Espotismo, el nefasto estigma de la contrarreforma de 2007


Liébano Sáenz

Un grupo de destacados y muy respetables mexicanos propuso la revisión de la reforma electoral en el Senado. Particularmente, plantea eliminar el abuso en los promocionales en radio y Tv, y abrir paso a un auténtico debate entre las opciones políticas a manera de propiciar un voto razonado. Lo propuesto coincide con lo señalado en este espacio de manera recurrente y abona al argumento de que el cambio constitucional de 2007, en importantes aspectos, fue una contrarreforma electoral, la primera en la historia política del país. Fue un cambio que contó con el voto de los senadores y diputados de los tres grandes partidos.

La genealogía de la reforma tiene que ver con tres grandes motivaciones: 1) los sentimientos de agravio y despojo en las fuerzas de izquierda motivados por el complicado desenlace en una elección con resultados cerrados; 2) la necesidad en el grupo ganador de construir un espacio de legitimidad ante los cuestionamientos dentro y fuera del sector político; y 3) la mediación de los coordinadores del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, quienes jugaron un papel fundamental en el contenido de los acuerdos al inicio del gobierno, incluyendo la toma de protesta del Presidente, no obstante su condición de tercera y segunda fuerza parlamentaria. Quid pro quo, doy para que me des, fue la premisa.

La reforma aludida dio también cabida a un consenso ya existente, como fue disminuir los tiempos de campaña, regular precampañas, revisar los supuestos de nulidad de elecciones, la renovación escalonada del IFE y del Tribunal, fortalecer la fiscalización del gasto electoral, remitir al voto ciudadano la fuerza parlamentaria de los partidos, etcétera. El hecho es que dicho acuerdo hizo al IFE y a los medios de comunicación, especialmente, a la radio y la Tv, los responsables de lo indeseable de la elección de 2006.

La reforma aniquiló la independencia del IFE, se cambió la Constitución para remover a los integrantes del Consejo y se acentuó la dependencia de éstos a las fuerzas que dominan al Congreso, lo que explica que a la fecha, contrario a lo que establece la Constitución, no se haya podido integrar en su totalidad dicho Consejo General. El hecho, por sí mismo es sumamente grave, pero lo más perniciosamente trascendente fue desvirtuar la función del IFE, autoridad creada expresamente para organizar las elecciones. La reforma de 2007, le concedió el carácter de policía nacional en lo que toca al acceso a la radio y Tv en ejercicio de las libertades políticas, lo mismo para partidos que para candidatos y ciudadanos.

La factura le fue cobrada a los medios pero lo hicieron mal y la simulación ha sido la gran consecuencia. Un problema real y solucionable con una cirugía menor, fue resuelto con lógica de carnicero. Se dispuso que nadie puede acceder a la radio y Tv para ejercer sus libertades políticas y que sólo a través del IFE, mediante un procedimiento lento y burocrático, se puede alcanzar dicho acceso, el que se restringe en el tiempo, que es exclusivo para partidos y candidatos, y cuya expresión es el nefasto espotismo que desde ese entonces domina a las campañas.

Hasta ahora, nadie se ha hecho responsable del entuerto. Los redactores del proyecto de reforma han inculpado al Senador Santiago Creel como el autor. Es difícil creerlo, sobre todo, si se considera la reforma del artículo 134 constitucional que impide el uso de nombre e imágenes de autoridades en la comunicación institucional para lo local, es decir, una reforma con dedicatoria: el gobernador Peña Nieto y el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Las razones de dicho cambio deben rastrearse a la competencia interna en los partidos por la candidatura presidencial. Se cambió la Constitución y se restringieron las libertades políticas para beneficiar a quienes no tenían una forma natural de financiar las campañas publicitarias institucionales.

A la contrarreforma electoral se le pueden sumar otros daños colaterales igualmente graves, como anular a los órganos electorales locales en las tareas exclusivas, como el tema de las campañas locales y el acceso a la publicidad en radio y Tv; otro aspecto no menor es la rigidez que ahora padecen los candidatos para hacer un uso eficaz de la publicidad; las campañas se han reducido pero el tiempo para difundir un mensaje se lleva más de 14 días entre la solicitud ante el IFE y su difusión, todo mediado por las dirigencias nacionales de los partidos y un poderoso comité que decide reglamento en mano, cómo dar curso a los requerimientos presentados por los partidos.

La equidad en la contienda es el argumento para justificar el espotismo y la afectación de las libertades políticas. Sin duda, se trata de un principio válido pero la realidad es que la equidad es una aspiración, un objetivo deseable considerando que partidos y candidatos tienen posiciones diversas que es producto de la realidad y donde la ley muy poco tiene que hacer.

La reforma de 2007 dio rango de garantía constitucional a la inequidad, pues establece que el acceso a la radio y Tv será proporcional al resultado de la elección de diputados que le preceda. Es decir, un partido con una circunstancial baja votación quedará condenado a un limitado acceso a los instrumentos más poderosos para hacer su siguiente campaña: los recursos financieros, y la radio y Tv.

Hoy, frente a las pretensiones de senadores de una reforma fiscal, motivadas por un evidente oportunismo electoral de carácter personal (nadie espera cuatro años y medio para proponer una reforma estructural a meses de la selección de candidatos), es muy importante dar curso al debate sobre la reforma electoral. No hay tiempo, sobre todo, si se pretende tener mejores normas e instituciones para los comicios presidenciales de 2012. Es urgente que el Senado resuelva los aspectos más negativos del engendro que aprobó en 2007. La experiencia de los comicios de 2009 y lo que ha acontecido en las elecciones locales en todas las entidades, dan suficiente material para evaluar e identificar con claridad los errores que se cometieron en nombre de la equidad y que se fundaron en la ambición personal por una sucesión presidencial anticipada. No hay tiempo qué perder.

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