El futuro de México


Liébano Sáenz

El país se debate en la incertidumbre. La sombra de la crisis, y la del fatalismo que ella acarrea, se posan sobre casi todos. El poder público lanza llamaradas de aliento y de esperanza para favorecer la construcción de una voluntad colectiva capaz de superar la adversidad. Pero la realidad se impone y la falta de credibilidad se generaliza. Sin embargo, las dificultades presentes o imaginarias no deben conducir al desaliento y, mucho menos, a la pérdida de perspectiva.

En medio de este escenario, durante estos días ha tenido lugar el primer encuentro de Tijuana Innovadora 2010, Tecnología y Cultura, organizado por un grupo de destacados y entusiastas empresarios locales, representados por José Galicot, un hombre que persigue el sueño de una Tijuana diferente. Este evento ha logrado concitar la asistencia de destacadas personalidades del mundo de la tecnología, de la ciencia y de la política, entre ellos: el Presidente Calderón, Carlos Slim, el ex vicepresidente Al Gore; Neri Oxman, fundadora de Materialecology; Biz Stone, cofundador de Twitter; Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, Francis Fukuyama, Mario Molina, Tetsuo Agáta y muchas otras mujeres y hombres que son voces de vanguardia en sus respectivas disciplinas.

Ayer viernes, en este encuentro, planteé algunas de las ideas que he expuesto en este espacio sabatino y que se refieren a tres preguntas fundamentales y pertinentes, que tienen especial correspondencia con la conmemoración bicentenaria de la independencia: ¿Qué sucede con México, una nación llamada a la grandeza? ¿Qué hacer para que la política cumpla su cometido para con la nación? ¿Por qué se han malogrado muchas de las realizaciones recientes como el arribo a la democracia?

El diagnóstico sobre la realidad política del país no requiere ciencia. Más allá de lo que digan quienes están en posición de privilegio, el arreglo institucional en curso no es funcional para generar un Estado eficaz. Dos mediaciones del sistema de representación son críticas para el buen gobierno: los partidos políticos y el Congreso. La sociedad y los ciudadanos, mucho menos las comunidades se sienten representadas. Las consecuencias han sido devastadoras, entre otras, la convicción generalizada de que la ley no responde al interés general, sino de quienes dominan el proceso decisorio. El déficit de legitimidad de las autoridades es preocupante, y todavía más, lo que se hace desde la política para que disminuya la confianza en ellas.

Estas condiciones hacen difícil el imperio de la legalidad. La vigencia del Estado de derecho es la premisa para que se generen los incentivos del cumplimiento del deber. Un país niega lo fundamental si premia al engaño y la trampa. La respuesta social no es nada alentadora: el desdén y desprecio a las instituciones públicas. En la barbarie prevalece el más fuerte o el más decidido a violentar el pacto social.

¿Qué hacer? Mi reflexión de hace ocho años era que para darle eficacia a la democracia se requerían tres cambios estructurales: primero, modernizar a la Presidencia. Nada de ello ha ocurrido y antes al contrario ha habido retrocesos y la intención de parlamentarizar al gobierno en un propósito calculado de reparto de botín.Segundo, democratizar la vida interna de los partidos, la reforma de 2007 significó un retroceso al declarar que la democracia interna era un tema exclusivo de los miembros de los partidos y no un aspecto de interés público, afortunadamente este intento ha sido atenuado por la justicia electoral. Tercero, la transformación del proceso legislativo y del Congreso para hacer al primero más ágil y al segundo más representativo de la sociedad, prácticamente nada ha ocurrido que no sean cambios para que las cosas continúen igual.

La democracia requiere de partidos fuertes y de hacedores de leyes representativos. La inmovilidad que se observa desde 1997 tiene como base el despotismo centralista. La desconcentración del poder no llegó a los Estados y al DF, llegó el dinero, pero no las atribuciones y las obligaciones. Lo que es peor, muchos de los procesos de innovación refuerzan al centralismo y la inteligencia nacional continúa siendo convencidamente centralista. No obstante la eficacia del voto para contener el abuso de los poderes locales (en los dos últimos años la mitad de los estados ha habido alternancia), persiste la idea falaz de que en los gobiernos locales no existen frenos ni contrapesos.

Quizás el voto es un recurso limitado y su ejercicio poco frecuente, pero es, sin duda, la mejor auditoría y fiscalización al poder público. Desde el centro se reiteran las voces descalificadoras y simplistas sobre la realidad política y social de los Estados, a la vez de que se repite el triste espectáculo de gobernadores solicitando a legisladores federales respaldo presupuestal a sus necesidades, cuando esto debiera resolverse al interior de sus propias entidades, en determinaciones de sus propios órganos legislativos.

Mi propuesta es sencilla pero radical: trasladar a los órganos legislativos locales el poder decisorio de los temas fundamentales para la población. Recuperar el aliento federalista de Ramos Arizpe y el democrático de la Constitución de Cádiz, ese documento fundacional que nos hizo democráticos antes que independientes y que ha sido groseramente ignorado en su bicentenario de promulgación, acontecidohace unas semanas.

Los Congresos locales están más próximos a los ciudadanos y a las comunidades. Allí, los partidos y las autoridades son más representativos por la proximidad con los problemas y con la sociedad. El despotismo centralista desconfía de ello y en esto abonan los casos de arbitrariedad de autoridades locales, pero como ha quedado claro, los ciudadanos ejercen con eficacia el poder del voto para reconocer o sancionar incumplimiento. Frente a los alientos reeleccionistas, quizás se debiera empezar con reelegir alcaldes y gobernadores por una sola ocasión en periodos de cuatro años y así experimentar la democracia en sus fundamentos. No está por demás señalar que las elecciones legislativas son objeto de reiterado desdén por los ciudadanos.

Tijuana es un buen lugar para una reflexión de estos temas. No es donde termina, sino donde inicia la República. Allí se han dado avances y lecciones ejemplares. Efectivamente, México está destinado a la grandeza. Hay semilla, pero se requiere terreno fértil.

Un pensamiento en “El futuro de México

  1. De acuerdo con que las legislaturas de los estados deberían tener mayores responsabilidades por la posición de la sensibilidad que le da estar en contacto directo con la ciudadanía. Al igual que los municipios, considero un poco retrógrada la idea que los municipios sean la menor de las escalas de jerarquía en política, recursos y responsabilidades. Excelente artículo.

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