Inseguridad, pasado y presente


Liébano Sáenz

La mayoría de los mexicanos coincide con el señalamiento del Presidente Calderón  con respecto a la inseguridad provocada por el crimen organizado: los problemas actuales son secuelas de lo que no se hizo o no se hizo bien en el pasado reciente. El desencanto social por esta situación toma curso a través del rumor, y existe un juicio popular que si bien no debe ser magnificado, tampoco puede ser desdeñado. El hecho es que no hay memoria y eso significa que el país pierde capacidad para aprender y aprehender los errores presentes y pasados. El juicio de la opinión pública o publicada sobre el desempeño de un gobierno o de un presidente es circunstancial, a veces banal y en no pocas situaciones capaz de convertir un incidente o una situación en el todo.

Hoy en día, lo relevante no son las omisiones del pasado, sino las acciones que debemos emprender hoy; no solamente para evitar ser objeto del mismo señalamiento en el futuro sino para lograr un propósito esencial del poder público: garantizar la vida y bienes de las personas, y recuperar la tranquilidad como una forma regular de convivencia y de existencia social. El Presidente Calderón ha actuado con energía en materia de seguridad pública; la población lo respalda de manera abrumadora como ayer lo mostraba un estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), pero la cuestión que debe importar es la que se refiere a los resultados, a la eficacia de las autoridades para cumplir su tarea. El país demanda a todos los órdenes de gobierno mejores cuentas en materia de seguridad aunque la sociedad, inhabilitada por la desconfianza y el miedo, todavía no encuentra la manera de involucrarse en una lucha que es de todos.

La evaluación sobre el pasado y sobre lo que ahora se está haciendo puede resultar incómoda, pero es inevitable si se trata de mejorar las estrategias y las acciones. El problema de la inseguridad pasa, en primer lugar, por la ineficacia del sistema de justicia para sancionar a los responsables. No hay mejor manera de prevenir el delito que el abatimiento de la impunidad. Los índices de hoy, como los de ayer, son de escándalo. Los incentivos benefician al infractor y los costos a quien cumple, lo mismo en materia de crimen organizado que en muchos otros terrenos sociales. Además, la impunidad no sólo es formal, se manifiesta de muchas maneras y en múltiples espacios de la vida cotidiana y, lamentablemente, es frecuente el caso de personalidades de la vida política y social que exponen el peor ejemplo de impunidad verbal.

Por ello resulta muy lamentable lo ocurrido en la Cámara de Diputados cuando uno de sus integrantes asumió el cargo con el evidente propósito de inhibir la acción de la justicia en su contra. No se trata de presumir culpas pero por la circunstancia que vive el país, la Cámara no debió arriesgar su frágil prestigio con una decisión de tal naturaleza. Ahora, corresponde a los mismos legisladores emprender un accidentado, veleidoso y difícil proceso interno para eliminar la inmunidad procesal a uno de sus miembros. El Congreso, como cualquier órgano de representación política, resulta ser un mal juez pese a la calidad de sus integrantes. Quizás no lo adviertan los propios diputados pero la Cámara no enjuicia a uno de sus integrantes, sino a sí misma, en una muy complicada e inexplicable trama.

El tema de ahora, y me temo que lo será por mucho tiempo, lamentablemente, es el de la inseguridad. No caben diagnósticos simplistas, tampoco soluciones sencillas como es el supuesto impacto benéfico que tendría la legalización de drogas o un pretendido pacto con quienes encabezan los grupos delictivos. El crimen organizado ha evolucionado, ha diversificado sus acciones y, peor aún, se ha pulverizado a través de múltiples células criminales, independientes unas de otras, y con una enorme capacidad de violencia y de fuego. La inseguridad y sus graves expresiones en el norte del país demandan la intervención de un criminólogo y, más que eso, de un sociólogo. La delincuencia recorre el tejido social en todos sus espacios: la familia, la comunidad, la economía y, en ocasiones, hasta la práctica religiosa, paralelamente al desprestigio y  la desconfianza creciente sobre las instituciones públicas y sus representantes. Sólo nos quedan la escuela, la universidad, el maestro y los medios.

La solución tomará su tiempo. La prioridad es recuperar al Estado; es decir, acreditar el monopolio legítimo de la violencia. Ello implica numerosas acciones que se están llevando a cabo, pero se trata de un proceso lento y complejo. Mejorar a las policías es asunto fundamental. El gobierno federal lo tuvo claro desde hace mucho tiempo pero en la alternancia, la desconfianza o la ignorancia impusieron a este proceso una muy costosa interrupción que se ha ido recuperando durante la gestión del Presidente Calderón y con lo que muchos mandatarios, con dificultad y con mucho regateo del centro, hacen en sus estados. La situación actual está deteriorada en exceso y, por necesidad, las fuerzas armadas han tenido que intervenir en forma más explícita y directa.

El tema ahora se concentra en el territorio. No es suficiente contar con una policía nacional de élite, se requiere que los Estados y municipios transformen y modernicen sus cuerpos de seguridad. Aún así, el rezago es monumental como puede constatarlo la situación penitenciaria del país o la ineficacia del sistema penal nacional.

El cambio demanda, a su vez, otros cambios en muchos frentes. No hay tiempo suficiente, al menos en lo que toca al tramo que resta de la actual gestión federal y, menos aún, si consideramos que la política conspira contra las buenas acciones, particularmente contra la construcción de un gran consenso nacional que suponga acciones en todos los ámbitos, y no sólo en el de la represión. No existe una solución fácil pero tampoco hay tiempo qué perder. Por lo pronto, tranquiliza el amplio y decidido respaldo de los mexicanos a sus autoridades en la lucha contra el crimen organizado.

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