IFE: La suma de parcialidades no construye imparcialidad


Liébano Sáenz

He referido en varias ocasiones que la política en México ha involucionado; la partidocracia y los intereses estrechos de grupo han pervertido el mejor tributo de la transición democrática. La incapacidad de la Cámara de Diputados para definir por consenso la integración de la terna de nuevos consejeros del IFE es una de los indicios más evidentes. La promoción de representantes afines a un grupo o partido no es asunto nuevo, la cuestión es que ahora ha derivado en práctica generalizada. En particular, el PRI perdió la perspectiva amplia y el sentido de responsabilidad que lo caracterizó en la integración de los pasados consejos electorales; y en los últimos años ha emulado al PAN y al PRD al ver en las designaciones una vía para hacer valer su influencia e interés.

La situación muestra la ausencia de un sentido de Estado, como lo expresara Federico Berrueto ayer en Twitter. Hay instituciones, como el IFE, a las que se confían delicadas tareas y que deben ser salvaguardadas de cualquier sospecha de parcialidad o sometimiento al poder político. Cabe destacar como un precedente ominoso la remoción del Consejo pasado; los partidos, por rencor, indolencia u oportunismo, según el caso, resolvieron echar al piso el principio de inamovilidad de los integrantes del máximo órgano electoral. Además, para influir sobre el Presidente del Consejo, se resolvió que la reelección de los representantes del IFE solamente procederá a través de la Cámara de Diputados.

Al IFE no hay quien lo defienda en el Poder Legislativo. En su origen, el PRI tuvo clara la necesidad de garantizar la imparcialidad de los integrantes del Consejo. Su récord pasado es poco menos que impecable. Nombres como el de Ricardo Pozas, José Woldenberg, Mauricio Merino, Luis Carlos Ugalde, Jacqueline Peschard simbolizan trayectorias irrefutables. El PAN desde un principio buscó promover candidatos afines y abonó el camino de políticos que hicieron del IFE una estación de paso y que ahora destacan en la política partidista como Santiago Creel, Juan Molinar Horcasitas o Alonso Lujambio. El PRD no se quedó atrás con Jaime Cárdenas y Emilio Zebadúa. No se trata de conculcar derechos políticos a quienes han sido funcionarios del IFE, sobre todo tratándose, como es el caso de los señalados, de políticos respetables y sin duda valiosos; la cuestión delicada es el criterio que promueven los partidos para integrar una institución de Estado y los efectos perversos de esta tendencia que ha sido hoy secundada por el PRI.

Las trayectorias personales de los consejeros seleccionados en el pasado reciente contrastan con la de aspirantes de muy elevada calidad que se han quedado en el camino, no obstante su indiscutible solvencia profesional. Así ocurrió con Jorge Alcocer, Lorenzo Córdova, Genaro Góngora Pimentel, José Antonio Crespo, Miguel Basañez, Alejandro Poiré, Fernando Serrano Migallón, Mauricio Merino y María Amparo Casar, entre otros personajes, que no llegaron al cargo precisamente por garantizar autonomía e independencia de los intereses de grupo o del partido de los legisladores votantes.

Los vetos de las cúpulas partidistas, y no los votos de los legisladores, son los que han dominado el proceso de designación. Esto ha conducido, en algunos casos, a un perfil de consejeros que resulta considerablemente inferior al que prevaleció en el pasado. El costo para el IFE ha sido la burocratización, la pérdida de la lucidez e independencia que simbolizó en otros tiempos y, principalmente, la merma de su autoridad moral y profesional. Los casos de corrupción y falta de transparencia están sobre la mesa, sea en forma de asignaciones contractuales discutibles o de inversiones absurdas como fue el desproporcionado e injustificado gasto para el voto en el extranjero. Hay una cuota enorme de complacencia y complicidad que preocupa, especialmente por la exigencia propia de los comicios presidenciales, por el retorno de los partidos a la cultura de la desconfianza y por la recurrente descalificación de las autoridades electorales.

El IFE requiere una reforma profunda. El modelo de designación es cuestionable y resulta agravado con la crisis actual. Ya lo señalamos en ocasión de la reforma de 2007: es fundamental separar las funciones de vigilancia y sanción de las referentes a la organización de las elecciones. El IFE ha sido severamente castigado por los partidos y los grupos dominantes en el Congreso, no por sus faltas sino por sus virtudes, particularmente por las acciones que ha emprendido para obligar a las dirigencias de los partidos a someterse al código de legalidad y democracia.

Por ello, la contrarreforma de 2007 buscó reducir el margen de intervención del IFE y del Tribunal Electoral en temas fundamentales para que los partidos se modernicen y se adapten a la democracia representativa; la definición de dirigencia y la selección de candidatos fueron considerados asuntos internos de los partidos y, por consiguiente, de competencia primaria de los órganos partidistas. En el mismo sentido, se restringió la actuación del Tribunal Electoral para que los Estatutos de los partidos pudieran ser impugnados por no garantizar los principios propios de la democracia electoral.

El IFE representa una de las mayores realizaciones del sistema político mexicano. No es hoy una institución acabada aunque en sus dos décadas de vida ha sido objeto de diversas reformas, no todas en sentido positivo. La urgencia ahora es salvaguardarlo, y ello implica evitar que los intereses partidarios, del poder público o de los poderes fácticos desvirtúen su tarea de organizar las elecciones y de hacer valer los principios de la democracia representativa.

El IFE no puede ser botín de quienes determinan o influyen en el poder decisorio del Congreso. El desenlace de la elección de 2006 sometió al Instituto a una desproporcionada y, en buena parte, injusta presión que condujo a la contrarreforma de 2007. Y aunque para algunos sea mucho esperar o pedir, es fundamental que al designar a los nuevos consejeros, los diputados asuman una perspectiva de largo plazo, de apego al interés general y de visión de Estado. Es muy claro: la suma de parcialidades no aporta imparcialidad.

http://twitter.com/liebano

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