¿Jefe de Estado o jefe de partido?


Liébano Sáenz

Durante mucho tiempo se ha creído que la fortaleza de la democracia depende de la vigencia de la ley. Esta tesis, válida sin duda, ha dado lugar a un equívoco: el de circunscribir la conducta de los altos servidores públicos a la norma escrita exclusivamente; dejando de lado cualquier regla que tenga un origen diferente al acto formal legislativo. La realidad es más compleja; estoy convencido de que existen innumerables aspectos relativos a la actuación del servidor público que deben estar regidos por un sentido de ética; creo que no basta con las previsiones de la ley y que las circunstancias exigen un marco más amplio de responsabilidad.

Este tema ha sido uno de los más polémicos tanto en el régimen anterior como en el actual, sobre todo en lo concerniente a los límites y alcances de los derechos políticos que tienen, especialmente, el Presidente de la República y los mandatarios locales. Claros ejemplos son: la discusión generada por el encuentro del Presidente Calderón con la dirigencia de su partido en la residencia oficial el pasado miércoles 30 de marzo y la intención del PAN de demandar judicialmente a los gobernadores del PRI que el lunes pasado tuvieron una reunión con el dirigente nacional en la sede de su partido para conocer el programa electoral para la elección de 2012.

En mi opinión, ninguno de los casos supone infracción. Ha sido la decisión panista de cuestionar la legalidad del encuentro de los gobernadores tricolores la que causó un movimiento análogo por parte del PRI ante un encuentro que ofreció  argumentos adicionales con las declaraciones de la secretaria general Cecilia Romero sobre una supuesta simpatía del Presidente para suscribir una alianza con el PRD. Debo decir que no hay conducta impropia ni de los gobernadores ni del Presidente. Discutir la legalidad de este tipo de encuentros confunde, distrae y levanta una cortina de humo sobre temas más serios que sí deben ser objeto de cuestionamiento y de deslinde entre lo políticamente discutible y lo puramente ilegal.

El Presidente tiene derecho de reunirse con los dirigentes de su partido y a opinar con libertad sobre sus asuntos internos, y hasta de los pactos con otras fuerzas políticas, al igual que los gobernadores pueden encontrarse con la dirigencia de su partido para conocer las acciones y estrategias de carácter electoral. Sin embargo, en repetidas ocasiones, en este espacio me he referido a la responsabilidad del Presidente de la República en lo que toca a la elección de su relevo. Considero que es fundamental que en dicho proceso, el mandatario no solamente muestre una postura de mesura y de prudencia, sino que acredite su condición de Jefe de Estado y, en consecuencia, asuma la representación de la totalidad del país. El Presidente no debe ser parte de la contienda; por todo lo que representa su investidura, su tarea consiste en contribuir a la unidad de todos los mexicanos frente a la disputa política por el poder.

La intervención del presidente Fox en la sucesión de 2006 fue muy lamentable para el país y particularmente para el proceso democrático, mucho de lo que hoy sucede en el ambiente político, deriva de la impertinencia de aquella confesa intromisión, ahora ya dictaminada por el Tribunal Electoral. El Presidente tiene derecho a definir una posición frente a los contendientes; lo que no resulta, jurídica ni éticamente aceptable es cargar los dados o utilizar su investidura para favorecer o afectar a alguno de los contendientes. El argumento de que, en las nuevas condiciones, el Presidente sí puede actuar abierta y públicamente, sin simulación, a favor del candidato del partido al que pertenece o en contra de los candidatos de los partidos de oposición, es inaceptable. Tampoco es válida la tesis de que el IFE es la autoridad y el árbitro supremo de la contienda, porque ello sugeriría que el Jefe de Estado renuncia a cumplir esa responsabilidad para convertirse en una instancia más y, por lo mismo, poder actuar partidariamente.

En el PAN existe la idea de equiparar a los gobernadores con el Presidente en lo que concierne a sus responsabilidades y derechos políticos. Aunque  concedo que los mandatarios estatales, por el bien de sus comunidades, también deben asumir una conducta de prudencia; acepto que este objetivo de moderación se torna difícil por la costumbre que tiene la oposición, de cualquier color, de criticar y confrontar personalmente al gobernante como un argumento elemental para abrir espacio a la alternancia. No está por demás destacar que en comicios de gobernador, el activismo desde las estructuras de gobierno ha probado ser ineficaz frente a una voluntad mayoritaria por la alternancia. Y de la misma manera, hay que subrayar que el único caso de alternancia en el poder nacional ha tenido lugar con un presidente que cumplió cabalmente con sus responsabilidades como jefe de Estado.

Es necesario debatir sobre las responsabilidades del Presidente de la República frente a los comicios de 2012. Desde luego que el presidente Calderón tiene derechos políticos, incluidos los de asociación y libertad de expresión; sin embargo, es fundamental para el desarrollo democrático del país que su partido resuelva, sin su intervención, la candidatura presidencial y que, una vez definida, el mandatario se dedique a contribuir a que la contienda entre los partidos y candidatos se lleve a cabo con normalidad. El Presidente y sus colaboradores están llamados a acreditar imparcialidad y sobre todo prudencia. La contienda es de candidatos y de partidos;  a los funcionarios (federales o locales)  lo que les corresponde es gobernar para todos.

El país ha recibido dos lecciones: una positiva en la elección del 2000 y otra muy desfavorable en el 2006. El debate, la disputa política y la alternancia son condiciones propias de la democracia. Cabe destacar que en las elecciones de gobernador de los últimos años, la mitad de los estados ha vivido el relevo del partido gobernante. Es preciso asimilar la normalidad democrática no sólo durante la contienda sino en su desenlace. No hay derrotas ni triunfos fatales. Es necesario, desde ahora, sentar las bases  para que, una vez consumados los comicios de julio del 2012, el país cuente con autoridades legítimas y con un entorno de unidad y concordia que acredite a la política y constituya gobiernos eficaces. El cuidadoso ejercicio de los derechos políticos de los gobernadores y del Presidente es la senda más confiable para un mejor porvenir.

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