caído en el descrédito. Lo importante es que la sociedad pueda estar informada con veracidad; que si es el caso de errores o de omisiones se dé la cara, se explique y se razone. Una actitud defensiva por motivos institucionales, pero que oculta la verdad, se vuelve contra las autoridades y profundiza la desconfianza.

Frente al penoso y lamentable incidente en Nuevo León, es una buena noticia la reacción que ha tenido la población sobre la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, lo que muestra las fortalezas de la sociedad aún en situaciones muy complicadas. A días del incidente, Milenio Diario y Milenio Tv, difundieron los resultados de una encuesta de GCE sobre la percepción de los habitantes en el país y en Nuevo León, sobre el papel que desempeña el Ejército en materia de seguridad. Los datos son contundentes: la mayoría de la población respalda la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado y desconfía de las policías, tema que abona el argumento sobre la necesidad de un cambio a fondo. Más alentador resulta que, en Nuevo León, el apoyo al Ejército sea mayor que en el resto del país lo que representa, no solamente un voto de confianza, sino una evidencia de la enorme preocupación que allí se padece. Sólo a manera de ejemplo, nueve de cada diez personas están de acuerdo con la operación de retenes por parte del Ejército.

En estos momentos el Ejército y la Marina son una forma de último recurso institucional para hacer frente al grave problema de inseguridad en algunas partes del país. Las fuerzas armadas están ahí por la incapacidad de las policías y mandos civiles para hacer frente a la delincuencia organizada. No es deseable que los soldados tengan que hacerla de policías, pero es una necesidad. En mi opinión, tal intervención debe ser temporal y territorialmente específica. Por ello, es urgente dar curso a un nuevo modelo policial que traslade a las autoridades civiles el cumplimiento de las tareas de prevención, vigilancia y procuración de justicia. La unificación de mandos no es el fin; es el medio imprescindible para lograr el objetivo. Sin embargo, hablamos de una reforma que debe acompañarse de muchas previsiones institucionales, fundamentalmente la asignación presupuestal que otorgue a más de la mitad de los policías en el país, incrementos salariales que tripliquen o cuadripliquen sus percepciones actuales.

A las fuerzas armadas hay que cuidarlas con rigor. Uno de los errores más graves del PRI en el Senado fue la Ley de Seguridad Nacional. Por la calidad de los legisladores que la impulsaron, es posible que se haya tratado de una deficiente consulta a las autoridades castrenses; lo cierto es que su contenido plantea aspectos inaceptables como la falta de claridad sobre el mando indiscutible que debe recaer en el Presidente de la República. Cualquiera que sea la razón, los legisladores deben ser rigurosos en el detalle. El afán de debilitar a la institución presidencial que ha caracterizado a la coordinación de la bancada priista en el Senado, se vuelve contra la República, no debe llegar a tales extremos. Hay que darle piso legal a la actuación de las fuerzas armadas como lo ha solicitado el Presidente y esto debe resolverse en términos de lealtad republicana, mesura y prudencia extremas.

El desconocimiento acerca de las medidas disciplinarias o sanciones, no debe llevar a conclusiones desproporcionadas sobre una supuesta impunidad ante los excesos de los soldados. Las faltas o errores en los que incurren normalmente son sancionadas; sin embargo, es necesario revisar el marco a fin de permitir una mayor claridad y certeza sobre este aspecto delicado de la justicia.

Este viernes, el Presidente Calderón, de gira por Nuevo León, señaló que la reforma de justicia no resuelve por sí misma el problema de la inseguridad. Es cierto, pero también lo es que no habrá solución si no existe una justicia eficaz, aquella que lleve al delincuente a la justicia y que lo sancione con todo el rigor de la ley; en otras palabras, la mejor respuesta del Estado mexicano frente al problema de la inseguridad es abatir la impunidad. De poco sirve agravar penas, establecer juicios orales y ampliar las atribuciones de las policías, si no existe un régimen que asegure que el que la hace la paga. Mucho menos cuando no se tiene un régimen penitenciario que cumpla sus funciones. Lamentablemente, las cárceles del país se han convertido en santuarios de grupos delictivos de alta peligrosidad.

En el norte del país, el Estado mexicano libra una de sus más importantes batallas. Particularmente, Nuevo León y su zona metropolitana de Monterrey, son escenario de una lucha fundamental: el imperio de la ley y la justicia que, como se ha visto, castiga severamente la competitividad del país y el crecimiento económico, además de los problemas implícitos. Las autoridades federales, locales y municipales cumplen su parte en un escenario sumamente complicado y difícil. No hay lugar para que la desesperación nos lleve a construir su desprestigio o debilitamiento, esa es la pretensión y condición de éxito del crimen organizado. El problema no sólo viene de afuera, sino que es de carácter estructural y ha penetrado el tejido social. Queda la impresión de que en ninguna otra parte del país la sociedad está mejor equipada para hacer frente a un problema de tal magnitud.

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