Inseguridad en México, ¡Ay qué dolor, qué dolor, qué pena!


Liébano Sáenz

La dolorosa inseguridad que vive el país no admite ser motivo ni de polémicas ni de regateos. La impunidad existente es inaceptable por su propia esencia y por ser la causa principal del grave problema delictivo; y en este desafío, el voluntarismo no es suficiente. En su mayoría, los gobiernos acreditan determinación y afanes; pero ello no ha impedido que el problema haya alcanzado niveles reprobables. Por ello, no debería ser discutible la decisión del presidente Calderón, anunciada desde los inicios de su gobierno, de enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado.

La realidad trasciende la percepción de la inseguridad. La afectación es directa para muchos e indirecta para casi todos. En vastas regiones del país, el temor ha orillado a las personas a modificar sus hábitos de vida mientras la delincuencia se agiganta como una amenaza con expresiones territoriales desiguales. Aunque los severos golpes del crimen suelen ser más evidentes en los estados fronterizos, no hay lugar en el que no se perciba un adverso antes y después. Hacen bien las autoridades del Estado de México y del Distrito Federal en advertir la amenaza que se cierne ya sobre el centro del país y, principalmente, en prepararse para inhibir las acciones delictivas.

Toda muerte es lamentable, máxime si se trata de inocentes o de miembros de las fuerzas del orden involucradas en el combate al crimen. El reciente ataque contra dos agentes norteamericanos en una carretera mexicana, con la muerte de uno de ellos como saldo más grave, mereció, por parte de las autoridades norteamericanas, una reacción justificadamente severa aunque para algunos que lo examinaron a la luz de la sucesión de muertes que día a día ocurren en el país, pareció desproporcionada. El hecho fue precedido por declaraciones preocupantes emitidas por funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, entre ellas aquella que puso sobre la mesa la tesis que vincula al crimen organizado con el terrorismo islámico o la que anticipó que la violencia está por llegar a la Unión Americana. El sentimiento de amenaza del pueblo y de las autoridades del vecino país debe ser motivo de alerta para México.

Aunque siempre he estado de acuerdo con la decisión del gobierno federal de hacer frente, con todos los recursos disponibles, al crimen organizado, no comparto el empeño de atenuar la gravedad del problema, bien sea aludiendo a referencias estadísticas sobre lo que sucede en otros países, o mediante expresiones que enfatizan que la mayoría de las muertes corresponden a presuntos criminales o que son resultado de la lucha entre grupos delictivos. Los hechos y los datos que sustentan la argumentación son veraces pero no suficientes para evitar que entre los mexicanos crezca el sentimiento paulatino de derrota en lo que respecta a la batalla contra la delincuencia. Lo que ellos ven, lo que padecen y lo que experimentan produce juicios irrebatibles. Los datos duros sobre adicciones, crecimiento y diversificación de grupos criminales, delitos de alto impacto y hechos que alteran la vida cotidiana de gran parte de la población representan una dolorosa realidad y están lejos de ser una invención o una exageración mediática.

Es comprensible el deseo de las autoridades de evitar que las noticias sobre la inseguridad afecten la economía, la política o la convivencia de los mexicanos, como también resulta lógico que los gobiernos busquen que la sociedad se advierta en ventaja sobre los criminales y que procuren mantener el espíritu de lucha en quienes se juegan la vida combatiendo la delincuencia. En este sentido, fue un acierto que la Procuraduría del Estado de México haya logrado aprehender a los responsables de los hechos ocurridos en Netzahualcóyotl en fechas recientes pues la mejor manera de inhibir el delito es siguiendo la premisa de que el que la hace, la paga.

La lucha contra el crimen es de todos: autoridades, representantes legislativos, jueces y sociedad en conjunto. Los medios de comunicación tienen una labor importante y es preciso, sin detrimento de la libertad de expresión y del derecho a la información, ampliar el consenso que propicie este sentimiento de objetivo compartido o causa común. No es fácil; los medios, particularmente los locales, han sido objeto de hostigamiento, intimidación y, en ocasiones, de agresión. Reportear estos temas se ha vuelto una de las tareas más riesgosas y peligrosas. Siempre lo ha sido, pero ahora se ha generalizado y las agresiones se han vuelto más recurrentes.

Una de las afrentas para la lucha contra el delito ha sido la desidia del Senado de la República frente a capítulos importantes del nuevo modelo policial. Resulta inaceptable que quienes ahora promueven una reforma fiscal con excesivo protagonismo y escasa precisión, sean las mismas voces que desacreditaron la iniciativa, presentada por el Presidente de la República y avalada por los gobernadores de todo el país, para crear un mando policial único por entidad. En ninguna materia, mucho menos en la de seguridad, es aceptable la manipulación de la opinión pública con evidentes propósitos de grupo o de futurismo electoral.

Desde luego que hay que promover, debatir, analizar y concretar una reforma hacendaria profunda pero es indeseable que este asunto sea utilizado como recurso demagógico de posicionamiento y, sobre todo, es repudiable que se utilice para desviar la atención sobre temas tan trascendentes como el de establecer las bases constitucionales para un nuevo modelo policial que permita a las instituciones del Estado mexicano cumplir con eficacia su responsabilidad de brindar seguridad, tranquilidad y certeza de derechos para todos.

Las diferencias con los gobiernos de EU y de Francia refuerzan la evidencia de que los temas de inseguridad y de calidad de la justicia son fundamentales para la soberanía nacional. Su acreditación requiere mucho más que respuestas diplomáticas, desplantes retóricos o encuentros protocolarios entre autoridades. La defensa de la soberanía es una misión que implica dotar al Estado mexicano de eficacia para combatir al crimen en todas sus expresiones; que las policías, fiscales y jueces puedan cumplir su encomienda de abatir la impunidad, y que la justicia sea una realidad cotidiana para todos, en todo lugar. La voluntad general para abrirle camino a la eficiencia del Estado y de sus instituciones constituye la columna vertebral de la soberanía nacional.

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