Policías para la seguridad


Liébano Sáenz

El país cuenta con cerca de 400 mil policías, de los cuales menos del ocho por ciento son federales. El gran volumen lo representan casi 200 mil policías estatales y 165 mil municipales. Mucho es lo que se gasta y, en voz del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, mucho es lo que el crimen organizado financia aprovechando un campo fertilizado por las bajas remuneraciones y la escasez de doctrina y de disciplina que caracteriza a buena parte de las policías municipales.


Desde hace mucho tiempo, las fuerzas armadas han asistido a las autoridades civiles en sus empeños para modernizar a las policías. El planteamiento original retomaba la confianza, la lealtad institucional y la formación cívica propia de los soldados como base para la conformación de las policías al mando de civiles. En el ámbito federal, si bien se ha logrado claridad en torno a la formación de una policía de excelencia nacional, lamentablemente se perdió continuidad después del impulso inicial generado en los últimos años de la gestión del presidente Zedillo. Al gobierno del presidente Fox le llevó tiempo comprender la valía y confiabilidad del esfuerzo y, particularmente, la necesidad de modernizar a la policía federal. En ese tramo, por prejuicio o por ignorancia, dos instituciones fundamentales para el Estado mexicano se vieron afectadas: el CISEN y la PFP.

Ante una situación agravada por el deterioro de la seguridad y por la presencia del crimen organizado en amplios territorios del país, el presidente Calderón se vio obligado a utilizar a las fuerzas armadas. Por las condiciones que prevalecían al inicio de su gobierno, la determinación presidencial debe ser interpretada como una necesidad más que como una opción. Cierto es que el tema del crimen debe ser atendido a partir de muchos frentes pero también es innegable que las circunstancias demandaban la presencia de las fuerzas armadas para contener el problema.

Es fácil, por obviedad, decir que hizo falta una estrategia más amplia frente a la situación; y que fue subestimada la capacidad del crimen organizado para evolucionar y para extenderse hacia otros territorios y otras actividades. Además, hay que considerar que el país vecino, a raíz del ataque del 11 de septiembre de 2001, migró de prioridades en el control de las fronteras: la lucha contra el terrorismo adquirió preponderancia sobre la del combate al narcotráfico. Esto también modificó la economía del crimen; el pago con drogas adquirió mayor peso y con ello la necesidad de crear o ampliar redes de distribución de narcóticos. La disputa por los canales de acceso al mercado norteamericano fue complementada por el control de las zonas de consumo doméstico. El comercio de drogas se volvió preeminente en las grandes ciudades del país, conjuntamente con el control de la red de distribución internacional, nacional y regional.

Evolucionó el crimen, no así las respuestas institucionales. Una de las expresiones más importantes en el diagnóstico que hizo el Presidente ante los gobernadores en los Diálogos por la Seguridad, fue la que se refiere a la transformación en curso del crimen organizado. El comercio de drogas ilegales se ha convertido en un elemento más al que ahora se suman la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes, el contrabando y hasta la llamada “piratería”. Por la vastedad de las actividades del crimen organizado no debe sorprendernos que la lucha se oriente hacia el ámbito local. Buena parte de los delitos son de competencia de los estados; sin embargo, el eje de la evolución de los crímenes de alto impacto apunta al crimen organizado y su origen es el narcotráfico.

No hay soluciones simples para encarar el problema y tampoco es útil trasladar a terceros las culpas del deterioro actual. Es necesario concentrarnos en los temas más importantes y uno de ellos es la creación de policías profesionales. El nivel municipal es el más frágil porque es el más vulnerable por donde quiera que se le mire. La permanencia de las mismas autoridades civiles en sus cargos, con algunas excepciones, es de sólo tres años. La situación es tan grave que en muchos lugares la policía municipal opera como blindaje para alguno de los grupos criminales. El hecho es que no se puede andar el presente con las respuestas del pasado. Tal como lo han subrayado los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, y de Michoacán, Leonel Godoy y las mismas autoridades federales, se requiere un nuevo modelo policial fundamentado en la unificación de mandos.

Las fuerzas armadas han realizado un encomiable esfuerzo al asistir a las autoridades en materia policiaca; sin embargo no están concebidas para ello; tienen tareas muy delicadas e insustituibles que no deben resultar comprometidas por el fracaso de las autoridades civiles en la creación de cuerpos de seguridad a la medida de las circunstancias. Es imperioso atacar al problema desde sus cimientos, y para ello es urgente e ineludible avanzar en la modernización de las policías, precisamente para trasladar la responsabilidad de la seguridad al mando civil.

El Congreso y el Ejecutivo federal, y los de los Estados y el D.F. tienen la obligación de concretar a la brevedad el nuevo modelo policial. Es explicable la resistencia de los presidentes municipales ante la idea de prescindir de la responsabilidad de vigilancia que tradicionalmente ha correspondido a los ayuntamientos pero ni la tradición ni la historia son razones excluyentes; sobre todo, cuando son muy pocos los municipios que podrían acometer con éxito un desafío de tal magnitud. Corresponde al Constituyente Permanente dar curso a esta transformación, y a la Cámara de Diputados asignar los recursos para la conformación de una nueva policía que responda a estándares de excelencia. Es preocupante que las diferencias de carácter partidista obstruyan el acuerdo y la ejecución de una decisión fundamental para ganar el objetivo de un país más seguro.

El dinero no lo es todo pero sí es imprescindible. Ahora, en la deliberación del presupuesto, también deben ser considerados de alta prioridad los recursos para el financiamiento de la policía federal que ha ido formando cuadros de excelencia con instrucción y valores que son consecuentes con la realidad del país y de sus regiones. Es un proceso que ya lleva varios años y es primordial darle continuidad mientras los estados asumen el reto de la unificación de policías. El país nos está demandando urgentemente buenas policías para garantizar la seguridad.

Un pensamiento en “Policías para la seguridad

  1. Hola…requiero el correo de Liébano Saenz para enviarle un material interesante para sus publicaciones recientes. Somos ex compañeros de la Facultad de Derecho.UNAM
    Saludos
    Oscar I. de Lassé

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