La promoción personalizada ¿equidad o freno electoral?


Liébano Sáenz

El Consejo General del IFE, en su sesión del 18 de enero, determinó que el gobernador del Estado de México incurrió en “promoción personaliza” en los términos del artículo 134 constitucional, que impide que los servidores públicos puedan realizar publicidad con recursos públicos utilizando nombres, imágenes, voces o símbolos que aludan a sus personas.

Esta disposición se debe a la reforma electoral de 2007. Cabe destacar que el artículo 134 constitucional se refiere en sus nueve párrafos, al buen uso de los recursos públicos. Incluso el párrafo siete, que habla sobre la competencia entre los partidos, es muy claro al señalar que el bien a proteger es la aplicación imparcial de los recursos públicos. Las elecciones se regulan en otras disposiciones constitucionales.

Clarificar este aspecto es fundamental, porque significa que son el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivos ámbitos de competencia, a quienes corresponde determinar reglas sobre promoción personalizada, las sanciones del caso y, los órganos administrativos y jurisdiccionales a los que corresponde intervenir en la materia. Hay concurrencia de competencias, pero la Constitución es clara y no determina que sea el Congreso de la Unión el que deba regular la materia electoral local, por lo que corresponde a los Congresos de las entidades normar esa materia en sus espacios y territorios de competencia, así como, definir los casos y los términos en los que los gobernadores, los presidentes municipales y cualquier otra autoridad estatal o municipal puedan realizar publicidad.

La intención de quienes promovieron la reforma en el Senado de la República no fue la equidad, tampoco cuidar los recursos públicos. La motivación fue, a partir de aspiraciones personales o de grupo, evitar que los gobernadores o el Jefe de Gobierno del DF pudieran ganar relieve a través de prácticas publicitarias comunes desde hacía tiempo. Vicente Fox, Roberto Madrazo y Cuauhtémoc Cárdenas habían utilizado ampliamente estos expedientes en su condición de mandatarios locales. Es explicable la facilidad con la que los tres coordinadores del Senado, Manlio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete apoyaran la disposición, a manera de competencia anticipada por la candidatura presidencial.

El Congreso reglamentó mal la disposición; primero, porque la prohibición de la promoción personalizada, en los términos que está en la Constitución, no admite excepción; segundo, porque el bien tutelado es el buen uso de los recursos públicos, no un aspecto electoral y, tercero, porque en la Constitución no existe atribución para que el Congreso conceda facultades al IFE en materia de promoción personalizada, especialmente respecto a funcionarios estatales y en procesos locales. Esto sólo lo podría hacer la Constitución y de manera explícita, en términos del artículo 124 que establece que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.

El Cofipe en el artículo 228, numeral 5, inventó excepciones al declarar que la publicidad que se realice siete días anteriores a los informes de labores y cinco con posterioridad no constituyen propaganda personalizada, asimismo, que ésta debe realizarse en las demarcaciones territoriales del informante, como si los medios electrónicos tuvieran asignadas su señales por municipio o entidad.

Los efectos de la prohibición, como muchos otros contenidos en la reforma de 2007, son nefastos. Por una parte, la simulación se ha hecho sentir en detrimento de la transparencia y de la misma equidad. Por la otra, se ha vuelto práctica común que los informes, hasta de un diputado local o federal, se vuelvan desproporcionados y ofensivos eventos mediáticos de clarísima promoción personalizada. Si el propósito de los creadores de la norma era evitar la publicidad personalizada y, más que ello, inhibir el abuso de los recursos públicos, la norma ha sido un absoluto fracaso.

Quizás sea mucho pedir que en el seno del Consejo General del IFE impere un sentido de legalidad. Es evidente que la resolución que dice que el gobernador del Estado de México violó la Constitución, es una inequívoca violación a la Constitución y a la soberanía de los Estados. El IFE no tiene atribuciones para supervisar o vigilar la publicidad personalizada. Mucho menos, el Congreso puede dar al IFE tales funciones. Por ello las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial (SUP-RAP-5/2009, SUP-RAP-7/2009, SUP-RAP-8/2010, SUP-RAP-11/2009 y, SUP-RAP-23/2010), determinaron que la actuación del IFE sólo puede tener lugar con motivo de la elección federal.

La resolución del Consejo General del IFE, además de violatoria de la Constitución y de la soberanía de los Estados, representa un muy negativo precedente que afecta a las instituciones públicas federales y estatales. Se ha dicho que como no existe sanción, los efectos de la resolución es hacer del conocimiento a los órganos locales sobre las infracciones en la materia, cuando las leyes locales no han regulado dicha disposición constitucional. Desde una perspectiva quedará la impresión -falsa, por cierto- de que el gobernador del Estado de México violó la Constitución, y por otra parte, de que no hubo sanción al respecto.

La señal es ominosa. Por cierto, el escrito del PAN señala como responsables no sólo al gobierno estatal, sino a muchos de los concesionarios que reprodujeron la señal. ¿Cuál es el sentido de la exclusión que realiza el Consejo General del IFE? ¿por qué en las deliberaciones del Consejo este aspecto no fue presentado en ningún momento?

La parcialidad del IFE es tan peligrosa como la falta de rigor constitucional en su desempeño. Su condición de autoridad electoral la obliga a ser cuidadosa en extremo en la aplicación de la ley y en la imposición de sanciones. El Consejo General IFE requiere autoridad moral y ésta sólo se desprende del apego a la constitucionalidad en sus determinaciones.

Debe señalarse que la sanción a la promoción personalizada tiene su origen no en el IFE, sino en el uso faccioso de la potestad legislativa, como ocurrió con la reforma de 2007. En relación al artículo 134, en repetidas ocasiones hemos señalado sus implicaciones negativas. Por el momento, el mejor curso es que los Congresos locales procedan a la regulación en el ámbito de su competencia. Una vez más los Estados están llamados a demostrar que desde su ámbito… sí se puede.

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