Última llamada frente a la elección presidencial


Liébano Sáenz

El eco se escucha en diversos frentes: es urgente una reforma electoral capaz de reparar los errores, omisiones y excesos provocados por el cambio de 2007. Sin embargo, llama la atención que frente a esta exigencia pública, desde el Senado se diga que es posible, siempre y cuando no se hagan cambios en la Constitución, una forma oblicua de oponerse a la reforma. Lo cierto es que el proceso electoral de 2012 es inminente y que, en beneficio de los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas, deberían iniciarse las deliberaciones hacia una reforma correctiva y, de ser posible, hacia la introducción de cambios de mayor calado.

El destacado jurista Lorenzo Córdova, en su colaboración en El Universal, se suma a la postura de abatir el espotismo y, con acierto, plantea varios temas adicionales sobre los que habría de legislarse: la garantía de que el cómputo distrital no impida el desahogo oportuno de resultados; mayor precisión en las causas de nulidad de una elección para evitar la discrecionalidad del juzgador; la reglamentación del 134 constitucional y la homologación de la ley de radio y televisión con el Cofipe, así como una revisión de los delitos electorales.

La reforma a las normas electorales debe tener claridad en el objetivo que se pretende. En realidad convergen dos planos, primero: la reforma política que busca mejorar el sistema de representación política, ejemplo, la normatividad referente a la integración de las Cámaras o reglas aplicables a los partidos, las modalidades de democracia directa y, segundo, la reforma electoral: atribuciones al IFE y Tribunal Electoral, la organización de la elección, las prerrogativas y el financiamiento de los partidos, el cómputo de votos, la publicidad electoral, entre otros temas.

Estimo que la reforma política es fundamental, pero las condiciones para su desahogo requieren de un plano mayor a lo que puede conceder esta legislatura. La reforma política es próxima a lo que se ha llamado la reforma de Estado. Lamentablemente, este tema, siendo el más trascendente, ha sido planteado en términos de interés de grupo y no en función del interés general. Ejemplo, la pretensión de modificar al régimen presidencial, con la introducción de un jefe de gabinete designado por el Congreso o alguna de sus Cámaras, o la ratificación/designación parlamentaria de los colaboradores del Ejecutivo, atiende al cálculo no de mejorar la calidad y eficacia de los gobiernos, sino de beneficiar al grupo que ha dominado al Congreso desde que se dio la alternancia y que ha sido responsable del freno de las reformas que caracterizaron al periodo 1988-1997, mismas que dieron impulso a la modernización política y económica del país.

Desde esta perspectiva de interés de grupo resulta explicable la intención de trasladar, a través de la reforma del Estado, el poder del gobierno hacia el Congreso y las cúpulas de los partidos políticos que son la cuna de sus dominios. Tres temas fundamentales constantemente eludidos prueban la mezquindad de esta perversa reforma de Estado: la desconcentración del poder gubernamental ante una perspectiva federalista; la propuesta de democratizar el sistema de partidos y la adecuación del Congreso mexicano a los estándares democráticos y de transparencia que caracterizan al parlamento moderno. Quienes ejercen la potestad en el Congreso exigen participar en la designación de altos funcionarios de la federación pero no aceptan fortalecer las entidades ni quieren cambiar la partidocracia o, lo que sería más fácil y lógico, adaptar el desempeño del Congreso a las normas de rendición de cuentas que predican, lo que en realidad buscan es continuar con su gatopardismo: que todo cambie para seguir igual.

La reforma que el país requiere consiste en otorgar eficacia al gobierno y a los poderes públicos. Durante los últimos catorce años, a partir del surgimiento del gobierno dividido, el Congreso ha demostrado su incapacidad para llevar a cabo cambios estructurales y ello explica, en parte, el deterioro institucional y económico del país. En los momentos de mayor renovación y crecimiento de México, la oposición legislativa frenó los cambios fundamentales y lo ha seguido haciendo hasta el presente día. La reformas recientes son mediocres, las propuestas se desvirtúan en el curso del proceso legislativo (como ocurrió con la energética) e, incluso, iniciativas actuales como la fiscal (promovida por senadores priístas) omiten aspectos fundamentales planteados por la Convención Nacional Hacendaria de hace seis años, que representan una expresión federalista del nuevo régimen fiscal y del ejercicio del gasto nacional.

Lo más urgente es atender a la reforma electoral, como lo han destacado los promotores del cambio en materia de comunicación de campañas a través de la radio y Tv, y otros destacados analistas. Así ocurre por la proximidad del proceso electoral. Será muy difícil revertir el daño ocasionado al IFE por la reforma de 2007. Revisar la inequidad en la asignación de recursos y en el acceso de radio y Tv, también reviste una enorme dificultad porque el régimen existente favorece a quien tiene mayor presencia en el Congreso. Restituir la libertad de expresión en radio y Tv es igualmente complicado por el sentimiento generalizado de los partidos y de los políticos de ver en los ciudadanos y en los medios de comunicación, una forma de intrusos en el proceso comicial, aunque un fallo de la Corte a favor de los promotores de la acción judicial contra este aspecto de la reforma de 2007, sería un extraordinario precedente.

Existen dudas fundadas sobre las reformas que pueden darse antes de la integración de una nueva legislatura porque, hoy, la política conspira contra el cambio. El hecho de que el partido gobernante tenga como propósito derrotar a toda costa al PRI, que es la fuerza con mayor presencia parlamentaria en la Cámara de Diputados, significa que, desde el mismo gobierno nacional, se privilegian los objetivos electorales sobre las responsabilidades de gobierno y de Estado. Los comicios del Estado de México revelan las prioridades del Ejecutivo Federal y de las dirigencias del PAN y del PRD. En política no hay espacio para la ingenuidad y menos para el engaño sistemático. Las reformas son tan necesarias como urgentes; por ello, utilizarlas como recurso de posicionamiento personal o, aún peor, proceder en contra de las condiciones que propician su aprobación, constituyen actos funestos y profundamente deplorables.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s