Presidente, jefe de Estado


Liébano Sáenz

Una de las limitaciones de la política de hoy día es el déficit en el sentido de Estado. El debate sobre este tema es pertinente y es fundamental, por ello es útil la réplica de Juan Ignacio Zavala, aspecto que de alguna forma también ha abordado Héctor Aguilar Camín en colaboraciones recientes en Milenio. ¿Se requiere y es conveniente para el país que el Presidente se involucre en la elección interna de su partido y en la contienda constitucional? No y desde luego que tampoco es licencia para la simulación. El Presidente no debe intervenir.

La larga historia del relevo de gobiernos nacionales registra un solo caso bajo condiciones de normalidad institucional: el 2000. Ocurrió, no porque el Presidente en turno simulara o se desentendiera del proceso, sino porque hubo prudencia y, sobre todo, claridad en las responsabilidades del Presidente frente a su partido, así como un compromiso con la investidura que ostentaba.

Su determinación de no definir al candidato presidencial y trasladar la decisión a una elección primaria, dio lugar a que el PRI abriera su proceso de selección, lo que permitió que cuatro militantes del PRI disputaran la candidatura en condiciones inéditas de apertura, participación y deliberación. El proceso no fue perfecto, pero el PRI repuntó en las preferencias en 20 puntos respecto a los cuatro años anteriores y participaron diez millones de ciudadanos. El Presidente también fue explícito en su apoyo personal, como ciudadano, al candidato de su partido pero hasta ahí circunscribió su participación. La excepción única fue la recomendación como candidato a diputado de Fernando Ortiz Arana, quien había sido presidente del PRI en el peor y más triste momento de la organización. Su lealtad al partido obligaba a la intercesión. Ni vetos ni votos hubo del Presidente; el poder de decisión recayó en la dirigente nacional y en el candidato a la presidencia.

En el sistema presidencial mexicano existen tres funciones del mandatario que, yuxtapuestas en una elección, generan tensión: jefe de Estado, jefe de gobierno y líder de la coalición o partido que lo llevó al poder. La tarea regular es la de jefe de gobierno, mandato que obtuvo de los ciudadanos a través del programa que el partido presentó al momento de la elección. Sin embargo, hay temas como la representación del país ante el extranjero o situaciones de gravedad mayor, en las que el Presidente debe asumir su condición de Jefe de Estado. No es válido invocar los casos de Francia, Alemania o España –como lo hace Juan Ignacio- porque allí existe una figura independiente de la del jefe de gobierno. Hay que entender al régimen presidencial en sus virtudes, sus tensiones y sus defectos.

El caso norteamericano, ejemplo también invocado, es distinto en al menos dos aspectos: primero, allá existe la reelección presidencial y eso conlleva la posibilidad de una actuación electoral en paralelo a la investidura; y, segundo, el sistema de pesos y contrapesos del Congreso y de las entidades de la federación, así como la opinión pública, las regiones, los grupos y asociaciones acotan de manera importante el poder del presidente. No es el caso mexicano, donde históricamente el presidente es el eje de las instituciones y su elección a través del voto popular y directo lo vincula a la soberanía popular. Es muy ilustrativo entender por qué en EU los fundadores del sistema político decidieron que sólo la Cámara de Representantes fuera electa por voto directo.

Las instituciones son entendidas bajo la perspectiva de su historia. Ha sido parte de mis inquietudes comprender mejor a la institución presidencial y proceder a su transformación para la gobernabilidad democrática. No hay espacio para la simulación pero tampoco para el cinismo. Lo urgente es mejorar la eficacia del régimen institucional. Los partidos, el Congreso y la Presidencia deben ser revisados a la luz de las exigencias actuales y futuras. Es fundamental que el Presidente pueda ejercer plenamente sus responsabilidades como jefe de gobierno, que cuente con los instrumentos para actuar y para cumplir. Mi propuesta no plantea el modelo de la parlamentarización sino el de la presidencia moderna inspirado en el cambio que introdujo el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, cuando buena parte del mundo occidental se acogía a los totalitarismos para elevar la eficacia de los gobiernos. Este modelo concilió libertades y promovió poder desconcentrado, eficiencia y consenso, atributos torales para el triunfo de las democracias liberales.

Las elecciones de 2006 dejan una lección que merece ser considerada; una lección que es el punto central de la tesis de la ejemplar lucha cívica y democrática del PAN; al menos lo era antes de alcanzar el poder nacional: una elección injusta es el origen de muchas de las debilidades y dificultades para el buen gobierno. La imparcialidad de las autoridades y, particularmente, la de los representantes de las instituciones nacionales constituye un aspecto central para una elección legítima. Una presidencia militante y partidista se opone a una contienda justa y atenta contra el principio de relativa igualdad para quienes compiten. Además, la presidencia imparcial es imprescindible  para apuntalar un encuentro sin rupturas ni divisiones en el país, para hacer que el reconocimiento del resultado por los no favorecidos se convierta en un curso normal, para promover el respeto del derrotado hacia el ganador y para impulsar la concordia, capítulo esencial de la reconciliación entre gobierno y oposición.

La política no debe perpetuarse en la confrontación ni en la explicable pretensión de los jugadores de maximizar su poder. La ética es un referente indispensable. La Presidencia debe ser fuente y ejemplo de moderación y de prudencia, precisamente por lo que representa para todos los mexicanos. Hemos dejado de valorar muchos capítulos fundamentales para el país en lo que concierne al ejercicio del poder presidencial y es hora de recuperar ese sentido de la institucionalidad del Estado. Necesitamos reconocer la casi permanente dificultad para procesar con inteligencia la sucesión presidencial.

Evitar la simulación o acreditar al cinismo no son argumentos válidos para que el Presidente se desentienda de su condición de Jefe de Estado. No hay argumento que valga ni pretexto que lo avale: el Presidente no debe intervenir en la elección.

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