Acuerdos y desacuerdos legislativos


Liébano Sáenz

Como en muchos otros menesteres, el quehacer legislativo se juzga por resultados. Poco importa la voluntad de representantes o coordinadores, ni el esfuerzo invertido en el Pleno o en comisiones. Lo significativo se concentra en los actos legislativos, en su contenido y en sus efectos. Es por ello que el parlamento moderno está conformado por grupos legislativos cohesionados a través de partidos. Su eficacia depende de una doble responsabilidad colectiva: la que se asume frente al programa e ideología del mismo grupo, y la que se manifiesta ante el cuerpo parlamentario.

La legislatura vigente en la Cámara de Diputados dio un paso histórico al modificar su reglamento interior; un ordenamiento que regía desde 1934 cuando el país no conocía propiamente una democracia parlamentaria plural. Si bien el objetivo del acuerdo alcanzado por los coordinadores parlamentarios y la Mesa Directiva es el de mejorar el proceso legislativo, hay que señalar que todavía queda mucho por hacer en materia de reforma interna del Congreso. Los legisladores se mantienen tan lejos de la transparencia como de sus representados.

Podemos considerar como una resolución positiva de la Cámara la decisión de retirar la inmunidad procesal a uno de sus miembros, el diputado Julio César Godoy Toscano, con base en los elementos aportados por el Ministerio Público en torno a su presunta responsabilidad penal. La decisión revierte el desfiguro provocado por la Cámara cuando facilitó que el diputado en cuestión tomara protesta en condiciones muy discutibles, tanto por su forma como por su fondo. La decisión del Pleno no prejuzga su responsabilidad penal, toda vez que eso atañe a un juez, pero sí admite que las autoridades competentes puedan someter a un legislador a proceso penal. El senador Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del PRD, ha expuesto las razones que llevaron a sus correligionarios a apoyar dicha determinación. Sin embargo, el costo ahí está, lo mismo que la exigencia para que los partidos se esfuercen por alejar la sospecha y el peligro que implica la presencia del crimen organizado en la política.

Y es aquí donde se erige la principal fuente de críticas al Congreso. Sus omisiones y atrasos en un tema sumamente delicado, de atención urgente y de tratamiento prioritario, como es el de la seguridad, resultan realmente preocupantes. El pasado jueves, 33 organizaciones civiles reclamaron públicamente la enorme distancia entre la retórica y los resultados en materia de seguridad. Entre otros argumentos, lamentaron que el Congreso no haya aprobado las reformas sobre el mando único y contra el lavado de dinero, así como las leyes reglamentarias de la reforma constitucional penal.

Las omisiones saltan a la vista en muchas otras materias. Mientras el discurso contrasta con los resultados, el Congreso y los partidos perseveran en el grave deterioro del aprecio público. No se trata de faltas atribuibles a la democracia o a la división de poderes sino precisamente a la ausencia de un sentido de responsabilidad colectiva. La democracia entraña reglas del juego abiertas que han de ser aplicadas por actores que se apoyan en un compromiso básico con el sistema republicano. Las deficiencias se manifiestan en muchas partes y en múltiples frentes; no sólo en el legislativo, también en el gubernamental. Los cambios legales han sido definidos a la medida de quienes los instrumentan y no de la sociedad a la que representan, y ello explica la incapacidad de la política mexicana para engendrar gobiernos eficaces.

Uno de los aspectos más negativos del Poder Legislativo en el pasado reciente, que ha sido motivo de reiteradas reflexiones en este espacio, tiene que ver con la contrarreforma electoral. Cierto es que el cambio constitucional de 2007 reportó avances importantes como la reducción del tiempo de campañas, la regulación de precampañas, la unificación de los calendarios electorales, la renovación escalonada del IFE y del Tribunal Electoral, y la ampliación de los supuestos de anulación de elecciones, entre otros; sin embargo, es evidente que la restricción de libertades, en aras de la equidad, ha detonado resultados insuficientes, e incluso contraproducentes, como lo han sido la simulación y la privación de la libertad de expresión en medios electrónicos en perjuicio de ciudadanos y de los propios partidos por motivos políticos. Además, el gasto electoral continúa siendo desproporcionado.

La saturación de promocionales en radio y Tv se vuelve tema menor si lo comparamos con la afectación que sufren los estados en su soberanía. El IFE, más que organizador de elecciones, se erige ahora como regulador y policía de la radio y Tv, incluso para los comicios locales. Los estados deben someterse a los órganos internos del IFE para que los partidos y los candidatos puedan difundir sus propuestas en las propias entidades aun tratándose de elecciones para renovar autoridades locales. Como precedente de ello queda la protesta del Congreso y del Gobernador de Coahuila, junto con la de voceros del órgano electoral, quienes impugnaron como pocos, un proyecto de reforma constitucional que representa un agravio para los estados. Los legisladores debieron revertir los aspectos más negativos de la reforma electoral. No sucedió así, y las elecciones subsecuentes habrán de desahogarse dentro de un marco legal deficiente.

En el mismo sentido, resulta lamentable que la Cámara no haya sido capaz de concertar el acuerdo para la designación de los tres consejeros del IFE. Es una falta injustificable que confirma que la relación del IFE con los partidos, y con quienes tienen influencia en las decisiones legislativas, ha sido modificada. La complacencia del Consejero Presidente ante este incumplimiento constitucional pone al IFE en estado de indefensión. De igual manera, es preocupante que, por falta de consenso, el Senado no haya logrado un acuerdo para nombrar al ministro de la Corte. Como ya se ha señalado en otros espacios, no puede explicarse el voto del PAN ni su falta de colaboración para respaldar una propuesta del mismo Presidente Calderón.

El ciclo político se impone sobre la dinámica de los acuerdos; y conforme se aproxima la sucesión presidencial, se multiplican las dificultades para lograr el acuerdo. Llama la atención que la polarización no provenga de la oposición sino del partido gobernante y, en ocasiones, aun del mismo gobierno. Los desacuerdos legislativos son efecto y son también causa.

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