Mejores policías, una reforma urgente


 

Liébano Sáenz

La doctrina y la historia han hecho del Senado el espacio de representación de las entidades que conforman la Federación. La reforma constitucional de 1996 desvirtuó  el principio de la representación igualitaria de las entidades al establecer 32 legisladores electos por lista nacional. Se ganó en pluralidad, pero se contravino un principio de origen. Las consecuencias están a la vista: el Senado se ha distanciado de los Estados y del DF. Así  ha acontecido en temas financieros, sociales o, más recientemente, en el planteamiento sobre el mando único. El interés particular se sobrepone, incluso al de los mismos partidos. Los senadores “plurinominales”  no sólo dominan a la Cámara, sino que actúan como si se representaran a sí mismos; por sus efectos, lo discutible pasa a ser indefendible.

En el marco de la sesión  29 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los ejecutivos de las entidades y el Presidente de la República han insistido en la necesidad de proceder a un cambio legal que dé paso al nuevo modelo policial fundado en la unificación de mandos por entidad. Es explicable la resistencia de los presidentes municipales que ven afectada una histórica atribución en materia de prevención y vigilancia. Lo que no resulta comprensible es el rechazo de un sector del PAN, bajo la tesis simplista de que esta reforma fortalecería a los gobernadores que no les son afines. Y aún menos justificable es la posición de senadores del PRI y del PRD quienes han expresado su rechazo a dicha propuesta.

Los senadores Francisco Labastida y Carlos Navarrete han señalado su insatisfacción ante la iniciativa presidencial. Están en su derecho. Sin embargo, también tienen la obligación de proceder a su análisis, discusión y, en su caso, perfeccionamiento; procesos que no deben conducir, como ha ocurrido en muchas de las iniciativas sometidas al estudio de la Cámara Alta, a hacer de la insatisfacción una forma para boicotear la reforma misma, degradando el sentido original de la propuesta. Así ocurrió, por ejemplo, con la reforma energética, el consenso se tradujo en un cambio intrascendente a los problemas que se pretendían resolver.

En el caso del mando único, la realidad debe ser el único punto de partida; y ello implica considerar que las autoridades municipales son muy frágiles ante el embate del crimen organizado. Son generalizados los casos en los que la policía municipal se vuelve una especie de primer frente al servicio de los poderosos grupos criminales. Lo mismo ha acontecido en gobiernos provenientes del PRI, PAN o PRD, y es urgente dar respuestas que fortalezcan la integridad del sistema de seguridad y, en especial, las policías de todos los órdenes de gobierno.

Cierto es que se trata de un problema de carácter estructural. En casi todos los estados los ayuntamientos son electos por tres años. Quienes les encabezan difícilmente están dispuestos a asumir riesgos por la brevedad del cargo y la explicable incertidumbre del futuro. Más aún, las haciendas municipales están agobiadas por la magnitud de las demandas financieras que entrañan los servicios y obras públicos, a la vez de que los ingresos propios son sumamente escasos. Incluso, en algunos casos, los ayuntamientos tienen a su responsabilidad los recintos de educación básica, además de servicios de salud y salubridad. El resultado es que las policías municipales están muy mal remuneradas y la corrupción es arrolladora, así como falta de motivación, entrenamiento y equipamiento. Si bien no podemos afirmar que esto ocurre en todos los municipios, es indudable que la mayoría de ellos sí pueden verse reflejados en este espejo de la realidad; y es este déficit el que explica la facilidad con la que los policías municipales se ponen al servicio de los poderosos grupos criminales.

La gravedad de la situación en materia de seguridad ha llevado a la necesidad de solicitar la presencia de las fuerzas armadas en tareas que son propias de la policía y de los mandos civiles. Esto ha generado un proceso acelerado de militarización, situación que debe verse con preocupación toda vez que las fuerzas armadas están para otras responsabilidades, además del desgaste y riesgo que implica cuando realizan tareas de seguridad pública. Constitucionalmente los mandos civiles tienen la responsabilidad de la seguridad pública, precisamente, por esta razón debe construirse un nuevo modelo policial.

La unificación de mandos no es un fin, sino un medio. Se trata de que haya una mejor coordinación entre quienes ejercen la dirección operativa de los cuerpos y, por otra parte, una homologación en la calidad de los policías. La diferencia de ingreso, equipamiento y adiestramiento entre un policía federal y uno municipal es monumental. De acuerdo a los números de la Secretaría de Seguridad Pública, una policía municipal de calidad requeriría más de 15 mil millones de pesos anuales, además de un proceso de adecuación por varios años para así lograr el cometido.

Independientemente de la reforma en curso, es importante que los Ejecutivos lleven a la realidad el proceso de certificación de los mandos policíacos. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, sólo uno de cada diez policías estatales y municipales con funciones de mando, operativas o de importancia ha sido sometido a controles de confianza de permanencia. El gobierno federal debe predicar con el ejemplo; de los 62 mil agentes federales, sólo 33 mil han sido examinados.

Ganar la batalla por la seguridad implica decisiones de peso. Nuevo León es un caso ilustrativo de la realidad que ahora se impone y esta consideración ubica a su gobernador, Rodrigo Medina, como uno de los más activos promotores de la iniciativa por un nuevo modelo policial. En ese estado existen serios contrastes entre municipios; desde los muy ricos que se han resistido a la propuesta, hasta los más pobres que ven en el mando único un alivio a la presión que pesa sobre sus autoridades. El hecho es que la CONAGO se ha pronunciado a favor de la propuesta del nuevo modelo policial. Cierto es que la iniciativa presidencial es perfectible, el mismo secretario Blake lo ha señalado, pero lo que no es aceptable es que las observaciones se vuelvan coartada para evitar su análisis y dictamen. Los legisladores tienen la última palabra.

 

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