Lecciones del 2010


Liébano Sáenz

2010 fue un año difícil y contradictorio que nos hereda lecciones en varios frentes. Estoy convencido de que la política, y especialmente la democracia, es un ejercicio de aprendizaje colectivo que supone el análisis de aciertos y errores, y que aspira al progreso, al menos hasta donde lo admiten los estrechos márgenes de este terreno. El año que culmina nos recuerda que el país tiene la opción y el derecho de procurarse un mejor porvenir, y que ello demanda un esfuerzo conjunto.

La reflexión a la que nos invita el 2010, en su trance final, plantea reconocer errores, advertir peligros e identificar las oportunidades perdidas. Y, ¿por qué no?, en la medida de lo posible, procurar su rescate. Desde mi perspectiva, una de las grandes coyunturas desperdiciadas, especialmente por su estrecha relación con los problemas económicos, sociales y de seguridad del país, es la concerniente a la conmemoración centenaria y bicentenaria. La perdimos, quizá por el ambiente de desconfianza que nos legó la polarización de la última sucesión presidencial, tal vez por estar ensimismados en los problemas inmediatos; posiblemente porque las autoridades no anticiparon el significado de la conmemoración o porque quienes pudieron hacer algo más sucumbieron ante la inercia del día a día. El hecho es que dejamos pasar la oportunidad de suscribir un compromiso compartido para mejorar, para reconocernos como parte activa del problema y de la solución; una suerte de pedagogía cívica nacional; un mea culpa que nos permitiera entender que la transformación y el cambio para bien es responsabilidad de todos. El saldo de la celebración bicentenaria es prácticamente inexistente, no sirvió siquiera para reivindicar un sentido de pasado digno y glorioso.

La inseguridad es una de las facturas pendientes más costosas del 2010. Es, sin duda, el problema que más inquieta a los mexicanos y no corta parejo, ni social ni regionalmente. En el norte, en Michoacán, Morelos y Guerrero, el caos se ha agudizado y existen ominosos ejemplos como los asesinatos de autoridades electas o el de un candidato a gobernador perfilado a triunfar; a los que se suman las matanzas de jóvenes o migrantes inocentes y las fugas masivas de reos que mucho contrastan con los operativos y detenciones exitosas, casi siempre a cargo de las fuerzas armadas. Imposible minimizar casos emblemáticos como los de Alejo Garza Tamez, en Tamaulipas; Maricela Escobedo, en Chihuahua; Isabel Miranda de Wallace, en el D.F. o el de los reporteros secuestrados en Gómez Palacio, Durango que, lejos de ser hechos aislados, representan el doloroso estado de indefensión de los ciudadanos frente al crimen.

Si bien se han infligido golpes drásticos a la cúpula criminal, el Estado mexicano debe ampliar su espectro de actuación, no solamente en el frente represivo sino en lo que toca a la elevación de la calidad de sus policías. La militarización de la seguridad conlleva muchos riesgos, de ahí que haya sido positivo el acuerdo de los gobernadores y el Presidente de la República para concretar una iniciativa de mando único estatal; y de ahí que resulte incomprensible que el Senado haya frenado dicho proyecto. No hay razón válida para poner freno a un nuevo modelo policial; la situación del país y la vulnerabilidad de las autoridades municipales lo están pidiendo a gritos. Los casos de infiltración del crimen en la política son ya nota crecientemente preocupante.

En el frente político, el tema electoral adquirió importancia notable. Si bien las alianzas del PRD y PAN atrajeron la mayor atención, la alternancia se mantuvo como el tema central. En seis de las 12 elecciones de Ejecutivo local, el partido gobernante fue derrotado. El análisis de lo acontecido revela que el rol protagónico no lo ocuparon los partidos, los candidatos o sus alianzas sino la confianza que los electores depositaron en el voto como un instrumento útil para sancionar a sus gobernantes. Así ocurrió, con o sin alianzas amplias, como pudo advertirse en Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala. Desde esta misma perspectiva puede observarse a Puebla y, a mayor distancia, a Oaxaca y a Sinaloa. El único camino válido para los gobernantes electos es honrar con mejores resultados el mandato recibido.

En el frente económico, el desempeño del país puede considerarse positivo; sin embargo, la situación deja de ser alentadora bajo una óptica de largo plazo. La demora en las reformas estructurales ha tenido impacto en la pérdida de competitividad del país. Las oportunidades de inversión privada existen pero están restringidas o muy condicionadas. El Estado es cada vez más marginal e indiferente respecto a su responsabilidad de promover el mercado y las libertades de los consumidores.

Es cierto que las mismas voces que en el pasado frenaron las señaladas reformas en el Senado de la República hoy, con menos poder, reiteran su compromiso con ellas para el 2011, pero la tarea se antoja imposible si no se logra un entendimiento entre el Presidente de la República y los gobernadores; entre el gobierno y el Congreso y, consecuentemente, entre el PAN y el PRI. La promoción de las alianzas opositoras ha tenido un alto costo en las negociaciones y acuerdos, especialmente cuando el partido con mayor fuerza electoral y política en la Cámara de Diputados, y en los estados y municipios, se siente amenazado por el poder gubernamental. En este contexto, fue provechoso el reencuentro ocurrido en días pasados entre el presidente Calderón y el gobernador Peña Nieto con motivo del aniversario luctuoso de José Ma. Morelos, y aún más que el mensaje de ambos abogara por fortalecer la unidad de todos los mexicanos.

La pretensión del PRD y de algunos de sus asociados de convertir las elecciones del próximo año, y particularmente la del Estado de México donde se concentra el mayor padrón electoral del país, en una suerte de batalla social contraria al impulso de unidad de los mexicanos puede ser el preludio de un ambiente de descomposición que empañaría la sucesión del 2012. Los opositores, de un lado o de otro, no han abonado un ápice a su propósito y sí, en cambio, han deteriorado el ambiente político al interior de sus organizaciones políticas y frente a sus adversarios, además de ubicar el debate en un escenario irrelevante para los mexiquenses.

Lo peor es que de continuar este rumbo, el país seguirá padeciendo la funesta secuela de la polarización de hace seis años: desestimar los errores pasados; y ése es un lujo que como país no podemos permitirnos.

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